El defensor de la ciudadanía pide a Europa una carta de emplazamiento al Reino de España para poner fin a los cortes de luz

El defensor de la ciudadanía de Granada ha pedido en la tarde de este jueves ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo en Bruselas el amparo institucional para las familias y vecinos del distrito Norte de la capital que, “pagando sus facturas eléctricas, son privadas de este suministro esencial”. Una petición que ha concretado en solicitar una “carta de emplazamiento” al Reino de España para que adopte las medidas necesarias que resuelvan los constantes cortes de luz en el barrio.

El citado requerimiento a España por parte de la Comisión Europea permitiría, según ha explicado Manuel Martín, tanto la comprobación “sobre el terreno” del grado de aplicación de la legislación europea al respecto como la apertura de un proceso de revisión “de las inversiones reales en materia de infraestructuras realizadas por la empresa en centros de distribución y cuadros de baja tensión” porque en sus palabras, la situación de Norte se debe básicamente a los “graves problemas y deficiencias que tiene la Red de Distribución”.

Acompañado por el presidente de la junta de distrito Norte, el concejal Jacobo Calvo, así como dos de los vecinos del barrio afectados por el problema; el cura de La Paz, Mario Picazo y Rosa García, presidenta de la asociación Nueva Cartuja, Manuel Martín ha dibujado la realidad y sus consecuencias en negocios, servicios públicos y hogares; y después de agradecer la acogida, ha confesado a los eurodiputados asistentes esperar “una actuación muy concreta y exigente en el ámbito de sus competencias”. El defensor ha celebrado que tras más de una década arrastrando un problema “en apariencia irresoluble, hoy Europa nos escucha; dedica tiempo a esta penosa realidad y a poner de su parte para remediar algo que atenta contra derechos fundamentales”.

Razones para pedir el amparo europeo

A lo largo de toda su alocución, se ha referido a los documentos y datos técnicos aportados de antemano que “evidencian lo que sucede” y avalan las razones para pedir el amparo europeo, por lo que ha preferido señalar algunas historias humanas como la de Rosario García, una vecina del distrito cuya hija preparó sus pruebas de acceso a la Universidad a ratos bajo la luz de una farola del alumbrado público “una estudiante esforzada que representa la fuerza de David contra ese Goliat que son las empresas eléctricas”.

También ha enumerado elementos de la vida cotidiana que se ven directamente amenazados por los cortes de luz: “en el distrito Norte hay viviendas con máquinas para aspirar secreciones, grúas para mover personas con movilidad reducida, pulsioxímetros, respiradores, semáforos, y sillas de ruedas eléctricas; hay neveras que guardan insulinas que se echan a perder cuando los cortes de luz resultan prolongados; hay ascensores que se paran dejando encerradas en sus casas a personas con movilidad reducida; hay centros de salud con enfermeros que hacen curas apoyados en las linternas de sus teléfonos móviles; hay colegios que han llegado a estar hasta cinco días sin luz en las aulas; hay tiendas con ordenadores apagados; bares con frigoríficos apagados; negocios con climatizadores apagados, etcétera”.

Y ha advertido que el problema granadino es extensible a otros puntos de la geografía: “se cuentan por decenas los barrios y municipios andaluces y españoles que están ante idéntica situación”. Para el defensor “no es justo que vecinos y trabajadores, humildes y honrados que pagan puntualmente sus recibos, asuman estos apagones ni es justo que plataformas, colectivos y asociaciones vecinales tengan que organizarse para liderar esta batalla sin medios, sin recursos, sin datos oficiales, sin un conocimiento exhaustivo de las leyes vigentes y, a pesar de la complejidad que supone conocer el sector eléctrico”. A este respecto ha recordado el “caudal de conocimiento técnico que apuesta por esta causa humana a cambio de nada” con mención expresa de dos profesionales conocedores del sector eléctrico.

Al referirse a los incumplimientos, Manuel Martín ha vuelto a remitir a la documentación previamente aportada en su petición de amparo, destacando de ella dos datos que ha considerado especialmente relevantes. De un lado la información sobre número de horas y frecuencia de cortes solicitados en su día a la Junta de Andalucía y referidos al periodo 2016-2021, unos datos (consistentes en un total de 160.751 registros de incidencias) de cuya lectura técnica se deduce “una total inobservancia por parte de E-Distribución SLU en materia de calidad individual, que es la referida a cada contador, a cada consumidor” ha sostenido.

“En el periodo estudiado hubo una media de 3 cortes de luz por hora en el distrito”, lo que ha tildado como “demoledor e inadmisible, como tantas otras conclusiones que “les he facilitado en el pliego de alegaciones del que disponen”.

La segunda razón a la que se ha referido en materia de incumplimientos habla del factor “continuidad en el suministro” y al respecto, Manuel Martín ha advertido de que “si según la legislación, a partir de un número determinado de cortes, la empresa distribuidora tiene una `tarifa plana para cortar´, en verdad, lo que puede estar ocurriendo es que no se da el suministro eléctrico con la mínima continuidad requerida, y en consecuencia, se podría estar impidiendo el acceso a la red de distribución”.

El defensor ha hecho especial hincapié en recordar que la petición de amparo no habla de pobreza energética ni de consumidores vulnerables y ha sido rotundo al afirmar que tampoco cabe “derivar el discurso hacia un fraude eléctrico que, por otra parte, debieran estar preparados para detectar y prevenir”.

“En plena era de la inteligencia artificial y el big data existen métodos y modelos inteligentes para identificar y prevenir fielmente estas irregularidades; es posible monitorizar la telemedida y localizar termográficamente puntos calientes; es posible asignar cada CUP (Código Universal de Punto de suministro, coloquialmente, contador individual) a su correspondiente línea del cuadro de baja tensión, entre otras acciones que debieran estar en marcha hace años si se hubieran hecho las inversiones necesarias en infraestructuras” ha puntualizado.

La petición queda abierta

La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo ha resuelto mantener abierta la petición de amparo institucional para las familias y vecinos del distrito Norte granadino, una resolución que se ha concretado en el compromiso de contactar con las autoridades españolas competentes en la materia para transferirles la documentación de la petición y que, en el marco de la regulación europea, se haga efectiva la necesaria calidad del suministro y se garantice la protección de los consumidores afectados por dichas interrupciones.

Así lo ha expresado la presidenta, Dolors Monserrat, quien ha recordado que no obstante, no es competencia de la citada comisión enviar una misión al territorio para comprobar dicha realidad social, -tal como también solicitaba el defensor-, ni tampoco está legitimada para requerir documentación a empresas privadas distribuidoras de energía, pues son las administraciones españolas las que tienen competencia para ello.

“Poner el foco" en las inversiones de la empresa distribuidora

Para Manuel Martín es importante subrayar que la realidad descrita vulnera derechos de “personas con contrato de suministro; con facturas domiciliadas, con pagos al día” y que, en todos los casos se habla de “suministros esenciales que gozan de una protección especial en materia de calidad y continuidad a la luz de la Directiva 2019/944 del Parlamento y el Consejo Europeo sobre Normas comunes para el mercado interior de la electricidad”.

Así, al señalar “responsables” ha argumentado algunas razones por las que considera preciso “poner el foco” sobre las inversiones a que está obligada la empresa de distribución de energía en Granada, destacando el hecho de que las compañías distribuidoras operen en un mercado regulado en el que “tienen el monopolio de la actividad”, y señalando hacia territorios con idéntico problema cuya red de distribución, tiene el mismo titular, como es el caso de Andalucía, Cataluña o Canarias, algo que en su opinión, “no es casualidad”.

También ha pedido a los miembros de la comisión de peticiones que dirijan su mirada a los datos que la propia empresa E-Distribución SLU publica anualmente en sus cuentas de resultados, “datos que si se estudian pormenorizadamente, podrían señalar tiempos de latencia de la calidad del suministro”. “En este apartado hay que recordar que cuando Endesa anuncia en los medios de comunicación que destina a transformadores e infraestructuras importantes cuantías, es una verdad a medias dado que no son inversiones sino amortizaciones, y siempre superiores a nuevas inversiones” ha dicho.

Para el defensor de la ciudadanía de Granada “es preciso poner el foco en las inversiones a que está obligada Endesa Distribución, una empresa que el pasado 2021 obtuvo unos ingresos (retribución regulada) de 2.059 millones de euros según publica en sus Cuentas Anuales, ingresos que proceden del pago de las facturas de la luz”. Por ello, en sus palabras, “la necesidad actual de inversiones por parte de la compañía para modernizar transformadores y equipos que están obsoletos y acabar con los cortes de suministro continuos es superior a 1.500 millones y, la empresa no va a tomar esta decisión a iniciativa propia” y “no va a actuar si las instituciones no inspeccionan ni revisan su actividad ni la obligan a invertir”.

Solicitud de apertura de un proceso de revisión

Para concluir, Manuel Martín ha reiterado a los miembros de la comisión europea de peticiones que “toda la normativa nacional relativa a distribución tanto en media como en baja tensión, está anclada en directivas y reglamentos europeos que marcan los estándares en materia de calidad, de garantía del suministro y de continuidad de este”. Por lo que ha aseverado que dado que Europa establece las directrices fundamentales, en este sentido también puede instar a los estados miembros a que lleven a cabo procesos de revisión y supervisión para el cumplimiento de estos parámetros.

“Esta es la petición concreta de amparo que hoy traigo aquí en nombre de esas familias y vecinos granadinos, -tal vez extensible a tantas otras ciudades y territorios de Andalucía y España-: comprobar sobre el terreno que no se está aplicando la legislación europea y, al mismo tiempo, instar a la Comisión Europea a dirigir una carta de emplazamiento al Reino de España para que se tomen las medidas necesarias para cumplir con la legislación comunitaria y poner fin, de esta forma, a la falta de inversiones y calidad de la red de distribución de energía eléctrica”.

En definitiva, les ha solicitado que eleven a la Comisión Europea la petición concreta de instar a las instituciones españolas la apertura de un proceso de revisión tanto de la calidad individual del suministro como de las inversiones reales en materia de infraestructuras realizadas por la empresa en centros de distribución y cuadros de baja tensión, a la luz de lo marcado en la Directiva 2019/944.

Martín ha finalizado sus palabras agradeciendo nuevamente la aceptación por parte de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo a estudiar el caso del distrito Norte granadino, que anima a “recobrar la esperanza en las instituciones democráticas, que están para resolver problemas humanos que las personas no pueden revertir por sí mismas”. Y les ha pedido que realicen una “misión en el territorio para conocer la emergencia humanitaria”.

El portavoz ha concluido aterrizando en la realidad de los barrios: “a estas alturas no podemos entender que las instituciones continúen derivándose unas a otras por cuestiones competenciales. Porque entretanto las administraciones no dan respuestas o sólo aportan respuestas parciales e inefectivas, los negocios quiebran o se marchan del distrito; las familias se desesperan; la gente no sabe qué hacer”.

Usando la metáfora de David contra Goliat, el defensor granadino ha expuesto la desproporción entre la realidad “cronificada” a que están sometidas las familias frente a las respuestas de la compañía eléctrica o la propia actuación institucional mediada por asuntos competenciales. “Mientras nadie exige nada a la compañía y nada parece ser exigible ante nadie, se está pidiendo a los afectados que, ante cualquier incidencia llamen a una centralita de teléfono de fuera de España y esperen a ser atendidos; si quieren unos euros de indemnización rellenen formularios y aporten facturas originales de electrodomésticos que probablemente no hayan guardado; si quieren registrar su incidencia, acudan a una asociación voluntaria del barrio y firmen cesión y tratamiento de datos; si pretenden respuestas como clientes que pagan, comprendan que la compañía tiene que cobrarles haya o no haya servicio” ha asegurado.

Y ha finalizado con el ruego a la comisión de peticiones: “por favor ayuden a este distrito y con él y desde él, a tantos otros barrios de la geografía que están en idéntica situación” y el agradecimiento “en nombre de muchísimos granadinos, y seguro que otros barrios y municipios andaluces y españoles”.