Continúan las declaraciones de ediles del PP investigados en el 'caso Serrallo'

El Juzgado de Instrucción 2 de Granada tiene previsto acoger este martes las declaraciones de varios ediles del PP y cargos del Ayuntamiento de Granada investigados en el llamado 'caso Serrallo', en el que se investiga la construcción supuestamente irregular de una discoteca en una zona verde del plan general junto al centro comercial Serrallo Plaza.

La previsión es que este martes declaren, a partir de las 10,00 horas, los ediles Francisco Ledesma y María Francés, así como la exsecretaria del Ayuntamiento de Granada Mercedes López Domech y el interventor Francisco de Paula.

Antes que ellos lo hicieron el pasado viernes los concejales Fernando Egea y Juan Antonio Fuentes, los cuales defendieron que "no intervinieron" en la elaboración del expediente y que su participación se limitó a votar en Junta de Gobierno Local a favor de una propuesta "que contaba con los informes técnicos y jurídicos favorables".

Señalaron, concretamente, que no cuentan con conocimientos técnicos en materia urbanística y que votaron a favor del expediente de la discoteca guiados por "el principio de confianza, veracidad y legalidad de los informes técnicos", dado que la propuesta también era respaldada por la concejal del área y la Secretaría General del Ayuntamiento, apostillando que un voto contrario a algo respaldado por los servicios técnicos sí puede constituir una prevaricación.

El Juzgado de Instrucción 2 de Granada está citando a declarar en calidad de investigados a todos los concejales del PP que en julio de 2012 integraban la Junta de Gobierno Local en la que se produjo una votación por unanimidad en relación con los horarios y usos complementarios del Serrallo, por entender que su actuación puede ser constitutiva de un delito de prevaricación urbanística.

La jueza del caso Serrallo ha tomado la decisión de citarlos --seis de ellos aún siguen en el grupo municipal del PP-- después de que el pasado 27 de marzo declarara en calidad de investigado el que fuera alcalde de Granada, José Torres Hurtado (PP), el cual expuso que tanto su participación en la Junta de Gobierno Local como la de los demás miembros se llevaba a cabo de forma "automática", puesto que seguían los criterios de los que eran informados por los técnicos.

No obstante, la magistrada argumenta que, de acuerdo al Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales, estos corporativos están "sujetos a responsabilidad civil y penal por los actos y omisiones en el ejercicio de su cargo y son responsables de los acuerdos en los que hayan votado favorablemente".

En este sentido, advierte la jueza de que los miembros de la Junta de Gobierno Local "no pueden limitarse a votar" como expuso Torres Hurtado en su declaración, sino que, como miembros de la corporación local, "tienen la obligación de obtener datos o informaciones (...) que resulten precisos para el desarrollo de su función. Es mas, deben de cerciorarse de que las decisiones que vayan a adoptar se ajustan a la legalidad, no pudiendo reducirse su votación a una mera actuación automática como se argumentó al respecto".

El Juzgado de Instrucción 2 de Granada también instruye el llamado caso Nazarí, por el que están investigadas un total de 17 personas entre políticos, funcionarios y promotores, algunos de los cuales también están vinculados al caso Serrallo, como el exalcalde José Torres Hurtado y la exconcejal de Urbanismo Isabel Nieto, ambos suspendidos de militancia en el PP.

En el caso Serrallo se investigan la supuesta comisión de delitos de prevaricación, contra la ordenación del territorio, prevaricación urbanística, malversación de caudales públicos y fraude en la contratación al haberse supuestamente sustraído al uso público y general gran parte de un Sistema General de espacios libres "con una parcelación ilegal del mismo que ha permitido unas construcciones que, ni en su volumen ni en su destino (...) se ajustan al planeamiento general".

De hecho, la jueza cree que lo "contravienen y no respetan la concesión ni en cuanto a su objeto exclusivo de parque infantil ni en cuanto al objeto de la concesión existente ni en cuanto a su adjudicatario único, por lo que habría supuesto una alteración sustancial del pliego y del precio de la adjudicación del mismo".