Concluye la fase de declaraciones de los acusados en el juicio por el 'caso Alhambra'
El grupo de controladores que ha declarado este jueves ha vuelto a señalar a la existencia de un sistema de compensación para gestionar las entradas de grupo
La ronda de declaraciones de los acusados en el llamado 'caso Alhambra', que sienta en el banquillo a un total de 49 personas por un supuesto fraude en la venta de entradas y el control de accesos al monumento, ha concluido este jueves con la declaración de varios controladores de accesos y cuatro guías turísticos.
Una vez culminada esta fase, la vista oral se retomará el 10 de octubre para que vayan compareciendo ante el tribunal de la Sección Segunda de la Audiencia de Granada las varias decenas de testigos que han propuestos las partes, según han informado a Europa Press fuentes del caso.
Está previsto que la primera testigo sea la exdirectora del Patronato de la Alhambra y el Generalife, María del Mar Villafranca, a propuesta del Ministerio Fiscal y de la Junta de Andalucía, que ejerce la acusación particular.
El grupo de controladores que ha declarado este jueves ha vuelto a señalar a la existencia de un sistema de compensación para gestionar las entradas de grupo.
En virtud de este sistema, si en un grupo con entrada colectiva faltaban personas a última hora se compensaba con otros visitantes que entraban posteriormente, pero sin rebasar el cómputo total de turistas fijados en los tiques y sin incumplir el horario de entrada establecido para los palacios nazaríes.
También han declarado ante el tribunal cuatro guías turísticos a los que solo acusa la Junta de Andalucía y que están representados por el letrado Vicente Tovar.
Los guías han explicado que manejaban un gran volumen de entradas porque trabajaban con agencias de todo el mundo y en ese proceso operaban con las agencias autorizadas.
Igualmente han señalado a la existencia de un sistema de compensación para las entradas de grupo, pero han sostenido que no había turistas que accedieran sin tique ni existían favores con los trabajadores del Patronato de la Alhambra.
Los 49 acusados en esta causa se enfrentan a penas de entre cuatro y nueve años de cárcel por delitos de apropiación indebida, estafa, falsedad en documento mercantil, daños al patrimonio histórico-artístico y cohecho. No obstante, cuatro de los procesados ya han ratificado un acuerdo de conformidad ante el tribunal que rebaja su pena a entre tres y nueve meses de cárcel.
Según consta en el escrito de acusación del Ministerio Público, la presunta trama delictiva estaba encabezada por cinco miembros de una misa familia, dos de ellos guías turísticos, otro director comercial del Hotel Carmen y el resto de las agencias de viajes Washingtong Irving Travel S.L. y Daraxatour S.L..
Estas personas, "con la finalidad de conseguir un provecho patrimonial ilícito, idearon y ejecutaron durante los años 2002 a 2005 un plan" para ingresar lo que sus clientes pagaban para obtener una entrada a la Alhambra, monumento al que accedían pese a este sistema ilícito.
Estos acusados aprovecharon también las relaciones de amistad y profesionales que les unían con otro de los procesados, un guía turístico que durante 40 años prácticamente monopolizó la visita del turismo japonés a Granada gracias a su conocimiento del idioma y contactos con agencias que gestionaban grupos de esta nacionalidad.