Decretan apertura de juicio oral a altos cargos de la CHG por vertidos en la cárcel de Albolote
El caso fue denunciado por una particular en marzo de 2010, que señalaba que desde 1997, cuando se construyó la prisión, se han causado "graves y reiterados daños" en una finca de su propiedad
El Juzgado de Instrucción número 6 de Granada ha decretado la apertura de juicio oral contra varios altos cargos de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) entre ellos su presidente, Manuel Romero, por posible delito medioambiental en el caso de los supuestos vertidos ilegales de aguas fecales procedentes de la depuradora de la prisión de Albolote (Granada).
Junto a Romero se encuentran el jefe de Calidad de Aguas de la CHG, Cándido Brieva; el comisario de Aguas, Rafael José Álvarez, y el subdirector general de Servicios Penitenciarios, Enrique Caracuel, según consta en el auto dictado por el Juzgado, al que ha tenido acceso Europa Press y que adelanta el diario 'Granada Hoy'.
La Fiscalía ha solicitado la absolución de estos cuatro altos cargos, mientras que la acusación particular --que ha interesado la apertura de juicio oral-- les pide seis años de cárcel y 17 de inhabilitación por un posible delito contra el medio ambiente y otro de prevaricación ambiental.
El caso fue denunciado por una particular en marzo de 2010, que señalaba que desde 1997, cuando se construyó la prisión, se han causado "graves y reiterados daños" en una finca de su propiedad, concretamente el Cortijo Las Torres, donde se encuentra el cauce del arroyo Juncal, debido a vertidos de aguas residuales.
La Fiscalía ha remitido no obstante un escrito absolutorio al juzgado al entender que los hechos no constituyen infracción penal respecto a estos altos cargos.
En el escrito, consultado por Europa Press, el Ministerio Fiscal hace alusión a un auto anterior de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Granada en lo relativo al mal funcionamiento de la estación depuradora de aguas residuales.
Se expone que "no consta que existiera una inactividad completa por parte de Instituciones Penitenciarias en el intento de controlar los vertidos porque de hecho se tomaron medidas, como lo demuestran los escritos dirigidos a la CHG y la existencia de contratos de mantenimiento de las instalaciones con diversas empresas y ello aunque las medidas fuesen insuficientes".
En igual sentido se pronuncia la Fiscalía sobre la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, por cuyo organismo consta que se incoaron diversos expedientes sancionadores.
A juicio de la Fiscalía, "la complejidad del organigrama de Instituciones Penitenciarias y del procedimiento para adoptar las medidas adecuadas y dotación de presupuesto que solventaran la calamitosa situación" de la estación depuradora de la cárcel de Albolote, "obligan a concluir que, a pesar de la realidad de los vertidos de aguas residuales gravemente dañinos para el medio ambiente (...) y para la finca de cultivo Cortijo las Torres (...) no cabe imputar aquellos a las personas contra las que se ha dirigido el auto de incoación de procedimiento abreviado", que ha sido apelado ante la Audiencia según avanza también el citado diario.
