“Los cortes de luz en el distrito Norte de Granada deberían avergonzarnos a todos”

La situación del distrito Norte de la capital de Granada en relación a los continuos cortes de luz que sufre es uno de los ejemplos de vulneración de los derechos humanos en Granada. Así lo pone de manifiesto Natalia García Caballos, delegada en la provincia de APDHA (Asociación Pro derechos humanos de Andalucía) con motivo de la celebración este 10 de diciembre del Día de los Derechos Humanos. Para la activista granadina, lo que está ocurriendo en la zona Norte “debería avergonzarnos a todos” y califica de “excusas” las explicaciones de Endesa sobre las causas de esta situación que está haciendo sufrir a miles de granadinos a diario.

En esta entrevista concedida a GranadaDigital, Natalia García explica cómo funciona su asociación, cuáles son los derechos humanos que se están vulnerando en Granada y denuncia especialmente la “criminalización” que se hace del barrio de Almanjáyar.

Pregunta: La asociación lleva activa desde 1990 en Andalucía, ¿desde cuándo funciona en Granada y cuáles son sus objetivos?

Respuesta: Más o menos desde el mismo tiempo. La asociación se abrió prácticamente en toda Andalucía en las mismas fechas. El objetivo es que se puedan ejercer los derechos fundamentales de todas las personas del territorio andaluz, con una mirada especial puesta en todas aquellas personas que sufren mayor vulneración de sus derechos.

P: ¿Desde cuándo es delegada en Granada?

R: He sido secretaria general de la asociación hasta hace ocho meses y desde entonces soy la delegada en Granada.

P: Y a nivel profesional, ¿a qué se dedica?

R: Trabajo en el ámbito de la educación. Soy activista en esta asociación.

P: ¿Desde cuándo se dedica al activismo?

R: Es muy difícil decir cuándo uno empieza. Tengo una familia muy comprometida con el barrio y con lo que sucede en la sociedad. Desde chica me inculcaron eso e imagino que también desde pequeña, en el ámbito que he podido, he estado participando en todo. Activista no es un nombre que esté muy a la orden del día. Yo desde que recuerdo he estado participando siempre en los procesos vecinales.

P: ¿Cómo funciona APDHA y cómo se financia?

R: Nuestra asociación no tiene ánimo de lucro, como es lógico. Se financia en gran parte por las aportaciones de todos sus socios y tiene delegaciones por toda Andalucía. Por ejemplo, la de Granada no tiene ninguna persona contratada, somo todos activistas, y tenemos muy poquitos gastos. Tenemos un local muy chiquitito y no tenemos dinero para internet ni teléfono. Lo único que garantizamos es tener un espacio en el que reunirnos y recibir siempre a cualquier persona o colectivo que nos lo pida. Tenemos una mínima subvención de infraestructura del Ayuntamiento que nos cubre dos o tres meses de alquiler. El resto lo pagamos los socios. A nivel andaluz sí que tenemos una pequeña estructura central que nos da soporte a todas las delegaciones y que cuenta con cuatro profesionales que están a media jornada. Entre todas las delegaciones nos apoyamos las unas a las otras. Por ejemplo, un compañero de Málaga que sabe mucho del tema gráfico nos ayuda cuando tenemos que hacer un cartel o un socio de Granada ayuda a redactar las notas de prensa. Entre todas las delegaciones nos vamos cuidando mutuamente. Es una red de apoyo mutuo.

P: ¿Cuántos socios son en Granada?

R: Ahora mismo somos ciento y algo socios, no sé el número exacto, y a nivel andaluz, unos novecientos.

P: ¿Cualquier persona puede unirse a la asociación?

R: Cualquier persona que respete los valores que promovemos dentro de nuestra organización y que se quiera asociar está invitado a hacerlo. Incluso las personas que quieran ser socias y que, por diferentes motivos, no puedan pagar tenemos una modalidad de exención de cuota. No solo se trata de aportar dinero, es formar parte de un proyecto. Cada uno lo hace de la forma que puede. Hay determinados momentos en los que uno puede tener más capacidad y tiempo para poder participar de una forma más intensa y otros que tienen menos.

P: Vuestro ámbito de trabajo está en las prisiones, educación, marginación, migración, feminismo…

R: En todo esto trabajamos. Tenemos también una línea internacional, pero estos son principalmente los ámbitos a los que nos dedicamos.

P: ¿En prisión cómo trabajan y ayudan?

R: Trabajamos muchísimo desde la visión de vulneración de derechos dentro de la prisión. Hemos tratado mucho el tema de sanidad en prisión. En muchos momentos, la gente que está en la cárcel no tiene acceso a los tratamientos médicos y ve su salud muy deteriorada. Igualmente, hemos trabajado mucho con familiares de presos. Si no existe un transporte público de calidad que te lleve a la prisión hay muchas familias que tienen dificultades para poder llegar. También hemos trabajado con otras asociaciones, como el Comité para la Prevención de la Tortura, las agresiones y los malos tratos dentro de la prisión. Hemos sacado diferentes informes y estamos al tanto de lo que está ocurriendo con las prisiones para intentar que se garanticen los derechos de las personas que están presas.

P: Si hablamos de los derechos humanos en Granada, ¿cuáles se están vulnerando a vuestro juicio?

R: Se vulneran muchos derechos en nuestra ciudad. El colapso de los servicios sociales comunitarios es uno de los elementos fundamentales, que está vulnerando derechos como pueden ser el acceso a una vivienda digna, el poder comer todos los días, los derechos de la infancia… Hay muchas personas que no pueden acceder a los servicios sociales comunitarios porque hay una lista de espera enorme porque están infradotados a nivel de personal y de presupuesto. Existe unas barreras tecnológicas que muchas personas no son capaces de superar. Eso conlleva directamente a una vulneración de derechos flagrante y gravísima que está viviendo mucha gente en nuestra ciudad.

P: Seguro que también en otros sectores de la sociedad.

R: Sí hay capas de mayores discriminaciones, como las personas racializadas, que ven sus derechos más conculcados. También las personas LGTBI sufren una discriminación específica hacia ellas. El observatorio para los delitos del odio que estuvo activo en la ciudad durante unos cuantos años dejó de estarlo por falta de financiación. Eso nos preocupa enormemente. Las personas que emigran también ven sus derechos conculcados en la ciudad. Para nosotras es esencial tener una mirada específica a toda la infancia y la adolescencia, que cuando llega a la mayoría de edad se queda sin ningún tipo de recurso ni apoyo. Pensamos que esos niños y niñas no deja de serlo cuando cumplen 18 años, por lo que necesitan recursos y ayudas. Necesitan sentir que las administraciones del estado y los vecinos de la zona están ahí con ellos, del mismo modo que cuando nuestros hijos cumplen la mayoría de edad no los echamos de casa sin más, sino que siguen contando con redes de apoyo que le permiten comenzar sus propias trayectorias y proyectos vitales.

P: ¿También las personas desahuciadas?

R: Tenemos que hablar forzosamente de ello, de esas personas que son desahuciadas en nuestra ciudad. Es necesario que el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía empiecen a mirar cómo contar con un mayor número de vivienda pública y acompañamientos. No se puede desahuciar a ninguna persona que no tenga alternativa. Eso no puede estar ocurriendo en nuestra ciudad.

P: Ustedes consideran que la pobreza energética también vulnera los derechos humanos.

R: Es un elemento esencial, todas aquellas personas en pobreza energética, ya sea porque no pueden asumir las facturas o porque están sufriendo los cortes de luz provocados por Endesa, que siguen pasando en esta ciudad y que hacen que la gente esté sufriendo muchísimo, sobre todo en tiempos de temperaturas extremas. Ahora mismo nos encontramos en uno de esos momentos, en el que centenares de familias están buscando la forma de que sus niños estén el menor tiempo posible en sus casas porque hace frío y no tienen manera de calentarse o de estudiar porque no hay luz. Hay personas enfermas que no pueden usar sus respiradores porque no hay electricidad o no pueden mantener su insulina refrigerada porque el frigorífico no funciona. También la emergencia climática por la contaminación que hay en la ciudad, que está afectando a nuestro derecho a la salud y al ecosistema en el que sobrevivimos. Esta no es nuestra especialidad y miramos muchos a nuestras compañeras de Juventud por el Clima, pero pensamos que es esencial que miremos también esta dirección para hacer un panorama completo para saber qué derechos se están vulnerando en Granada.

P: Lo de los cortes de luz en la zona Norte de Granada está provocando casos dramáticos en muchas familias desde hace años y no se encuentra una solución. Realmente, desde vuestro punto de vista, ¿quién es el culpable de que no haya una respuesta?

R: El distrito Norte de Granada y sus cortes de luz es un tema que a todo el mundo debería avergonzarnos. La culpable es Endesa y las corresponsables son las administraciones: el Ayuntamiento, la Junta de Andalucía y el Gobierno central. Estas tres administraciones tendrían que garantizar que Endesa cumpliera con todos los servicios que debe dar a sus clientes y, además, deberían garantizar que ninguna persona en persona en pobreza energética que no pueda pagar la luz se quede sin ella.

P: Cuando Endesa dice que es imposible solventar la situación por los enganches ilegales, ¿cuál es vuestro pensamiento?

R: Si vamos a una tienda para comprar una camiseta, la pagamos y cuando queremos llevárnosla el dependiente nos dice: ‘No, es que el de delante acaba de robar una camiseta, así que esta, aunque la hayas pagado, no te la vas a llevar tú’. Sería absolutamente intolerable, ¿no? No solo nos parecen excusas. La marihuana es el síntoma que tiene distrito Norte que demuestra que todos sus derechos están siendo conculcados. Absolutamente todos. Es un barrio en el que la esperanza de vida es diez años menor que en el resto de los barrios de Granada, que tiene una altísima tasa de desempleo. Es un distrito en que muchas personas no llegan a la enseñanza secundaria y muchos menos a la universitaria. Es un barrio en el que hay que intervenir de múltiples maneras, garantizando derechos. No se puede intervenir exclusivamente haciendo redadas, porque eso no sirve absolutamente de nada. Hacer solo referencia a la marihuana tan solo sirve para criminalizar el distrito. La marihuana se cultiva en muchas partes del país. Si hubiera un bloque en el Realejo en el que uno de los pisos se cultivara, nadie consentiría que al resto de las personas del edificio se les cortara la luz. Sí se consiente en distrito Norte porque es un barrio en el que no se garantizan ninguno de los derechos de las personas que allí viven. Seguir con ese discurso criminalizador es ofensivo. Que las administraciones y Endesa sigan con ese discurso es preocupante y estigmatiza a miles de personas que viven de forma honrada en el distrito. Lo único que quieren es que cuando lleguen a su casa sus niños puedan estudiar, que puedan calentarse, que puedan tener sus medicinas refrigeradas, que en verano puedan mantener su comida en el frigorífico. Lo único que se pide es que la gente tenga luz en sus casas. Si son problemas técnicos, que se resuelvan. Nosotras no somo ingenieras para decir cómo resolver estos problemas, pero si se da un servicio tiene que ser recibido por todas las personas que están pagando sus recibos de luz, que son la gran mayoría. Para todas las personas que están sufriendo pobreza energética el Ayuntamiento debería poner en marcha todas las medidas adecuadas para que ninguna de ellas se quede sin luz. Ahora mismo, en la sociedad en la que nos encontramos, tener luz es esencial para poder tener una vida digna. Luego, si hay que abrir el debate de la marihuana, nosotras no tenemos miedo de hacerlo, pero eso es un tema que está al lado y convive en distrito Norte, pero también en muchas otras partes de la ciudad. Solo tenemos que abrir un periódico para ver dónde se están produciendo las incautaciones. Sin embargo, solo es en distrito Norte donde dejan todo un barrio sin luz y eso es intolerable.