El jurado delibera por la muerte del exconcejal Castillo Higueras
Este jueves han recibido el objeto de veredicto con los hechos que deberán considerar probados o no, por lo que se aíslan y volverán a reunirse para anunciar su determinación
El jurado popular del juicio celebrado esta semana en la Audiencia de Granada contra el acusado de matar al exconcejal socialista de Granada José Miguel Castillo Higueras tras una brutal agresión en plena calle, en enero de 2022, ha recibido en la mañana de este jueves el objeto del veredicto y ya se ha retirado a deliberar.
Así lo han confirmado a Europa Press fuentes del caso después de que este pasado miércoles la Fiscalía mantuviera su petición de prisión permanente revisable por asesinato para el joven acusado del crimen. También la acusación particular que ejerce la familia de Castillo Higueras ha mantenido su petición de prisión permanente revisable. Las acusaciones suman además un segundo delito de robo con violencia pues presuntamente le robó sus pertenencias antes de dejarle, supuestamente, "tirado en el suelo a su suerte".
La defensa del acusado, ejercida por la letrada Sara Rodríguez Riley, sí modificó sustancialmente su calificación respecto a sus conclusiones provisionales. Así, calificó los hechos como un delito de lesiones dolosas en concurso con un delito de homicidio imprudente, sumando el delito de robo con la atenuante de arrebato.
Este jueves por la mañana los miembros del jurado han recibido el objeto del veredicto redactado por el magistrado-presidente con los hechos que deberán considerar probados o no probados. A partir de este momento quedan aislados para las deliberaciones y se volverá a convocar a las partes cuando ya tengan un veredicto para proceder a su lectura.
Este pasado martes, el acusado se declaró no culpable y a preguntas de su abogada garantizó que "nunca había tenido intención de matar" a Castillo Higueras, de 74 años, y que "jamás" mataría a una persona. Según su relato, había estado con su novia en una discoteca y se dirigía a su casa cuando, a la altura de la calle San Antón, se encontró al exconcejal "con síntomas de embriaguez".
Según declaró, se acercó a él para auxiliarle y llegó seguidamente una pareja. Ofrecieron al exconcejal llamar a una ambulancia pero les dijo que "no hacía falta" por lo que le ayudaron a levantarse del suelo antes de que el hombre continuara su camino. Junto a ello, dejó entrever que el finado le "debía dinero" sin aportar más detalles al respecto y precisando que "no le conocía en persona".
El acusado, que no quiso responder a las preguntas de la Fiscalía y la acusación particular, detalló que es consumidor de drogas y "ha vivido de forma solitaria".
Antes de que él hablara, el jurado pudo ver las grabaciones captadas por las cámaras de seguridad de un hotel ubicado en el entorno de la calle Pedro Alcover y donde puede apreciarse la segunda agresión que desencadenó la muerte del exconcejal. En ella se ve cómo una persona agrede a la víctima, que cae al suelo, y es registrado por el agresor, que se lleva alguna pertenencia y abandona el lugar.
La defensa solicitó en el juicio sin éxito la nulidad de estas imágenes por entender que se ha roto la cadena de custodia después de que parte de las grabaciones se filtraran y se difundieran a través de las redes sociales y de medios de comunicación. Todo ello, en el seno de unas actuaciones que estaban declaradas secretas, según recalcó la letrada. La Fiscalía y el abogado de la acusación particular, Antonio Sánchez-Jáuregui, se opusieron por entender que la prueba llegó íntegra a la Policía y de ahí, al juzgado para ser aportada a la causa.
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