La denuncia de un granadino con su vivienda okupada ocho años: "Si dejo de pagar, me embargan a mí"

El drama de la vivienda y de la okupación sigue golpeando a los pequeños propietarios. Hace una semana, este medio publicó la situación que soportaba un granadino desde hace dos años con sus 'inquiokupas', quienes le debían unos 10.000 euros. En esta ocasión, esta circunstancia desgraciadamente más habitual de lo que la sociedad percibe, se transforma en más de ocho años de okupación.

La desesperación por ver cómo la justicia no lo ayuda y por tener que soportar una larga batalla por recuperar su vivienda ha llevado a David Arroyo, granadino afectado por una inquiokupación, a querer contar su caso en busca de una solución que parece no llegar nunca. Como muchos otros ciudadanos, Arroyo cuenta con dos viviendas: una en la que vive actualmente con su mujer y sus dos hijas y otra que decidió alquilar para cubrir los gastos de la hipoteca de dicha vivienda. Lo que empezó como una relación habitual entre arrendatario y arrendador ha acabado con una batalla legal que aún no tiene fin.

“Yo alquilé la casa a un hombre que contaba con su nómina y todo en regla. De hecho, hasta le saqué un seguro de impago de alquiler. Él vivía ahí con su pareja, pero se separaron. Él se fue de la casa y ella se quedó. Yo el contrato lo tenía con él, de hecho ni sabía que tenía pareja ni que se habían separado ni nada. Cuando dejan de pagar denuncio al hombre, pero el juez no me da la razón alegando que tendría que haber denunciado a ella, que era quien estaba ocupando la casa. Desde ese momento, cada denuncia es un año y medio aproximadamente por lo que los plazos se van alargando de una manera brutal”, asegura.

Como otros tantos casos, los inquiokupas se han amparado hasta el momento en el decreto 11/2020 del 31 de marzo que los protegía por situación de vulnerabilidad, una circunstancia que también se da en la situación que sufre este granadino. “La mujer que está de okupa en mi casa me dijo ‘lo siento, pero voy a tratar de estar aquí todo el tiempo que pueda. No te puedo pagar y voy alargar estar aquí todo lo posible’”. Entre la voluntad de la demandada de no abandonar el domicilio, los tiempos eternos de la justicia y su “situación de vulnerabilidad”, David Arroyo contempla impotente cómo el tiempo pasa sin poder recuperar su hogar, mientras que la deuda ya asciende a entre "50.000 y 60.000 euros".

“Cuando denuncio a los dos, a pocos días del juicio ella dice que quiere un abogado de oficio. Esa es una de sus artimañas porque así lo aplazan. Llega la pandemia y, aunque gané el juicio porque me han dado la razón de que no me está pagando, me dicen que no hay posibilidad de desahucio. ¿En qué se amparan? Entiendo que ella tiene alguna situación de vulnerabilidad reconocida, que por cierto, no puedo demostrar en el juicio, pero ¿ocho años vulnerable?”.

Este granadino detalla con rabia que su inquiokupa está viviendo una vida “cómoda” ya que “no paga luz, no paga agua ni alquiler y cobra una ayuda por lo que está viviendo de gratis”, mientras que él debe soportar dos hipotecas. “Te compras una vivienda pensando que te va a ayudar, pensando en tu jubilación, y al final lo que tienes es una carga que no te puedes quitar de encima. Yo no digo que esta mujer se vaya debajo de un puente, pero que sea la Administración o quien corresponda quien le dé una vivienda, no yo. Al igual que ella, yo también tengo dos hijas y no quiero que una persona con hijos se vea en la calle, pero alguien tiene que hacerse cargo de esto”, comenta.

Ante esta situación, Arroyo destaca lo perjudicados que salen los propietarios ante una okupación ya que no es solo el hecho de no poder disfrutar de una de sus viviendas, sino que además están obligados a seguir pagando. “No puedo disfrutar de la casa ni tampoco venderla porque, evidentemente, nadie quiere una vivienda con una persona metida dentro. Si dejo de pagar la hipoteca, me embargan la casa y el sueldo y si dejo de pagar el IBI, me embarga el Ayuntamiento. Esto es un problema sin salida”.