CSIF Granada exige al Gobierno la subida del 2% pactada para enero de 2020
El sindicato advierte que los empleados públicos no van a tolerar que se retrase "ni un día" un incremento que fue pactado en 2018
Representantes del sindicato CSIF han protestado hoy ante la subdelegación de Gobierno para exigir la subida salarial del 2% con efectos a 1 de enero de 2020 mediante Decreto para todas y todos los empleados públicos, a pesar de la actual parálisis política.
Para la presidenta de CSIF Granada, Victoria Pineda, la actual situación en funciones del Gobierno “no supone un obstáculo para hacer efectiva la subida salarial de los empleados públicos, solo es una cuestión de voluntad política, ya que estamos a punto de finalizar este año y no hemos visto ningún avance en lo pactado en marzo de 2018 en el II Acuerdo para la mejora del empleo público y de condiciones de trabajo”. Dicho acuerdo para la Función Pública contempla una subida salarial de entre el 6,1 % y hasta el 8,8 % a tres años durante el periodo 2018-2020.
De acuerdo a la legislación vigente, Pineda señala que “el Gobierno está facultado para dar luz verde a esta subida salarial a través de la aprobación de un Real Decreto y no puede ampararse en la actual situación en funciones para no aplicarnos la subida salarial pactada. De hecho, esta fórmula ya fue utilizada por el Gobierno en 2019 ante la situación de prórroga presupuestaria y, hoy mismo, la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados tiene previsto convalidar cuatro decretos sobre parámetros retributivos del sector eléctrico; la organización de la Cumbre contra el Cambio Climático; medidas sobre administración digital y contratación en el sector público, y la paga de diciembre de los pensionistas”.
CSIF Granada considera que los 56.000 empleados públicos de la provincia de Granada tienen el mismo derecho a que se actualicen sus retribuciones desde enero y en caso de no ser atendida esta justa reivindicación, el sindicato continuará con las medidas de presión necesarias en todo el país.
Por último, la presidenta provincial apostilla que “no vamos a tolerar que los trabajadores de las administraciones públicas paguemos de nuevo el pato ni que nuestras condiciones laborales se vean perjudicadas por la falta de acuerdo para formar un Gobierno estable. El panorama es preocupante, pero más aún si tenemos en cuenta que los empleados públicos arrastramos una pérdida de poder adquisitivo del 20 por ciento desde los inicios de la crisis pese a que hemos sostenido sobre nuestros hombros el funcionamiento del Estado y de los servicios públicos con profesionalidad”.