Consumo señala los pasos que deben seguir los afectados por el cierre del centro de depilación del Nevada

La Dirección General de Consumo de la Junta de Andalucía ha confirmado este miércoles el cierre del centro de depilación ubicado en el Centro Comercial Nevada. Sus servicios de inspección han constatado que su "empresa matriz se encuentra en preconcurso de acreedores", una circunstancia que afecta a todos sus clientes. Consumo recuerda que los perjudicados "tienen derecho a reclamar el reembolso del importe de los bonos adquiridos, el importe de los tratamientos abonados y no efectuados, y también a reclamar la cancelación de los tratamientos financiados, que no hayan sido realizados o ni siquiera iniciados".

De cara a la reclamación contra la empresa, la persona reclamante debe "detallar el caso particular y las cantidades que se deban". Dicha reclamación tiene que presentarse "por un medio que permita acreditar la realización de la misma", dirigida al domicilio social de la empresa en cuestión. Los datos deben aparecer en el contrato firmado en su día por la persona interesada. En el caso de que un tratamiento haya sido financiado, la persona afectada también debe dirigir la reclamación.

Para el proceso de reclamación, es fundamental conservar toda la documentación recopilada. Esto incluye presupuestos, contratos o acreditación de los pagos realizados a la empresa que presta el servicio.

Si la entidad financiera no atendiera las peticiones de la persona afectada, se podría presentar una reclamación ante la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) de la localidad de residencia de la persona afectada o, en su defecto, ante el Servicio de Consumo Provincial de la Junta de Andalucía de la provincia de residencia de la persona reclamante. Esta reclamación podrá acompañarse, entre otros documentos, de la reclamación previa interpuesta a la clínica, el contrato de financiación, la posible publicidad, así como las comunicaciones mantenidas con la clínica y con la financiera. La persona afectada puede acudir a la vía judicial para demandar sus derechos, para lo cual hace falta abogado y procurador si el importe reclamado superara los 2.000 euros.