Consumidores andaluces denuncian "abusos" en la refacturación a usuarios de eléctricas

El Consejo de Personas Consumidoras y Usuarias de Andalucía (Cpcua), máximo órgano de consulta y representación de los consumidores y usuarios de Andalucía, ha denunciado abusos por parte de las eléctricas a la hora de refacturar a los usuarios con hipotéticos casos de fraude.

Para ello, el Consejo ha emitido un informe en el que pone de manifiesto el "creciente aumento" en el número de expedientes en los que las eléctricas "acusan a los consumidores de supuestos fraudes en el suministro eléctrico" y donde "se reclaman cantidades desorbitadas amparadas en el uso de prácticas poco garantistas y de una deficitaria regulación".

La tipología más común asociada a estos conflictos "está relacionada con casos en los que la empresa comercializadora, o la propia distribuidora en ausencia de contrato, pone en conocimiento del usuario, la detección por parte de operarios (normalmente de empresas subcontratadas) de una presunta alteración en la instalación eléctrica o el contador tendente a obtener un ahorro en la factura eléctrica".

Para el Consejo, los argumentos de la denuncia "son dudosos, debido a que las pruebas sobre las que se sustenta no se presentan o el hecho de que sea cuestionable la capacidad e imparcialidad de las personas encargadas de levantar las actas". Ha añadido que "en numerosos casos, incluso, el usuario no ha recibido comunicación previa de la actuación, no aparece su firma en el acta dado que la supuesta actuación se ha realizado en su ausencia, generándose por tanto una situación de desprotección absoluta".

De esta forma, lamenta que "el usuario afectado se ve con un requerimiento de pago de unas cantidades excesivas bajo la amenaza del corte de suministro ante su impago, o incluso pudiendo ser imputado un delito".

El Consejo ha explicado que las supuestas pruebas aportadas por las eléctricas "son actas de operarios perteneciente en la mayoría de los casos a empresas subcontratadas por la distribuidora y que obviamente no tienen condición de agentes de la autoridad, siendo por tanto partes interesadas en el procedimiento sancionador".

REVISIÓN DE LA LEGISLACIÓN
El Cpcua estima que "es necesaria una revisión y un mayor desarrollo de lo establecido en la legislación vigente, ya que la falta de precisión y ciertos vacíos normativos han provocado prácticas absolutamente abusivas por parte de las eléctricas, carentes de la transparencia necesaria y que vulneran de forma clara los derechos de los consumidores".

A su juicio, "es fundamental aclarar la aplicación de los criterios de estimación de la energía o potencia no facturada en los supuestos en los que se demuestre la existencia de fraude y también introducir especificaciones que permitan diferenciar situaciones de fraude de otras que pudieran ser solo anomalías y que requerirían un tratamiento distinto".

El Cpcua ha recordado que el suministro eléctrico "es hoy por hoy un servicio básico", por lo que entiende que "se deben poner en funcionamiento las herramientas necesarias para paralizar cortes y requerimientos de pagos en aquellos casos en los que el usuario ponga en duda los hechos manifestados por las distribuidoras; presentado una reclamación ante la administración competente hasta la resolución de la citada reclamación, a fin de no vulnerar el derecho a la presunción de inocencia".

Los consumidores andaluces han apuntado que esta problemática "no ha pasado desapercibida para muchos organismos e instituciones, que se han pronunciado respecto a su existencia y a la necesidad de cambios normativos".