Los cortes de luz en la zona Norte suponen la principal queja en la oficina del Defensor del Ciudadano

El Defensor de la Ciudadanía de Granada, Manuel Martín, ha presentado este jueves ante el Pleno del Ayuntamiento el Informe Anual 2023 de su oficina, un documento que desglosa en diez grandes apartados las principales reclamaciones y demandas de los granadinos en un ejercicio en el que se realizaron 10.834 atenciones -lo que supuso un descenso del 10,79% respecto al año anterior-.

Manuel Martín ha comenzado su intervención destacando “el afán propositivo” de la memoria y lo ha ejemplificado con el Pacto de Doñana por ser una imagen de consenso que “nos compromete y nos obliga” en tanto que “el diálogo en aras del interés general debe ir copando cada vez mayores espacios en la vida institucional”.

Para el defensor, el año 2023 fue un periodo marcado por el desencuentro en la vida pública: “La preocupación respecto a indicadores económicos; la fractura social en torno a iniciativas políticas, la división por cuestiones de convivencia ciudadana, el afán de acusación, los problemas para lograr el entendimiento en facetas cotidianas o la tendencia creciente a judicializar conflictos fueron menú casi diario en los distintos ámbitos”. A su entender, también en el nivel local y en materia de quejas “pocas cuestiones quedaron al margen de la batalla entre grupos: partidarios frente a detractores de casi todo, con debates airados incluso en temas baladíes o en asuntos de fácil solución”.

“En medio del desacuerdo y de un debate electoral que fue casi constante a lo largo del pasado 2023, la foto de Doñana se hizo viral por lo ejemplarizante del acuerdo cuando todo parecía perdido”, una fórmula de resolución que a su entender debe “alumbrar el trabajo en las instituciones, que estan orientadas hacia la calidad en el servicio público”.

Antes de adentrarse en el relato concreto de quejas y datos, Manuel Martín ha recordado que en el pasado año dos mandatos marcaron el devenir del Ayuntamiento, pero “las necesidades ciudadanas no cambian de golpe con cada cambio de gobierno”. Así, a pesar de las diferencias de criterio que pudieran existir entre equipos, “la oficina ha procurado un tratamiento uniforme y homogéneo de los asuntos que preocuparon a la gente, dar voz a la ciudadanía, abordar el ejercicio como un todo o una globalidad sin recalcar diferencias en un año que fue compartido, por así decirlo, por dos corporaciones”.

Para Martín, hacerlo de este modo “puede servir también al espíritu que anima este informe anual: subrayar la apuesta por el consenso y el consenso como garantía de calidad y eje de trabajo”.

También ha aclarado que el balance 2023 aporta cifras que son atenciones: “Hay gran cantidad de casos que implican varias actuaciones”. Y ha incidido en el lugar que la figura del defensor ocupa como “receptor de peticiones y problemas de algunos vecinos” por lo que este documento “no debe ser usado como munición política”.

Por todo ello, ha subrayado el carácter propositivo del informe. “No me detendré en el detalle de los problemas sino en las posibles soluciones”,ha dicho. Y en este sentido ha manifestado que “lo realmente interesante del documento se aloja en los apartados denominados 'Propuestas de acción' -enumeración de ideas o fórmulas de mejora que acompaña a cada una de las materias de queja- y en 'Buenas prácticas de gestión en la administración pública' -breve capítulo que pone en valor inercias positivas que optimizan la labor institucional-".

Datos mensuales de los cortes de luz e instalación de baterías para las personas electro-dependientes

Entrando en las reclamaciones que absorbieron el mayor número de quejas, “el drama de vecinos nuestros que viven con interrupciones eléctricas aún pagando sus recibos” volvió a copar “de manera abrumadora” el mayor porcentaje, con un 17% sobre el total. Al respecto ha afeado que los datos con los que se trabaja en la mesa técnica no provengan de Endesa sino que sean los recogidos y ofrecidos por vecinos y asociaciones. En este punto ha lanzado una importante propuesta: solicitar que la compañía eléctrica ofrezca en la mesa técnica datos de trazabilidad de las incidencias mensuales.

Martín no se ha detenido en describir los efectos de esta realidad en un año que “fue tremendo en los barrios". "En un solo fin de semana de julio, un total aproximado de 400 familias de Joaquín Corral Almagro, Conde de Torrepalma y calle Bermúdez de Pedraza sufrieron un corte de más de 24 horas en una jornada de temperaturas tórridas", ha dicho. Sí que ha celebrado que el año volviera a estar presidido por “la voluntad política e institucional compartida de unirse para acabar con el problema”.

Al referirse a actuaciones realizadas ha recordado que “el mes de julio trajo la esperada respuesta del Parlamento Europeo a la petición de amparo cursada en 2021 y defendida en Bruselas en septiembre de 2022”. Y ha recordado que la comisión de peticiones instaba a las instituciones españolas a “abordar urgentemente la situación” pero lo hacía sin aclarar qué se exige a cada administración ni cuáles son las inversiones y acciones que reclamarán a la empresa distribuidora de energía para prevenir nuevos cortes y reparar económica y moralmente a las familias.

Tras aquella respuesta, el defensor ha anunciado que el mes de noviembre “trajo nueva misiva de Europa”, una carta “breve pero esperanzadora” en la que Dolors Montserrat informaba que se proseguía con el examen de la petición granadina de amparo.

Asimismo, en materia de cortes de luz en el distrito Norte ha destacado el éxito de una prueba piloto realizada en una vivienda donde residía una vecina conectada a una máquina a la que una empresa granadina había instalado unas baterías “capaces de servir como alternativa de respaldo energético”.

“Llevamos años reclamando esos equipos de alimentación eléctrica ininterrumpida para los hogares de personas conectadas; para que no corran peligro con cada interrupción, por lo que hay que lograr su instalación en esos hogares del barrio al tiempo que la empresa mejora las protecciones y aislamiento de las redes de baja tensión”, ha planteado ante el Pleno municipal.

En materia de propuestas ha vuelto a instar al Gobierno de España a que el problema de los cortes de luz en determinados barrios “sea un asunto de estado” y a la Junta de Andalucía a que sancione a la empresa Endesa “cuando esta no cumpla con los contratos de las personas usuarias y cuando la red eléctrica no reúna la calidad adecuada”.

Por último y tras celebrar el arranque de las obras para un nuevo transformador en Cartuja, “y el compromiso de estudiar la instalación de otros cinco” –proyectos que han arrancado este 2024-, Manuel Martín ha mostrado total rechazo hacia las voces disconformes con dicha infraestructura que se plantean impedir su construcción por distintos medios. Para el defensor, carece de sentido que alguien pueda oponerse a un transformador que “viene a contrarrestar el problema de los cortes de luz y que tantas veces se ha solicitado a la empresa de distribución de energía”.

Al respecto, ha pedido la unión de todas las administraciones para “vigilar que las obras transcurren sin incidencias” dado que “el interés general debe prevalecer sobre el interés particular de unos cuantos”.

“No se debe permitir que las mafias actúen con impunidad imponiendo su voluntad a personas que tienen derecho a vivir con dignidad. El estado de derecho debe vencer, es inadmisible que nadie impida la construcción de los transformadores”, ha dicho.

No a la obligatoriedad de la cita previa en las administraciones

El segundo gran apartado de quejas recibidas en la oficina tuvo que ver con los problemas de la ciudadanía para acceder a las administraciones, un asunto “transversal”, es decir, “presente en llamadas y formularios sobre otras materias” que el pasado ejercicio supuso un 13% sobre el total.

En este asunto, Martín ha puesto sobre la mesa una catarata de propuestas comenzando por la eliminación de la obligatoriedad de la cita previa como gesto hacia “esas personas que no saben o no pueden pedir cita previa por los cauces telefónico o electrónico debido a distintas barreras —digital, económica, idiomática o por habilidades personales—; debido a la limitación de canales; a la saturación de los mismos o debido a otras razones”.

Y esta petición incluye a “todas las administraciones” más aún, según ha expuesto en los casos en que exista riesgo de no poder conseguir dicha cita dentro de un plazo necesario para poder realizar otra gestión administrativa sujeta asimismo a un plazo y en un momento en que distintas administraciones e instituciones de todo el país se están posicionando al respecto. Todo ello en un contexto en que el ministro de Transformación Digital y Función Pública, José Luis Escrivá, se ha referido al proyecto de eliminación de la cita previa obligatoria en las administraciones públicas y “al tiempo que se dota de los recursos humanos y materiales necesarios para hacerlo posible”.

Junto a esta propuesta, el defensor ha solicitado gratuidad para la ciudadanía que llama al teléfono 010; la pronta respuesta a las quejas y reclamaciones, “la calidad también reside en los tiempos de tardanza”; impulsar formación o reciclaje en materia de habilidades o entrenamiento emocional para personal que esté en atención al público; dotar de más personal donde sea necesario; una mayor movilidad funcional, y trabajar por “disminuir la brecha digital que pueda desplazar a determinadas personas”.

Para Martín, se trata de “seguir avanzando en la humanización de la administración: el exceso de burocracia tiene asignaturas pendientes tales como la coordinación entre administraciones o la agilidad y la calidez en la atención ciudadana, entre otras”.

Para terminar ha mostrado satisfacción por el anuncio del `Plan Andalucía Simplifica´, un paquete con más de 500 me¬didas —que incluirán mejoras de los sistemas de organización, gestión y digitalización—en la esperanza de que “las iniciativas que se pongan en marcha agilicen asuntos concretos como la aplicación de ley de la dependencia, la renta mínima de inserción o el acceso más rápido de las pequeñas y me¬dianas empresas a licitaciones públicas”.

Generar empleo, aligerar trámites para ayudas o más vivienda social

En tercer lugar, el defensor ha hecho referencia a aquellas llamadas, peticiones y quejas que tienen que ver de modo directo o indirecto con el acceso a determinados recursos básicos: “No siempre que un usuario se dirige a la oficina tiene clara cuál es su petición, es decir, hay un trasfondo de necesidad que no se relata en el primer contacto”. Y en este sentido ha hablado en primer lugar de la necesidad de crear empleo, “empleo de calidad para que, con los medios propios, las personas puedan acceder por si solas a los recursos”, pero también “un bien del que no todos podrán disfrutar dadas determinadas características del mercado laboral y dados algunos perfiles profesionales y personales”.

Sobre el empleo y ayudas económicas ha dicho que hay gente "que acude al defensor para contar cómo viven, de qué disponen y preguntar a qué recursos podrían acceder en función de sus realidades y circunstancias". "A veces protestan porque los abonos de las ayudas se retrasan o se deniegan por incumplimiento de algunos de los requisitos recogidos en las convocatorias, por plazos superados, por documentación errónea o incompleta, etcétera”, ha dicho.

Para Martín, otro recurso de primera necesidad lo constituye la vivienda: “Nos llegan peticiones de vivienda social; dificultades para acceder a una habitación en alquiler sin tener nómina ni aval; quejas por los elevados precios del arrendamiento en la ciudad; temor a lanzamientos de viviendas; desahucios por impago o simplemente solicitudes de información pura y dura para poder inscribirse en el registro de demandantes”.

En el apartado de propuestas ha apelado a la necesidad de pisos para alquiler social. “No hay viviendas para este cometido y las necesidades de alojamiento social van en aumento", ha dicho, y ha recordado informaciones recogidas en algunos medios de comunicación, según las cuales “siete de cada diez granadinos se enfrenta a alquileres no asequibles en sus propios barrios” o “el arrendamiento mensual supera el 30% de los ingresos familiares”.

Por su parte, no lograr cita para ser atendido en Extranjería constituye un problema de acceso a un recurso básico para una persona migrante en situación administrativa irregular y ha solicitado que se agilice el sistema “algunos demandantes refieren tener que contratar los servicios de un abogado o una gestoría para que les ayude tanto en la solicitud de cita como en la propia tramitación posterior de documentación, con el consiguiente coste económico que ello conlleva”.

Para el defensor, “resulta imprescindible poner el foco en la dignidad de las personas, y ello pasa por la generación de empleo, por el acceso a la vivienda y la atención a la cobertura de necesidades básicas que todos tenemos; somos diversos, somos vulnerables, todos podemos vernos en situaciones y todos debiéramos intentar una vida digna para los otros”.

Campañas de concienciación ciudadana ambiental

Si bien los cortes de luz, los problemas para contactar con las administraciones y el acceso a recursos básicos son asuntos que competen a distintas instituciones y administraciones, las problemáticas que ocuparon el cuarto y quinto lugar en porcentaje de reclamaciones el pasado ejercicio 2023 fueron temáticas de contenido casi exclusivamente municipal. Se trató de los problemas relacionados con las áreas de limpieza, mantenimiento y medio ambiente y de las quejas recibidas por ruidos. Absorbieron respectivamente un 11% sobre el total.

En este capítulo ha precisado lo siguiente: “Dado que en el pasado año hubo dos corporaciones diferentes, se ha decidido agrupar en un solo capítulo asuntos relacionados con el medio ambiente urbano, la conservación de espacios o la limpieza propiamente dicha a pesar de que las concejalías se hayan transformado o hayan cambiado denominaciones, competencias, organización y cometidos”.

En este bloque, las cuatro materias que absorbieron el mayor número de reclamaciones fueron la petición de limpieza; la retirada de residuos (itinerarios y horarios de las rutas de recogida); los contenedores; y los excrementos de animales. Así como protestas destinadas no tanto al Ayuntamiento como a los residuos de determinados establecimientos “diferentes bares y restaurantes tiran la basura fuera del contenedor y a deshora”; a algunos pisos turísticos; a soleras y muebles descontrolados en la calle o la contaminación del aire, la odorífera, la lumínica. “También hubo personas que trasladaron que su salud se estaba afectando por la proliferación de antenas de telefonía y que protestaron por los denominados chemtrails –estelas de vapor en el cielo-, entre otras”.

En materia de mantenimiento, las reclamaciones de 2023 estuvieron vinculadas a aceras y calzadas en mal estado; a peticiones de bacheo, asfaltado, mejora de pavimento y sustitución de arquetas, entre otros. También se registraron quejas por deficiencias concretas de alumbrado público; y por elementos del mobiliario urbano -bancos, papeleras, muros, etc- y otros asuntos enmarcados en el aspecto general de la ciudad.

El defensor hizo hincapié en el hecho de que “la ciudadanía reclama cada vez con mayor intensidad una adecuada atención a los árboles, arbustos, plantas, flores, maceteros, parques y jardines: no sólo se pide una mayor plantación de especies, sino que los vecinos quieren la adecuada conservación de los ejemplares existentes, es decir, puesta a punto de todos los elementos de riego, sistemas de drenaje, arriates, alcorques y en general, adecuado funcionamiento y ampliación de zonas y puntos verdes de la ciudad”.

Como propuestas de acción de este 'macro apartado', la más importante según Manuel Martín podría ser impulsar una campaña informativa que proporcionara al ciudadano los principales medios de contacto dada la diversificación de vías a través de las que se pueden comunicar incidencias “buzón de Inagra, app de Gecor, teléfono 010, redes sociales, las propias concejalías”. También ha abogado por intensificar la labor de las policías ambientales, impulsar campañas de concienciación ciudadana y “escuchar las peticiones vecinales de las juntas de distrito en estas materias”.

Avanzar en el mapa de ruidos y hacer cumplir las normas

Llegados a las quejas por ruidos, Manuel Martín ha señalado que en este punto “la sensibilidad ciudadana es elevada, el ruido es percibido como un problema ambiental que afecta a la salud, al sueño, a la calidad de vida de toda la población, mayores, adultos, jóvenes y niños” y por ello “constituye una queja constante para Granada y para muchas otras ciudades de tamaño medio y grande”.

En sus palabras, este debate no debe ir hacia una confrontación de intereses entre vecinos: “No caben discursos que hagan incompatibles derechos: derecho al descanso, y también, derechos al disfrute y a la actividad económica, pero las normas están para ser cumplidas y en el caso de la contaminación acústica se cuenta con un amplio abanico de ellas”.

En cuanto a los focos emisores, se registraron quejas por exceso de decibelios en algunas terrazas; ruidos provocados por bares de copas que no cumplen con el nivel máximo, pero también de “locales perfectamente insonorizados en su interior, pero que generan un importante ruido cuando el público sale al exterior a tomar el aire, saludar, conversar o fumar un pitillo”.

Y más allá de los establecimientos, se ha referido a las rutas y horarios de los camiones de recogida de residuos. "No es sólo el sonido del vaciado en el camión, el del propio vehículo, el ajetreo de la manipulación o la conversación entre los trabajadores sino también el hecho de sean diferentes los horarios de cada uno de los vehículos de recogida de residuos que van llegando en horario nocturno”, ha señalado.

Según ha explicado Manuel Martín, el área responde y pide a las concesionarias que extremen precauciones; asegura que la recogida se realiza con el criterio de minimización de impacto sonoro tanto en materia de transporte como de manipulación de contenedores; se contemplan medidas de adaptación de camiones y se fijan criterios. Pero ha matizado que “toca recordar la necesaria renovación de la flota de vehículos hacia modelos que eliminen las emisiones de CO2 y reduzcan significativamente el ruido”.

En 2023 llegaron quejas asimismo por ensayos de bandas de música en la vía pública, por motos de gran cilindrada en descampados; por música en la calle; por aires acondicionados; y hasta por repiques de campana; persianas metálicas o por gente en parques al atardecer y anochecer.

El defensor ha recordado a la ciudadanía que, entretanto se avanza con el mapa estratégico para reducir los niveles acústicos y se pone en marcha un plan de acción con medidas “deben dirigir su denuncia a la policía en el momento justo de producirse el ruido”. Al tiempo, “deben cumplirse las ordenanzas y continuar avanzando en iniciativas de movilidad: zonas de bajas emisiones, fomento de un transporte público de calidad, peatonalización progresiva, adecuación de los vehículos de servicio público; obligatoriedad de silenciador en motos, etcétera, etcétera” ha propuesto.

Para el defensor, “la lucha contra la contaminación acústica formará parte del ADN ciudadano con las acciones formativas e informativas adecuadas; hace falta un mayor conocimiento de las normas vigentes y una mayor sensibilización sobre las necesidades ajenas”.

Mayor información sobre tráfico y revisión de aparcamientos de residentes

Tras la limpieza y los ruidos, el informe anual 2023 contiene y detalla otras materias importantes como la movilidad, un asunto que absorbió un 9% del total de reclamaciones y que pone sobre la mesa avisos y peticiones en materia de transporte público, cortes de tráfico, seguridad vial, presencia de agentes en las calles, elementos de ordenación o quejas por infracciones de tráfico, entre otras.

En lo propositivo, el defensor ha solicitado al área “más información a la ciudadanía sobre cambios de sentido por obras, sobre planes de movilidad, sobre procedimiento de reclamación de multas, sobre zona de bajas emisiones, sobre desvíos en barrios” porque “comunicación, participación vecinal y posibilidad de contactar con los servicios resultan primordiales en una materia que afecta de lleno la vida cotidiana”.

Y una recomendación concreta: “En 2023 la oficina del defensor hizo suyas las reclamaciones de un vecino empadronado en Granada capital y conductor habitual de un vehículo de renting cuya póliza de seguro figuraba a su nombre, que había visto denegada en dos ocasiones la autorización de aparcamiento para residentes en vías de estacionamiento limitado”.

Tal y como Manuel Martín ha informado, para denegar dicha petición, el Ayuntamiento invocaba lo establecido en el artículo 4.2. de la Ordenanza y denegaba la petición aduciendo que la titularidad del vehículo es una persona jurídica y que el vehículo no tiene su domicilio fiscal en Granada.

Para el defensor, “sería interesante que las concejalías de Hacienda y de Movilidad volvieran a estudiar si dicha desestimación podría estar provocando una posible restricción por razones económicas o una posible restricción a la libertad de acceso a los bienes de consumo a quienes, siendo conductores habituales de un vehículo –cuya póliza de seguro asumen-, no detentan la propiedad de dicho bien y optan por el sistema de renting”.

Dependencia, accesibilidad y otras barreras

Por su parte, materias como 'Dependencia, accesibilidad y otras barreras' para personas con discapacidad coparon un 6% de las atenciones realizadas el pasado 2023 con quejas relativas a Ayuda a Domicilio; retrasos en la aplicación de la ley de dependencia; peticiones de supresión de barreras arquitectónicas; problemas de personas sin hogar; de personas con diversidad funcional y llamadas de usuarios con trastorno mental, entre otros asuntos.

Manuel Martín ha matizado que los Servicios Sociales “conforman una gran concejalía que abarca un amplísimo abanico de actuaciones en respuesta a las necesidades familiares, personales y sociales de los granadinos; necesidades que cuando llegan a la oficina no siempre resultan propiamente quejas sino también peticiones de asesoramiento o ayuda”.

Y en la materia ha pedido a las administraciones que atiendan el documento de reivindicaciones planteado por asociaciones que trabajan con algunos de los colectivos, “deteniéndose en temas muy concretos como rampas en buses, viviendas accesibles, ayudas para la cobertura en el mantenimiento de sus centros, agilizar la valoración, grado y prestaciones de la ley de dependencia, mas taxis adaptados, plazas en pisos tutelados y eliminación progresiva de barreras, entre otras variadas demandas”.

Para las personas sin hogar, el defensor ha propuesto, entre otras, “la unión de todas las administraciones para compartir medios, recursos y canales de colaboración que anticipen y provean sus necesidades, unas necesidades que van más allá de un techo donde cobijarse”. Y al respecto ha sugerido “impulsar un pacto de Estado respecto de una realidad que tiene una dimensión europea, nacional, autonómica, provincial y local. Y que el gobierno de España financie a las comunidades autónomas y ayuntamientos con los recursos adecuados a través de un plan nacional de apoyo o un proyecto similar”.

En materia de salud mental ha incidido en la necesidad de planes de prevención y promoción de la salud mental, una mayor coordinación entre las distintas instancias que se relacionan con el colectivo y, sobre todo, “una adecuada dotación de recursos humanos y económicos”.

Buenas prácticas que sirven de modelo en atención ciudadana, medicación y resolución de quejas

Manuel Martín ha hecho referencia a otras temáticas que llegaron en forma de quejas; desde la ocupación de la vía pública al Urbanismo, desde las concejalías de Salud y Consumo a la de Hacienda, y por supuesto, reclamaciones patrimoniales, conflictos vecinales y otros.

Y ha hecho hincapié en el capítulo III de la memoria anual denominado 'Buenas prácticas de gestión en la administración', que recoge diez casos de buenas praxis del pasado año -“han quedado en el tintero otros ejemplos formidables”-. Se trata de casos que ilustran actuaciones destacadas por un aspecto concreto. Y así hay testimonios del buen hacer en materia de comprensión y diálogo con usuarios reincidentes; casos que que ejemplifican el valor de la escucha activa, el de la personalización en la atención, la fuerza de la coordinación para resolver problemas, la perseverancia o la importancia de la mediación. Asimismo en ese decálogo de buenas prácticas se muestran testimonios concretos que demuestran que la reclamación es también “un modo de corregir fallos, un indicador de un sentir ciudadano y una herramienta para mejorar procesos de trabajo”.

Para terminar, Manuel Martín se ha dirigido a los corporativos recapitulando otras cuestiones importantes a su entender: “pido que este pleno atienda algunas otras recomendaciones más concretas; la relativa a crear una ventanilla única en materia de vivienda para facilitar todas las gestiones relacionadas con esta problemática; la de mayor presencia de la accesibilidad arquitectónica en los presupuestos; la de escuchar las peticiones de las asociaciones que trabajan con personas con diversidad funcional; la relativa a vigilar el consumo en edades precoces de pipas de agua; la de ofrecer formación o información a las juntas de distrito sobre el funcionamiento de GECOR, etcétera”.

Manuel Martín ha finalizado su intervención con la imagen con la que arrancó, la foto de Doñana “que simboliza la necesidad de acuerdo que todos tenemos; la importancia de la persona y su dignidad; el diálogo en aras del interés general que debe ir copando cada vez mayores espacios en la vida institucional y pública, de la vida comunitaria, económica y social. Como defensor de la ciudadanía he aprovechado este espacio para pedir y aprovecho también para agradecer que se me escuche y agradecer la voluntad de mejora que todos los aquí presentes tenemos”.

Marifrán Carazo agradece la labor del defensor del ciudadano

La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, agradeció la labor realizada por el defensor del ciudadano de Granada, Manuel Martín, quien ha presentado esta mañana ante el Pleno del Ayuntamiento el Informe Anual 2023, afirmando que “es el camino que no es empuja a seguir trabajando en conseguir una Granada mejor. Si trabajamos de forma coordinada y de la mano con las asociaciones y agentes implicados, obtendremos mejores resultados”.

Los datos presentados por el Defensor del Ciudadano registran un descenso del 10,7% con respecto al año anterior, lo que supone más de 2.000 atenciones menos, cifradas en 10.834 las registradas en 2023. Entre los asuntos expuesto, la alcaldesa ha mostrado su interés y apoyo a seguir trabajando y "remar todos para seguir avanzando en lograr una Granada mejor", comprometiéndose en concreto en temas como el acceso de los ciudadanos a la administración, la vivienda, el empleo y buscar soluciones para el problema de los cortes de luz en la zona norte.

Una de las prioridades reflejadas por la alcaldesa en contestación al defensor del ciudadano ha sido el facilitar el acceso del ciudadano a la administración local, "mi compromiso es acercar el Ayuntamiento al ciudadano, haciéndolo más ágil y eficaz, con cambios organizativos y funcionales en todos los centros en los que se atiende al ciudadano, con la digitalización de las tramitaciones para hacerlas más cercanas, y sin excluir a nadie, acompañando y asesorando".

En este punto se ha referido a que "hemos solventado los inconvenientes que genera la petición de la cita previa para personas mayores y aquellos que tienen dificultad para el acceso a internet, facilitándoles asistencia in-situ. En este aspecto hay que destacar que más el 90% de los usuarios que viene al Ayuntamiento sin cita previa, son atendidos en el día".

"Vamos a seguir mejorado el funcionamiento de los tótems que hay instalados en las oficinas de registro y queremos que sea posible solicitar cita presencial sobre la marcha, esto ya es una realidad en oficinas como Mondragones o Plaza del Carmen, pero lo vamos a implantar en todas las oficinas municipales que atienden a los ciudadanos", dijo.
Incidió en que "es nuestro compromiso, debemos avanzar en la consecución de una administración más ágil. Muestra del trabajo realizado ya en esta senda es la actualización en nueve meses de hasta once ordenanzas reguladoras de aspectos fundamentales como la limpieza, la convivencia, la movilidad, la ayuda a domicilio, el estacionamiento limitado ORA y la actividad empresarial".

"De este modo evidenciamos con hechos nuestro compromiso para impulsar una nueva normativa municipal dirigida a agilizar, facilitar y mejorar la vida al ciudadano con ordenanzas que bajo los principios de eficiencia y eficacia agilicen la relación de la ciudadanía con su ayuntamiento. Ello va ligado a nuestra intención de crear una Granada más atractiva para vivir e invertir atrayendo también la inversión y, mediante la oficina aceleradora de proyectos, acompañar en sus trámites a todo aquel que decida invertir en nuestra ciudad", añadió.

Además, se ha referido a nuestro compromiso con la vivienda, dando un especial apartado a la vivienda social, en este apartado destacar que en la pasada Junta de Gobierno Local hemos dado luz verde a tres nuevos pisos que se suman a los cinco ya existentes para acoger a personas vulnerables con necesidades extremas, que se suman a las distintas acciones que se ejercen desde esta administración local.

En esta línea también se refirió Marifrán Carazo a la necesidad de la promoción de la vivienda, atendiendo las demandas de nuestros jóvenes o personas con menos medios económicos con la construcción de 1.300 viviendas VPO, que ya están recogidas en el PGOM , en paralelo a las construcción de otras 14.200 nuevas viviendas, "y todo ello presentado en menos de ocho meses de gobierno municipal, que tiene también como reto fijar y aumentar población y para ello somos conscientes de la importancia de la vivienda", añadió.

Cabe también mencionar en este aspecto que, desde el primer momento hemos dado muestra de nuestro compromiso con la rehabilitación y la agilización de las licencias. Señalando que la "vivienda también es un asunto que requiere consenso en la aprobación de nuestro PGOM que ya está en marcha. No olvidemos que fomentar la construcción de vivienda también repercutirá en una mayor oferta y por tanto un abaratamiento de los alquileres".

En concreto, también se ha referido al problema de los cortes de luz en la zona norte, la primera edil se ha comprometido a “seguir liderando debates y dar una respuesta coordinada a través de un Pacto de Estado que implique a todas las administraciones, con los colectivos y asociaciones implicadas para obtener soluciones globales”. Manuel Martín, ha apuntado que "los cortes de luz vuelven a copar de manera abrumadora el mayor porcentaje de las reclamaciones, con un 17% sobre el total".

Carazo destacó que "desde el primer momento hemos instado a través de la mesa de los cortes de luz y hemos dado pasos para plantear soluciones que comienzan a dar sus frutos. Ejemplo de ello es que se haya puesto a disposición de los colectivos e integrantes de la Junta Municipal de Distrito un canal directo con la suministradora para tratar de encontrar una solución más rápida a los problemas de cortes de luz que padecen regularmente. Este servicio permite que los afectados puedan dar comunicación de las incidencias, de manera que el usuario queda localizado para la empresa de cara hacer seguimiento de cada uno de los casos. También hemos dotado al centro cívico Norte de un trabajador para que realice labores de ayuda a los afectados y atender especialmente la situación de las personas electrodependientes.

También el defensor del ciudadano ha propuesto la instalación de "SAIS domésticos" para "los hogares de personas electro-dependientes del barrio".

"Sin embargo, es necesario fortalecer la presencia de la Policía Nacional, para ello es imprescindible el apoyo de Gobierno de España, que actúe en la zona reforzando efectivos para garantizar la seguridad y actuar contra el cultivo de marihuana y la defraudación del suministro eléctrico. La seguridad es una cuestión fundamental para atajar y controlar estos problemas y es también necesaria para que esos transformadores tan requeridos para el distrito puedan instalarse con garantías", aseveró.

Por último, ha hecho una referencia al Empleo, argumentando que "todo pasa por traer proyectos y empresas a Granada que generen inversión y por tanto empleo, también de la mano de la iniciativa privada, para conseguir que nuestra ciudad crezca y en paralelo fortaleciendo el comercio y generando más turismo".

"Es necesario estar todos unidos y apoyados por los distintos sectores que contribuyen a que Granada sea una ciudad más fuerte, apostando por proyectos como ser Capital Cultural Europea de 2031, de la mano del a Universidad, que es un gran valor para nosotros", concluyendo al decir que "confío en que en los asuntos fundamentales para la ciudad estemos todos unidos para conseguir una Granada más próspera y solidaria, implicando a todas las administraciones, cada uno en sus competencias".