El desalojo de una vivienda en la Zona Norte destapa una plantación de marihuana

El desalojo de un inmueble de VPO en el que se encontraba un adulto con dos de sus hijos ha dejado este miércoles escenas de gran tensión en la calle Arquitecto José Contreras de la capital. Así lo ha confirmado la Junta de Andalucía, que remarca que la vivienda "estaba ocupada ilegalmente, no le correspondía a la familia y tenía un expediente de desahucio iniciado el 30 de julio de 2018, después de que los ocupantes desatendieran la notificación de desalojo voluntario que se les remitió el 3 de julio de ese mismo año".

Efectivos de la Policía Nacional se han desplazado hasta esta calle de la zona Norte, donde -según el Ejecutivo autonómico- "han sido increpados por el vecindario mientras ejecutaban este desahucio que ha finalizado con la colocación de una puerta antivandálica para tratar de evitar que la vivienda sea nuevamente ocupada en el tiempo que transcurra hasta que pueda ser entregada a la familia que señale el Registro Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida como nueva adjudicataria".

La noticia, sin embargo, se hallaba en el interior del piso, donde los agentes han encontrado un dormitorio completamente lleno de plantas de marihuana, tal y como han detallado desde la Junta, por lo que se ha requerido la presencia de la Policía Judicial. Los miembros de este Cuerpo han procedido a la destrucción de la plantación y, posteriormente, han detenido al ocupante, trasladándolo a dependencias policiales. Los menores han sido entregados a la abuela, que reside en una de las viviendas situadas en la planta baja del mismo bloque.

En la ejecución, los funcionarios de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía han encontrado al ocupante del inmueble acompañado de los dos jóvenes, que ha identificado como sus hijos. Fuentes de la Junta han confirmado que el hombre podría tener más vástagos y que, actualmente, está divorciado. La presencia de los menores habría servido como acicate por parte del adulto para intentar evitar la ejecución.

Desde el Gobierno autonómico se insiste en que la actuación no puede calificarse de desahucio al estar el inmueble ocupado "de forma ilegal", motivo por el que prefieren referirse a dicho proceso como "auto de lanzamiento". Por su parte, Stop Desahucios contradice esta versión y recuerda que, "por ley, un desahucio es echar a alguien de la casa en la que reside independientemente de si la ocupa, está alquilado o con una hipoteca". Desde la plataforma recuerdan que en todos los casos "debe haber orden con día y hora de antemano".

La Junta ha indicado que se han cumplido "todos los trámites preceptivos, incluidas las notificaciones a la familia de cada uno de los pasos que se han ido dando, por lo que han sido plenamente conscientes durante todo el procedimiento, sin que pese a ello se hayan puesto en contacto ni con la Agencia de Vivienda y Rehabilitación, instructora del expediente, ni con los Servicios Sociales del distrito donde se encuentra la vivienda".

"Los servicios sociales habían sido previamente informados del expediente y de la fecha fijada para la entrada en el domicilio y la recuperación de la vivienda, para que, si fuese necesario, tomaran medidas en el caso de que en el inmueble residieran menores", añade la Administración.