La comunidad educativa de Granada se moviliza y secunda la huelga en defensa de la enseñanza pública

Este miércoles 4 de marzo, la comunidad educativa ha salido a la calle en defensa de la enseñanza pública, y lo ha hecho participando masivamente en la manifestación convocada este mediodía en el centro de Granada y secundando en un 50% la huelga en Secundaria, 70% en Primaria y en un 30% por parte del personal laboral, según ha informado CCOO.

El seguimiento de la jornada de huelga convocada por los sindicatos ANPE, CCOO, CSIF y UGT, junto con la Plataforma Andaluza por la Escuela Pública en la que están, además, Fampa Alhambra, Frente de Estudiantes y Estudiantes en Movimiento, ha resultado "todo un éxito" y ha contado con un seguimiento masivo entre alumnado y docentes.

Las organizaciones convocantes han anunciado su "más rotundo rechazo al nuevo Decreto aprobado por el Consejo de Gobierno de Andalucía, que regula la escolarización en nuestra comunidad, ya que se trata de un ataque a la línea de flotación de la escuela pública andaluza".

Para la intersindical de la enseñanza (ANPE, CCOO, CSIF y UGT) son "del todo inaceptables y de una gravedad extrema las medidas que pretenden implementar que, sin ninguna duda, ahondan en la línea política de liberalización y privatización de los servicios públicos que el Gobierno de Andalucía está llevando a cabo". La profundización en las políticas de libertad de elección de centro y la planificación educativa regida por criterios de “demanda social”, traerán como consecuencia "un incremento de la segregación escolar, como ya ha sucedido en la Comunidad de Madrid, tal como advierten numerosos estudios realizados al respecto". "Es tarea irrenunciable de los poderes públicos garantizar la realización efectiva del derecho a la educación en condiciones de igualdad, y estas políticas segregadoras y de ataque al sistema público no garantizan este derecho", añade CCOO.

Además, para las organizaciones integrantes de la plataforma, "la discriminación positiva que esta nueva norma extiende sobre los centros privados-concertados, al ampliarles sus zonas de escolarización que llegan en algunos casos a abarcar tres zonas de centros públicos, abrirá, más aún, la puerta para la supresión de unidades públicas". "En este sentido, es preciso recordar que la escuela pública lleva sufriendo la problemática del cierre de aulas de una manera especialmente grave en los últimos años", asegura CCOO.

Por otro lado, CCOO no puede compartir el hecho de que, en un contexto de descenso de la natalidad, en lugar de apostar por una bajada de la ratio y por mejorar la atención y los recursos de la escuela pública para mejorar su calidad, la Administración "priorice la aprobación de un decreto encaminado a desfavorecer la enseñanza pública".

La responsable de Enseñanza de CCOO Granada, Mercedes González, ha querido aclarar que la aprobación de este decreto no es fruto del consenso con la comunidad educativa, tal y como aseguró el Consejero de Educación, Javier Imbroda, ya que tanto en el Consejo Escolar de Andalucía como en los espacios de negociación con las organizaciones sindicales se ha mostrado el rechazo a las medidas más agresivas para la educación pública que introduce este decreto. Para González, “ahora la pelota está en el tejado de la Consejería de Educación y que si no se rectifica continuarán las movilizaciones pues el beneficio que esta nueva norma aporta a los centros privados-concertados, al establecer la máxima puntuación por proximidad de un centro de cada tipo en todas las zonas, abrirá aún más la puerta a la supresión de unidades públicas”.

El Consejo Escolar de Andalucía, órgano de participación en el que está representada toda la comunidad educativa, aprobó el 24 de octubre de 2019 y por mayoría, el dictamen al Proyecto de este Decreto en el que se incluía una enmienda de CCOO y de otras organizaciones, que plantea la supresión del artículo 9.4 del Decreto que establece que en todas las zonas educativas se incluya un centro concertado de otra zona del mismo municipio si no existe ningún centro de titularidad privada en esa zona. (Enmienda de CCOO número 12 y observación de dictamen número 24). Por su parte, la Consejería de Educación ha obviado este dictamen de la comunidad educativa.

Por todo ello, ANPE, CCOO, CSIF, UGT, Fampa Alhambra, Frente de Estudiantes y Estudiantes en Movimiento consideran que este Decreto "daña la escuela pública, rompe el equilibrio del sistema educativo andaluz y es el paso primero de este gobierno para su objetivo final, que no es otro que el de suprimir las zonas educativas, un modelo que viene a segregar al alumnado en aquellas comunidades autónomas en que ya se aplica, mercantilizando la educación".