Condenados a casi dos años de cárcel Alavedra y Prenafeta, exaltos cargos de Pujol

La Audiencia Nacional ha condenado a un año y once meses de cárcel al exconsejero de Economía de la Generalitat de Cataluña Macià Alavedra y al exsecretario de Presidencia Lluis Prenafeta, ambos hombres fuertes en el gobierno catalán de Jordi Pujol, por delitos de tráfico de influencias y blanqueo de capitales tras cobrar comisiones ilegales a cambio de mediar en tres pelotazos urbanísticos en el área metropolitana de Barcelona.

Los dos exaltos cargos de la Generalitat, a los que se le impone multa de 3,2 millones de euros en el caso de Alavedra y de 5,8 millones en el caso de Prenafeta, evitarán entrar en la cárcel tras el acuerdo de conformidad alcanzado con la Fiscalía Anticorrupción, que les rebajó su petición de seis a dos años de prisión al reconocer al comienzo de la vista oral que habían percibido mordidas del cuatro por ciento de cada operación; unos 800.000 euros cada uno.

La Sección Segunda de la Sala de lo Penal condena a los once acusados de la trama imponiendo la pena más alta --7 años y un mes de cárcel y 14,1 millones de euros-- al presunto cabecilla y exdiputado autonómico del PSC, Luis García 'Luigi' por los delitos de tráfico de influencias, blanqueo de capitales, cohecho y falsedad en documento oficial. Anticorrupción pedía para él 13 años de cárcel y multa de 26 millones de euros por su implicación en las tres operaciones de la tramaPretoria: Pallaresa, Santa Coloma de Gramenet y Niesma.

Para Bartomeu Muñoz, exalcalde de Santa Coloma, el tribunal impone una pena de cinco años y 9 meses y multa de 3,4 millones de euros por la operación Pallaresa, aprobada por el Consistorio en el año 2001 para la creación de un centro comercial hoteles y viviendas. La modificación de los contratos iniciales ocho años después ocultaba una revalorización del terreno de la que se benefició las sociedades que consiguieron irregularmente la adjudicación.

Los magistrados explican en la sentencia, de más de 1.300 páginas, que los once acusados participaron entre lo años 2002 y 2009 en diversas operaciones urbanísticas del área metropolitana de Barcelona que, en lugar de favorecer el interés público, buscaban la obtención de elevados rendimientos económicos, propiciando importantes beneficios y comisiones que sumaron a su patrimonio, bien directamente o bien a través de testaferros.