CSIF rechaza que los empleados públicos granadinos se vuelvan a quedar este año sin ayudas de Acción Social

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) en Granada, primera fuerza sindical en la administración pública y con presencia creciente en la empresa privada, ha rechazado de plano que las empleadas y los empleados públicos de la provincia y de la comunidad andaluza vuelvan a quedarse un año más sin ayudas de Acción Social debido a la falta de consignación presupuestaria para las mismas en 2023, salvo en el caso de las destinadas a personas con discapacidad. Ello pone de relieve “la falta de voluntad de la Junta de Andalucía para retomarlas” después de que dejaran de concederse hace más de una década, concretamente en 2011, según ha denunciado el sindicato.

Para CSIF, “la Junta se escuda en limitaciones de carácter legal que afectan a aquellas comunidades que incumplen el déficit de gasto, entre las que no se encuentra Andalucía, pero en el fondo esta dilación responde a su falta de voluntad política por retomar estas ayudas y, por lo tanto, su falta de prioridad presupuestaria para dar cobertura a estas prestaciones que, entre otra cuestiones, posibilitan una mejor conciliación familiar y laboral, apoyo en el cuidado de hijos e hijas y ascendientes a cargo, o ayudas a víctimas de violencia de género o de carácter sociosanitario, entre otras”.

La Central Sindical critica que “el gobierno andaluz siga incumpliendo el acuerdo de Mesa General de 13 de julio de 2018 para la mejora de la calidad del empleo público y de las condiciones de trabajo del personal del sector público andaluz, en el que se recogía la recuperación de las ayudas de Acción Social, y que un año más los empleados y empleadas públicas que dependen de la Administración autonómica se ven privados de la posibilidad de optar a estas ayudas, a las que en el último ejercicio en el que fueron concedidas se destinaron en torno a 35 millones de euros”.

El “paripé” de la administración

“En resumidas cuentas, la administración ha estado haciendo el paripé, demorando y mareando la perdiz para conseguir el que era su objetivo, lo que vuelve a dejar a sus empleados públicos sin ayudas de acción social después de más de diez año sin ellas”, lamenta el sindicato.

Además, otras comunidades autónomas sí han recuperado ya dichas ayudas, que fueron limitadas en su momento por el Real Decreto Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público.

Desde CSIF aseguran que seguirán "trabajando y reivindicando la puesta en marcha de nuevo de estas ayudas, que son esenciales para los más de 37.800 empleados y empleadas públicas de la provincia de Granada dependientes de la Administración autonómica andaluza y que adquieren aún más relevancia en un periodo de problemas económicos para las familias como el que vivimos".