De Doñana al pequeño Julen
La tragedia del pequeño Julen, que durante tantos días tuvo en vilo a toda España, ofrece otro ángulo de observación: el problema de los pozos ilegales y la dificultad de controlar tantas y tantas perforaciones como se hacen sin conocimiento de la autoridad competente que -también hay que decirlo- tampoco pone de su parte todo lo que una cuestión así debería conllevar.
Por una casualidad del destino y sin que los dos casos guarden relación entre sí, hemos conocido en los mismos días en que los equipos de la Guardia Civil y los mineros asturianos luchaban a la desesperada contra el tiempo que la Unión Europea abría expediente a España ante el alarmante descenso de los acuíferos en el Parque de Doñana. Estamos hablando de la mayor reserva natural en el sur de Europa, sobre la que la UE se ha cansado de observar cómo las Administraciones encargadas de su control se vienen mostrando incapaces de evitar las extracciones ilegales en Doñana.
La Comisión europea llevará a España ante el Tribunal de Justicia de la UE "por no haber tomado las medidas adecuadas para proteger las masas de agua subterránea" que alimentan los humedales de Doñana, como establece la legislación comunitaria en su directiva marco sobre el agua. La conservación de los humedales exige la disponibilidad suficiente de agua de buena calidad para garantizar la conservación de los muchos hábitats que de ella dependen. Marismas y lagunas son alimentadas por aguas superficiales, principalmente el estuario del Guadalquivir y el acuífero subterráneo del que -la Comisión aprecia- "se están desviando grandes cantidades de agua tanto para agricultura como para las necesidades del turismo local", lo que ha tenido las consecuencias negativas en un nivel freático que "se está hundiendo".
España, sus administraciones, está obligada por ley a garantizar la conservación de los acuíferos que sostengan los ecosistemas de los que depende el Parque. Algo que ya venían denunciando distintas organizaciones ecologistas.
He aquí -a mi modo de ver- uno de esos espacios que siempre debieran permanecer en el ámbito de las competencias estatales, porque ante un caso como el que ahora saca los colores de los organismos implicados en la conservación -Ministerio, Junta y ayuntamientos de la zona-, cada uno de ellos encuentra cómo sacudirse la responsabilidad pasándole la pelota del desafuero a cualquiera de los otros dos, especialmente si está gobernado por un partido de color distinto al propio. Y ello porque con la experiencia de los años transcurridos se ha podido comprobar la incapacidad de la Junta para acabar con las extracciones.Digo esto porque la gestión se la Junta se ha visto viciada y mediatizada por los intereses de partido y los equilibrios geopolíticos de las sucesivas convocatorias electorales.
En la zona, como en otras muchas donde se declara la protección medioambiental, paisajística o patrimonial, sus habitantes suelen recibir con hostilidad semejantes declaraciones por parte de las autoridades, sean nacionales o europeas, que perciben más como una contrariedad que como una ventaja. Y los habitantes del entorno de Doñana no son excepción. La resultante de ese panorama suele terminar en la 'vista gorda' y la 'manga ancha' a un problema que no es tan desconocido como se pudiera imaginar en un Parque de especial protección.
Si esto que ha pasado durante décadas en Doñana, terrenos públicos sometidos a la protección y vigilancia de la autoridad, podemos imaginarnos que las dificultades se multiplican cuando hay que controlar terrenos privados. Ya en marzo pasado, cuando la desaparición del pequeño Gabriel, movilizó a una masa de voluntarios que 'peinaron' los terrenos del Poniente de Almería donde se vivió la tragedia, afloraron multitud de pozos no conocidos en el mapa oficial de la Junta. El pozo de esta tragedia de ahora en Málaga vuelve a poner de manifiesto la gravedad de estas extracciones ilegales que, aunque se hagan en terrenos privados, no por ello dejan de hurtar agua, un bien que es de todos.
