Dejan sin efecto la imputación de delegadas de la Junta en el caso de los vertidos de la cárcel

La Audiencia Provincial de Granada ha dejado sin efecto la imputación de la actual delegada del Gobierno andaluz en Granada, Sandra García, y de la delegada de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, Inmaculada Oria, en el caso de los vertidos de aguas fecales procedentes de la depuradora de la prisión provincial de Granada, situada en Albolote (Granada), a una finca cercana.

Concretamente, en una resolución de fecha 10 de febrero, a la que ha tenido acceso Europa Press, los magistrados de la Sección Primera estiman el recurso de apelación interpuesto por la representación de García y Oria "contra el proveído de 15 de abril de 2015", dejándolo sin efecto "en cuanto acuerda recibir declaración en concepto de imputadas a ambas apelantes".

El tribunal reprocha al juez instructor, el titular del Juzgado de Instrucción 6 de Granada, falta de concreción en la imputación, ya que sólo "se limitó a copiar, en su proveído, los hechos objeto de imputación por la acusación popular", sin entrar en consideraciones "acerca de qué fundamento tenían tales imputaciones".

Esas consideraciones "resultaban particularmente necesarias a la vista de la indeterminación de lo que la acusación popular atribuía" a las delegadas, "a las que, prácticamente, se pretendía imputar por el solo hecho de haber ostentado el cargo", "sin aclarar qué conductas omisivas, en concreto, habrían tenido trascendencia en relación con los delitos investigados.

"No podemos olvidar que desde el primer acto de imputación nace para el imputado --artículo 118 de la L.E.C.R.-- el ejercicio pleno del derecho de defensa, ejercicio que comporta, ante todo, conocer qué hechos son los que se le atribuyen para poder dar una explicación sobre ellos, evitando tanto las inquisiciones generales como la sustitución de los hechos por conceptos jurídicos, pues ni contra una cosa ni contra otra cabe defensa alguna", advierten los jueves.

Por ello, acuerdan estimar los recursos interpuestos por las dos delegada, mediante un auto que declaran firme.

Las dos delegadas llegaron a declarar ante el juez instructor a finales del pasado mes de junio, y entonces ya alegaron falta de competencia de la Junta de Andalucía en los vertidos y confiaron en el archivo de la causa.

En el caso estuvo también imputado el parlamentario del PSOE y exdelegado provincial de Medio Ambiente Francisco Javier Aragón, pero la Sala de lo Civil y Penal del TSJA también ordenó el mes de julio en su caso el archivo de las investigaciones "por no apreciarse suficientemente indicios de ilícito penal alguno" en su actuación.

Por otro lado, el pasado mes de septiembre el Juzgado de Instrucción número 6 de Granada acordó mantener la imputación contra el presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), Manuel Romero Ortiz, y el comisario de Aguas de este organismo, Rafael Álvarez, por supuestos delitos de prevaricación omisiva, contra la ordenación del territorio y contra el medio ambiente.

En un auto fechado el 3 de septiembre, el magistrado Miguel Ángel del Arco también mantenía la imputación contra el actual jefe de Calidad de las Aguas, Cándido Brieva, y rechazaba la petición de sobreseimiento que había solicitado la Abogacía del Estado para estos tres altos cargos de la Confederación.

El caso fue denunciado por una particular en marzo de 2010, que señalaba que desde 1997, cuando se construyó la prisión, se han causado "graves y reiterados daños" en una finca de su propiedad, concretamente el Cortijo Las Torres, donde se encuentra el cauce del arroyo Juncal.

En este último auto, el juez se refería al daño ambiental que las aguas residuales sin depurar de la prisión han provocado sobre el arroyo, contribuyendo al deterioro de las aguas del río Colomera. Lo hacía basándose en los documentos periciales que apuntan a que estos vertidos suponen "un grave riesgo para el equilibrio de los sistemas naturales", la "integridad del ecosistema acuático" y "la salud de las personas expuestas", así como para las aguas subterráneas y los cultivos expuestos.

El presidente de la CHG es, según entiende el magistrado, el responsable último y principal de todas las decisiones adoptadas en relación a los vertidos procedentes del Centro Penitenciario de Albolote acaecidos en los últimos cinco años. Pese a ello, agregaba, "decidió no imponer sanciones a Instituciones Penitenciarias, ni siquiera abrir expediente" por posibles vertidos ilegales.

"Al efecto, conocía, o debía haber conocido con un mínimo de diligencia, que existen documentos en los que la propia CHG reconoce la constancia de los vertidos fuera de los límites" durante "un amplio periodo de tiempo" que va desde 2009 a 2014.

"CONSTANCIA DE LOS VERTIDOS"

El Comisario de Aguas de la CHG, Rafael Álvarez, fue el "responsable directo de supervisar la concesión de la revisión de la licencia de vertidos" de la prisión y, según exponía el magistrado, ha sido "perfecto conocedor del muy defectuoso funcionamiento de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) y de los continuos vertidos ilegales realizados, sin haber adoptado las medidas oportunas establecidas en la Ley y en la autorización de vertidos".

Respecto al antiguo comisario de Aguas y actual jefe de Calidad de las Aguas, Cándido Brieva, imputado por un delito contra el medio ambiente y otro de prevaricación, el magistrado sostenía que debería de haber adoptado la decisión de ordenar la suspensión de los vertidos, pues en un documento remitido a la prisión reconoció expresamente la existencia reitera de los mismos al arroyo Juncal entre 2009 y 2012 y fijó un plazo de un mes para que se le remitieran resultados y medidas.

Pasado el plazo sin que se le remitiera lo solicitado, "no adoptó medida de ninguna clase con el fin de impedir los vertidos, ni inició expediente sancionador contra el Centro Penitenciario ni revocó la autorización de vertidos" que se había concedido al centro.

De otro lado, la imputación del secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Yuste, ha quedado sin efecto.

Cabe recordar que en el caso también está imputado el subdirector general de Servicios Penitenciarios, Enrique Caracuel, por supuestos delitos de prevaricación omisiva, contra la ordenación del territorio y contra el medio ambiente.

Junto a éste, están imputados, entre otros, el administrador del centro penitenciario y varios técnicos encargados del mantenimiento de la depuradora.