Cuenca no ve justificado que se mantenga su "imputación" por su etapa como delegado y pide el archivo

El alcalde de Granada, Francisco Cuenca, ha solicitado al Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla que archive la causa abierta contra él por su actividad, entre 2010 y 2011, como delegado de Economía e Innovación de la Junta en esta provincia, al entender que de las diligencias practicadas desde que declaró, hace casi un año, hasta ahora resulta "imposible concretar" ninguna conducta que "justifique su imputación".

En esta causa, que se extiende a más provincias andaluzas, el juez de refuerzo de Instrucción 6 de Sevilla trata de indagar si durante su etapa como delegado Cuenca usurpó las funciones de los funcionarios que por ley tenían atribuida la realización de las inspecciones para cursos de formación en Economía Social.

En el escrito presentado ante el Juzgado, al que ha tenido acceso Europa Press, la defensa de Cuenca recuerda que ya solicitó el archivo de la causa al poco tiempo de que declarara en diciembre del año pasado, pero entonces el juez aplazó su decisión a la espera del resultado de las diligencias que estaban pendientes, tanto testificales como documentales.

Una vez practicadas estas diligencias, la defensa sostiene que "en ninguna de ellas se traduce la existencia de conducta reprochable" para el actual alcalde de Granada "en cualquiera de sus ámbitos de actuación" como delegado.

El letrado recuerda al Juzgado que en los últimos meses se ha producido una circunstancia relevante, "además del paso del tiempo"; y es que la Fiscalía se ha adherido parcialmente al recurso presentado por la defensa de otros dos investigados en la causa --la exjefa de servicio de Economía Social de la Delegación Provincial de Málaga y la exsecretaria general de la Delegación-- y ha solicitado el sobreseimiento para las dos en relación al delito de usurpación de funciones.

Defiende que en el caso de Cuenca no se observa "irregularidad alguna en los dos contratos menores" que se investigan y que están vinculados al seguimiento de la ejecución de cursos de formación profesional ocupacional para la economía social en la provincia. El primero de ellos data del 24 de marzo de 2010, con un presupuesto de 12.412 euros, y el segundo del 30 de marzo de 2011 con un presupuesto de 12.000 euros.

Alega que no se puede poner "ninguna objeción" al procedimiento de contratación de estos contratos por cuanto se cumple, "en toda su extensión", los requisitos de la Ley de Contratos del Sector Público y que "debe descartarse, por completo, la posibilidad de un mismo contrato fraccionado", pues "se trata de ejercicios distintos" y de seguimientos de jornadas diferentes y dotaciones presupuestarias correspondientes al año 2010 o 2011".

También subraya que son actuaciones claramente diferenciadas de la Dirección General de Economía Social y, a estas alturas de la instrucción, "todo ello ha quedado totalmente acreditado". A ello suma que tampoco se ha detectado, ni tan siquiera alegado, "irregularidad alguna en el proceso de selección de la empresa adjudicataria o arbitrariedad de cualquier tipo".

La defensa del alcalde de Granada concluye que "a estas alturas de la instrucción resulta imposible concretar" alguna conducta o resolución que justifiquen el mantenimiento de su imputación, que se acordó junto a otras "más bien como un estatus de protección procesal que como concreción de la investigación criminal de su conducta". Por todo ello, solicita el sobreseimiento libre o subsidiariamente el sobreseimiento provisional de la causa para él.

El caso surgió a raíz de la denuncia interpuesta por el Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF) por posibles delitos de usurpación de funciones públicas, prevaricación y fraude en la contratación. La Audiencia Provincial de Sevilla confirmó hace unos meses la declaración de especial complejidad de la causa.