El Defensor del Pueblo pide a Junta y Gobierno "acción coordinada" para acabar con los cortes de luz

El Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, ha recomendado a la Consejería de Hacienda, Industria y Energía una "acción coordinada" con la Delegación del Gobierno en Andalucía para acabar con los cortes de luz en la zona norte de Granada capital.

En una nota de prensa, la institución ha informado de que reclama a la Junta que elabore un "diagnóstico común" de la situación, que detalle los problemas que "impiden que el suministro eléctrico se preste con normalidad" en esta zona y que establezca un plan operativo de actuación coordinado con la Delegación del Gobierno en Andalucía.

Desde hace años, la oficina del Defensor recibe quejas denunciando los problemas de suministro eléctrico de esta zona. La Consejería le asegura que la causa de estas incidencias es "el elevado número de enganches ilegales que se producen en la zona, presuntamente dedicados a abastecer de energía eléctrica plantaciones de marihuana".

Fernández Marugán ha considerado que las interrupciones de suministro eléctrico en la zona no pueden continuar y ha abogado por una acción "contundente y coordinada" para resolver el problema. En su opinión, "los actos defraudatorios o incluso delictivos de algunas personas no pueden constituir pretexto para privar de suministro eléctrico a otras".

En este sentido, el Defensor ha resaltado que la energía eléctrica es esencial para la protección de la salud, el derecho a la educación y a la información y, en definitiva, "para una vida digna". Así, ha apuntado que hay personas para las que la privación de energía eléctrica puede "suponer un peligro para su vida".

La institución ha afirmado haber recibido testimonios preocupantes de afectados por este problema: quejas de personas con discapacidad que dependen de aparatos que precisan corriente eléctrica, o que deben desplazarse diariamente en ambulancia a centros sanitarios, que durante los cortes de luz tienen difícil el acceso al domicilio de ellas, así como otros testimonios que vienen a "constatar la gravedad de la situación".

ESTADO DE ALARMA

Además, durante el periodo de estado de alarma para frenar la propagación de la pandemia de covid-19, se produjeron, ha proseguido el Defensor, cortes que "afectaron al derecho a la educación", para el que el suministro eléctrico "fue más necesario que nunca" al haberse suspendido la actividad habitual sustituyéndola por enseñanza a distancia.

También, según Fernández Marugán, "se vio afectado el derecho a recibir y comunicar información", que en este periodo "era fundamental, al tener las personas restringida su libertad de circulación". Así las cosas, "una actuación coordinada" de la Consejería andaluza con la Delegación del Gobierno es, a su juicio, "la única vía para abordar eficazmente el problema".