El Comité de Expertos publica un manuscrito sobre cómo evaluar y mejorar la respuesta a la pandemia

El Comité de Expertos, en el que participa el profesor en Escuela Andaluza de Salud Pública (EASP) Joan Carles March, ha realizado un manuscrito con reflexiones sobre cómo evaluar y mejorar la respuesta a la pandemia del Covid-19, publicado recientemente en la Gaceta Sanitaria.

La pandemia de Covid-19 ha afectado de manera particularmente intensa a España, pese a su nivel de desarrollo y la elogiada solidez de su sistema nacional de salud. Para comprender qué ha pasado e identificar cómo mejorar la respuesta es imprescindible, según los expertos, una evaluación independiente multidisciplinaria de la esfera sanitaria, política y socioeconómica.

Inspirados en los requerimientos formulados por el panel independiente de la Organización Mundial de la Salud (OMS), y en experiencias evaluativas en otros países, el Comité ha detallado de la propuesta de aspectos multidimensionales a valorar. La idea es comprender aspectos clave en los ámbitos estudiados y su margen de mejora en lo relativo a preparación, gobernanza, marco normativo, estructuras del sistema nacional de salud (atención primaria, hospitalaria, y de salud pública), sector de educación, esquemas de protección social, minimización del impacto económico, y marco y reformas en el ámbito laboral para una sociedad más resiliente.

En definitiva, se busca que este ejercicio sirva no sólo para el presente, sino también para que en el futuro la sociedad esté mejor preparada y con más ágil capacidad de recuperación ante las amenazas pandémicas que puedan surgir.

¿Cómo debería ser el panel evaluador?

El panel evaluador, se debe adaptar al contexto y circunstancias con un modelo de elección de 'Chairs' de reconocido prestigio, independientes y sin implicación en el proceso de decisión pandémico en España; de elección posterior de un grupo de expertos (paritario, interdisciplinario e intersectorial) por los 'Chairs', acreditando independencia para formar parte del panel; y de la constitución de un secretariado independiente (como mínimo, un responsable o gestor de proyecto; tres analistas, un líder de edición y otro de comunicación).

Una evaluación de estas características debe ser multidimensional por naturaleza. Las consideraciones relativas a la gobernanza, preparación y proceso de toma de decisiones abarcan la arquitectura institucional y coordinación entre administraciones, entre servicios asistenciales y de salud pública, y entre atención primaria y hospitales, además de con organizaciones sociales y comunitarias, públicas y privadas en el ámbito sanitario y social.

También hay que revisar la preparación previa (materiales y adiestramiento) para amenazas biológicas de diferente naturaleza, examinando la colaboración bidireccional con el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades (ECDC) y con la OMS, y comprobando el grado de cumplimiento del Reglamento Sanitario Internacional.

Adicionalmente, se debería evaluar la gobernanza respecto a las consecuencias económicas y sociales de la pandemia, así como frente al impacto en la desigualdad. Debe incluirse la valoración de los principios de buen gobierno en la gestión de la pandemia (transparencia, rendición de cuentas, integridad, participación, capacidad, y cumplimiento de la legislación vigente).

El apartado de fuentes y uso de información contempla la organización práctica de la vigilancia y metodología epidemiológica para el diagnóstico de situación. Conocer las definiciones de caso y la modelización explicativa y predictiva de morbilidad y mortalidad.

Debe incluir el uso actual y potencial de 'Big Data Science' y de aplicaciones basadas en 'Digital Health', e inteligencia artificial, además de otras aproximaciones científicas imprescindibles, como las ciencias sociales.

Paralelamente se han de monitorizar los determinantes sociales, comerciales y ecológicos de la salud y de variables conductuales a nivel de la población. Y complementariamente, es básico revisar conocer la metodología seguida para la fundamentación científica en la toma de decisiones (incluyendo la asesoría científica).

En relación con las acciones tomadas y razonamiento sobre alternativas disponibles, se debe examinar el impacto económico, social, y de desigualdades sociales en salud. También cabe cuantificar el impacto en condiciones de trabajo, teletrabajo, tele-formación y la posible brecha digital.

Asimismo, son cruciales las acciones relacionadas con los profesionales de la salud, incluyendo la formación en aspectos clínicos, epidemiológicos, de gestión de la pandemia, de rastreo y aislamiento y otros aspectos.

La organización y función de salud pública merece especial atención, así como la atención primaria, y atención hospitalaria, considerando las acciones en telemedicina y asistencia a distancia. Además es esencial focalizar en residencias de mayores y en centros educativos.

Procede también examinar la investigación en general y sobre el Covid-19 en particular. En cuanto a los aspectos sociales básicos, habría que examinar el nivel de equidad, dado que las desigualdades sociales han contribuido a la transmisión del virus y a su vez se han exacerbado con el Covid-1922. Merece consideración estudiar el grado de participación ciudadana.

Y, debe examinarse la intersectorialidad, teniendo en cuenta que esta crisis es también una sindemia con amplias repercusiones económicas y sociales. Pasando a la comunicación de riesgos, se ha de comprender la coherencia de la estrategia comunicativa tanto en prensa, radio y televisión como en redes sociales, incluyendo cómo se han afrontado las fakenews, y sin olvidar la comunicación mediada por los científicos.

Esta evaluación pretende obtener resultados que permitan comprender aspectos clave en los ámbitos estudiados de preparación, gobernanza, reformas legales y jurídicas para la toma de decisiones en contexto de pandemias, cambios para el fortalecimiento de las estructuras del sistema nacional de salud (atención primaria, hospitalaria, y de salud pública), esquemas de protección social, minimización de impacto económico, educación, reformas sector trabajo e industria, entre otros.

Se espera que la evaluación contribuya a diagnosticar e identificar mejoras de cara al futuro. Como consideración final, hay que mitigar el enorme impacto de la pandemia en términos de salud, disrupción social y sufrimiento en la población, mediante políticas públicas efectivas dirigidas a toda la población (universales) y a la población más desfavorecida (selectivas). Pero a su vez esto debe ser una herramienta para que en el futuro estemos mejor preparados y con más ágil capacidad de recuperación ante las amenazas pandémicas que puedan surgir.