Del sol y otros impuestos

Hace diez años España era líder en la implantación de energía solar y renovable en Europa. Entonces llegó Rajoy. No era casualidad ese liderazgo en el país con más horas de sol de toda Europa. Pero es que en esta España, que es diferente según eslogan ideado en el franquismo, disfrutamos de unas empresas eléctricas que no nos merecemos. En sentido literal. España era líder en energías renovables, en energía solar y entonces llegó Rajoy. No llevaba un año en el Gobierno, cuando sus ideólogos del PP y el Ejecutivo idearon aquella reforma eléctrica de 2013 que no nos merecemos. En sentido literal.

No hay más que echar un vistazo a la factura que se pagaba por consumo doméstico en 2013 y lo que pagamos ahora, cinco años después. Para justificar el injusto y desproporcionado aumento continuo, las eléctricas han aducido sin descomponer el gesto que la factura sube porque llueve mucho. Y al mes siguiente, que la factura sube porque hay sequía. Así. Sin reírse, que tiene más mérito.

El chiste de aquella reforma de la ley y la guinda del texto fue el ‘impuesto al sol’, que algunos analistas sitúan en el centro de todo el proceso: se trataba, en definitiva, de impedir el desarrollo de las energías limpias, disuadir a los usuarios tentados de implantarlas en sus domicilios y obligarlos, en definitiva, a pasar por el aro de las eléctricas y sus precios desproporcionados e ininteligibles. En su perpetración, de paso, dejaron colgadas inversiones millonarias tanto de modestos ahorradores que habían llevado su capital a una industria de futuro real como a empresas especializadas procedentes de países europeos que -como era de esperar- no se quedaron cruzadas de brazos.

Sustanciados los pleitos en la Corte europea, uno tras otro -y los que quedan- van dando la razón sucesivamente a todos los que reclamaron. Sin entrar en la paradoja de un país que decreta un impuesto al sol, la cuestión en términos jurídicos está más clara que un mediodía de agosto: son inversiones que se hicieron con arreglo a una ley en vigor y que no podían verse afectadas por una norma sobrevenida como fue la restrictiva reforma que impuso el Gobierno de Rajoy.

En su momento se pronosticó una cascada de reveses judiciales millonarios. Es lo que está pasando, como ha publicado estos días ‘Granada Hoy’, a propósito de unas plantas solares en la comarca granadina de Guadix. Por decisión de la Corte de Arbitraje europea, habrá que indemnizar a la empresa que tan flagrantemente fue perjudicada. Serán 112 millones de euros de indemnización que se unen a otras sentencias anteriores y se unirán a las que todavía quedan por venir, pero no sufran por las eléctricas españolas, esas que nos suben la luz porque está lloviendo mucho y un mes después nos la vuelven a subir porque hay sequía. No, esas eléctricas españolas no pagarán. Para eso está el Estado, es decir los contribuyentes, los mismos que rescatamos a los bancos, que se han quedado con 60.000 millones que ya nunca volveremos a ver. Bancos que, por cierto, se sientan en los consejos de administración de las eléctricas.

Con decisiones como aquella de 2013, la reforma eléctrica que tanta incidencia dañina tuvo no ya en este sarcasmo del ‘impuesto al sol’ sino, sobre todo, en los hogares españoles, implantada en lo más duro de la crisis económica o al saber que nunca recuperaremos los miles de millones regalados generosamente a los bancos, al saber que uno de cada cinco españoles está en pobreza o en riesgo de exclusión, mientras -eso sí- el número de millonarios ha crecido en España en ese mismo periodo, uno se da cuenta de para quién gobernaba ese Gobierno con la cantinela de la recuperación, inadvertida para el común de los españoles. El 37 por ciento de los hogares no puede afrontar gastos imprevistos, el 34 no puede ir de vacaciones ni una semana al año, uno de cada diez llega a fin de mes con mucha dificultad y el 7 por ciento no puede pagar a tiempo la hipoteca, el alquiler, el gas, la electricidad o la comunidad. Hemos sabido también estos días que desde hace seis meses la Seguridad Social está imponiendo multas de hasta 3.000 euros a quienes no están dados de alta “correctamente” como autónomos. En estos años atrás, cuando se ha hecho un abuso indecente de la regla hasta normalizar los ‘falsos’ autónomos, que han venido enmascarando la dimensión real del desempleo, en contraste ahora la Seguridad Social sí se ha sensibilizado para sumar atraco al atraco que en España supone la cuota que trimestralmente pagan los trabajadores autónomos.

Este Gobierno de ahora, en su debilidad parlamentaria, pocas cosas puede hacer, más allá de algún golpe de efecto. Uno de ellos es este: la derogación de ese ‘impuesto al sol’, el hazmerreír de toda Europa.