La Comisión de Economía da su visto bueno al presupuesto municipal, que va a Pleno este viernes

El Ayuntamiento de Granada ha celebrado este martes una reunión extraordinaria de la comisión de Economía en la que se ha aprobado inicialmente el proyecto del presupuesto municipal para 2024, que, con casi 330 millones de euros, será sometido a aprobación inicial en el Pleno ordinario de este mes, el próximo viernes, 23 de febrero.

Con su aprobación inicial en Pleno, en virtud de la mayoría absoluta del PP en el Pleno, se abrirá después el plazo de exposición pública ciudadana y un nuevo período de alegaciones, previo a la aprobación definitiva en el mes de marzo, si fuera necesario incluir alguna alegación, todo ello "después de dos años consecutivos en las que las cuentas municipales han estado prorrogadas".

El documento presentado, según ha agregado el Ayuntamiento de Granada en una nota de prensa, incorpora las recomendaciones técnicas realizadas en el informe preceptivo, favorable y vinculante del Ministerio de Hacienda y tres alegaciones presentadas por el Grupo Municipal Vox referidas a la ampliación de la dotación económica dirigida a la conservación de los parques infantiles, la mejora de la accesibilidad y las becas al estudio de las madres jóvenes.

Asimismo se han desestimado las propuestas realizadas por el PSOE "en tanto que el propio interventor municipal ha considerado que no cumplen con el equilibrio presupuestario", lo que en opinión de la concejal de Economía y Hacienda de Granada, Rosario Pallarés, "denota un escaso rigor por parte del trabajo realizado por el Grupo Socialista".

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La teniente de alcalde ha incidido en que "aceptar las alegaciones del PSOE supondría además provocar un déficit de 14 millones de euros", ha concluido la edil, quien ha puesto el acento en el "enorme avance" que supone la aprobación de las cuentas en tanto son el instrumento que "permitirá desarrollar" al equipo de gobierno sus "políticas económicas en Granada", donde, tal y como ha recordado, "el presupuesto vigente estaba prorrogado desde hace dos años".

Tras poner de relieve "la celeridad y prioridad en la tramitación del presupuesto por parte del gobierno municipal, pese a las dificultades derivadas de la situación de intervención económica por parte del Ministerio de Hacienda, por la pésima gestión económica heredada del PSOE", Pallarés ha subrayado que "estamos ante unas cuentas de transición condicionadas por la precaria situación económica de la ciudad", ha dicho, para a continuación añadir que "ya estamos trabajando en el presupuesto de 2025, que sí va a tener el sello del Partido Popular y de la alcaldesa Marifrán Carazo".

El Ayuntamiento de Granada presentó el pasado 21 de diciembre el proyecto de Presupuesto para 2024, con casi 330 millones, un documento "realista que, sin subir impuestos, cumple los objetivos del Plan de Ajuste y garantiza la mejora en la prestación de servicios a la ciudad", según afirmó entonces la alcaldesa, Marifrán Carazo, durante la presentación del documento.

En concreto, el presupuesto consolidado de ingresos para 2024, que incluye al Ayuntamiento y las entidades públicas Gegsa, Agencia Municipal Tributaria y Agencia Albaicín, se ha establecido en 328.604.843 euros, mientras que el de gastos se ha previsto en 320.980.889 euros.

De este modo, se cumplía el plan de ajuste al que está sometido el Ayuntamiento de Granada, que obliga al consistorio a aprobar las cuentas para el próximo año con un superávit de 7,48 millones, después de cumplir las últimas indicaciones ordenadas por el Ministerio, "lo que ha tenido que ser consignado por primera vez en la historia de este Ayuntamiento suponiendo esta condición una dificultad más añadida para la elaboración del presupuesto, como también ha habido que añadir el gasto de 2,5 millones del nuevo impuesto de vertedero".

El PSOE critica que el primer presupuesto de Carazo "se haya saltado los tramites para garantizar su transparencia"

El Grupo Municipal Socialista ha exigido hoy en la Comisión Extraordinaria de Economía la convocatoria de comisiones por áreas para conocer el presupuesto de Carazo para 2024 como establece el Reglamento Orgánico Municipal. La concejal del PSOE, Raquel Ruz, ha lamentado que el PP se niegue a celebrar estas comisiones en las que “cada edil explica su presupuesto por áreas arrojando luz sobre unas cuentas que están resultando oscuras y sin transparencia”. La edil ha recordado que “ese ha sido el procedimiento en todos los presupuestos anteriores”, por lo que no entiende “la negativa de Carazo a cumplir un procedimiento que esta regulado por el Ayuntamiento”.

En este sentido, la edil ha mostrado su preocupación porque detrás de la negativa del Carazo “se esconda una incapacidad de los responsables de las concejalías a detallar y explicar los presupuestos de sus áreas, para lo que la socialista ha propuesto que, sino conocen los detalles de sus propios presupuestos, por lo menos que sean los máximos técnicos de las áreas quienes nos den una información que arroje luz a las cuentas más oscuras de los últimos años”.

Ruz ha apuntado que “no entiende el porqué de ese oscurantismo y falta de transparencia en un tema tan serio como son las cuentas municipales, la cuales no han querido tampoco compartir con los vecinos en un ejemplo del uso que Carazo está dando a la mayoría absoluta”. Para la socialista, es incomprensible que el PP no quiera convocar el concejo vecinal “ni avanzar los detalles de las cuentas municipales más allá de los grandes números que aparecen en el expediente que el PP aprobará con carácter inicial este viernes”.

La socialista ha trasladado en la comisión su preocupación máxima porque se trata de un presupuesto que no garantiza los servicios municipales básicos como también advierte el Interventor asunto “al que el PP ha dado una patada que puede traer consecuencias desastrosas para nuestras cuentas”. Aunque el equipo de gobierno ha rechazado las 16 alegaciones presentadas por su grupo, desde el PSOE insisten en que todavía quedan 48 horas para contener una decisión que “nos puede poner de nuevo en la senda de la bancarrota al no estar garantizado el pago del coste de los servicios públicos como el transporte público o la seguridad ciudadana”.