El Congreso analiza la regularización de las actividades privadas de los diputados tras más de un año sin control

El Congreso se dispone a regularizar las actividades extraparlamentarias de sus señorías, que estaban 'fuera de control' desde hace 15 meses. La Comisión del Estatuto de los Diputados, el órgano encargado de autorizar o no estas actividades privadas, se reúne este jueves para abordar esta tarera que tenía pendiente desde la anterior legislatura, en la que no llegó a reunirse porque hubo que disolver las Cortes con motivo de la repetición electoral.

En realidad, esta comisión, que ahora preside la socialista Begoña Nasarre, no revisa lo que hacen sus señorías al margen de la Cámara desde el final de la XII Legislatura, es decir, antes de las elecciones generales del 28 de abril del año pasado.

Según explicó ella misma a Europa Press, la idea de Nasarre era haber empezado a analizar las compatibilidades en marzo, pero llegó el coronavirus. Después, el Tribunal Supremo pidió el suplicatorio para investigar a la portavoz de Junts, Laura Borràs, y la comisión, que también se encarga de estos temas relacionados con el fuero, tuvo que darle prioridad al asunto.

Ahora, justo después de que el Pleno apruebe el suplicatorio, la comisión se reunirá, a puerta cerrada como fija el Reglamento, para revisar las actividades extraparlamentarias, que estaban fuera de control desde que, con motivo de las generales de abril de 2019, desaparecieron todas la comisiones de la XII Legislatura, quedando activa sólo la Diputación Permanente.

La Comisión del Estatuto de los Diputados quedó disuelta como todas las demás. Desde entonces, quienes siguieron en activo, los miembros de la Diputación Permanente, pudieron haber variado su régimen sin tener que dar cuentas a la Cámara por un periodo que se prolongó más de dos meses y medio, hasta la constitución de las Cortes surgidas de las siguientes elecciones, ya el 21 de mayo.

En las elecciones de abril hubo una gran renovación, pero tanto los que ya eran diputados como los nuevos tampoco fueron examinados por la Comisión del Estatuto de los Diputados. Los electos tuvieron que rellenar la denominada declaración de actividades y consignar si pretendían compaginar el escaño con otros cargos locales o autonómicos, con sus respectivas profesiones, acudir a tertulias, escribir libros o cualquier otra actividad.

Información, pero nadie lo revisión

Todos los electos el 28 de abril lo hicieron, pero nadie revisó esa información ni avaló su conducta, puesto que la Comisión del Estatuto de los Diputados de la XIII Legislatura se constituyó el 30 de julio, también bajo la presidencia de Nasarre, pero jamás llegó a reunirse.

La falta de acuerdo para investir presidente del Gobierno obligó a repetir las elecciones y las Cámaras volvieron a disolverse el 24 de septiembre, quedando sólo operativa, una vez más, la Diputación Permanente.

Para entonces los integrantes de la Diputación Permanente de la legislatura anterior que fueran reelegidos el 28 de abril acumulaban ya cerca de seis meses sin control alguno, mientras que quienes lograron acta en abril sin haber mantenido la condición de diputados gozaban ya de cuatro meses en esa situación.

Segunda disolución y el tiempo siguió pasando

Y el tiempo siguió corriendo tras el arranque la actual legislatura, que echó a andar el 3 de diciembre con la toma de posesión de los electos el 10 de noviembre. Todos ellos cumplieron el Reglamento registrando su declaración de actividades antes de jurar o prometer el cargo, casi siete meses después, esos documentos siguen pendientes de examen.

La Comisión del Estatuto de los Diputados, otra vez con Nasarre al frente se constituyó el 7 de febrero. Entre sus miembros esta legislatura figuran también dos de los parlamentarios con mayor patrimonio del Congreso: la exministra del PP Isabel García Tejerina, del diputado de Junts, Jaume Alonso-Cuevillas (uno de los abogados de Carles Puigdemont). Inicialmente por Ciudadanos también estaba Marcos de Quinto, exvicepresidente mundial de Coca Cola, pero dejó el escaño.

Así, las cosas, el grueso de los actuales diputados, que lo fueron también en la anterior legislatura, suman ya 14 meses sin que se les autoricen sus actividades extraparlamentarias. La cifra supera los 15 meses en el caso de los que siguen en el Congreso e integraron las dos diputaciones permanentes que se han activado desde marzo de 2019.

Es decir, los diputados que hayan desarrollado actividades fuera de la Cámara lo habrán hecho sin aval del Congreso, pudiendo por tanto haber incurrido incluso en alguna irregularidad si han compatibilizado dos labores legalmente incompatibles.

Además, en todo este tiempo la Cámara no ha hecho públicas las declaraciones de intereses que sus señorías tuvieron que entregar tras ser elegidas, tal y como establece el Código ético que debía aplicarse por primera vez en la legislatura fallida.

Estas normas de conducta que la Cámara aprobó en febrero de 2019, siguiendo las recomendaciones del Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO), obligan a los diputados a publicar sus intereses económicos particulares, detallando las actividades privadas que les han generado rendimiento económico en el pasado, incluyendo el nombre del empleador y el sector en el que se ha operado.

Los regalos y contratos laborales, tampoco

Asimismo deben dar cuenta de las donaciones, obsequios no remunerados, incluyendo viajes e invitaciones a actividades deportivas y culturales que pudieran reflejar algún tipo de interés económico.

El Código incluso abría la puerta a que los diputados se inhibieran en votaciones sobre asuntos donde pudiera haber conflicto. También tendrían que dar a conocer en su agenda diaria sus reuniones con grupos de influencia o 'lobbies' y rechazar todos los regalos que no sean de mera cortesía o de familiares.

Sin embargo, ninguno de estos datos se ha hecho público y ni siquiera se ha creado la Oficina de Conflicto de Intereses, que debía asesorar a sus señorías y a la propia Mesa de la Cámara sobre la aplicación de este código y comprobar la información sobre sus intereses aportadas por sus señorías. La capacidad de investigar sobre los mismos estaba reservada a la Comisión del Estatuto del Diputado, que hasta ahora, tampoco se había puesto a la tarea.

Lo que sí ha dado tiempo a publicar, tanto en la legislatura fallida como en la presente, son las declaraciones de bienes y patrimonio de los 350 diputados elegidos en ambas convocatorias electorales, ya que éstas no necesitan pasar por la Comisión del Estatuto de los Diputados.