Concluyen las declaraciones de los testigos propuestos por las acusaciones en el 'caso Alhambra'

La ronda de declaraciones de los testigos propuestos por la Fiscalía y la Junta de Andalucía en el juicio del 'caso Alhambra', sobre un supuesto fraude en la venta de entradas y el control de accesos al monumento, ha culminado este lunes con varios taquilleros y dos oficiales encargados de controlar el acceso de los grupos.

Está previsto que a partir de este martes le llegue el turno a los testigos que han propuesto las defensas del medio centenar de acusados que hay en la causa, que se enfrentan a penas de entre cuatro y nueve años de cárcel por delitos de apropiación indebida, estafa, falsedad en documento mercantil, daños al patrimonio histórico-artístico y cohecho.

En la sesión de este lunes ya ha quedado patente la pretensión de las defensas de renunciar a buena parte de sus testigos, lo que, según han detallado a Europa Press fuentes del caso, podría dejar las aproximadamente 70 testificales inicialmente previstas en menos de la mitad y adelantar la finalización del juicio, previsto hasta el 22 de diciembre.

Es el caso de la defensa de cuatro guías turísticos a los que solo acusa la Junta de Andalucía, cuyo letrado, Vicente Tovar, ha avanzado durante la sesión que renunciará a todos sus testigos al entender que la prueba de la acusación es "pobre" e "inexistente".

La previsión es que este martes las defensas expongan por escrito las testificales a las que renuncian con el objetivo de que el tribunal de la Sección Segunda de la Audiencia de Granada, que enjuicia el caso, pueda valorar si es factible reorganizar el calendario.

La exdirectora del Patronato de la Alhambra, María del Mar Villafranca, fue la encargada de abrir el pasado 10 de octubre la ronda de los testigos. Afirmó que "no conocía" el sistema de compensación para la gestión de las entradas de grupo y que, de hecho, está fórmula "no estaba permitida en la normativa".

Esta afirmación contradice lo dicho por la mayoría de los acusados, que han apuntado a este sistema de compensación para justificar los posibles desfases entre el número de visitantes que fijaban las entradas y los que accedían al recinto.

La exsecretaria del Patronato, Victoria Chamorro, mantuvo al día siguiente la misma versión respecto a que la dirección del recinto nunca permitió el sistema de compensación porque debajo de esta fórmula "aparentemente inocente", se podían ocultar "muchas" actuaciones "prohibidas".

Según consta en el escrito de acusación del Ministerio Público, la presunta trama delictiva estaba encabezada por cinco miembros de una misa familia, dos de ellos guías turísticos, otro director comercial del Hotel Carmen y el resto de las agencias de viajes Washingtong Irving Travel S.L. y Daraxatour S.L..

Estas personas, "con la finalidad de conseguir un provecho patrimonial ilícito, idearon y ejecutaron durante los años 2002 a 2005 un plan" para ingresar lo que sus clientes pagaban para obtener una entrada a la Alhambra, monumento al que accedían pese a este sistema ilícito.

Estos acusados aprovecharon supuestamente las relaciones de amistad y profesionales que les unían con otro de los procesados, un guía turístico que durante 40 años prácticamente monopolizó la visita del turismo japonés a Granada gracias a su conocimiento del idioma y a contactos con agencias que gestionaban grupos de esta nacionalidad.