Desarticulada una organización acusada de explotar sexualmente y obligar a mendigar a nigerianos

La Policía Nacional ha desarticulado una supuesta organización dedicada a la introducción ilegal de ciudadanos nigerianos en España, algunos de ellos menores de edad, para su explotación sexual en el caso de las mujeres, y el ejercicio de la mendicidad en el de los hombres, en el marco de una operación en la que se ha detenido a los once presuntos miembros de la organización en Granada, y en la que los agentes también han liberado a tres víctimas, a quienes se les ha ofrecido las correspondientes medidas de protección.

Según ha informado este sábado la Policía en una nota, para regularizar la situación administrativa de las víctimas, la organización supuestamente utilizaba el método de fingir la constitución de parejas de hecho o bien simular matrimonios de conveniencia con ciudadanos españoles.

La operación comenzó en febrero del año pasado, cuando agentes especializados en la lucha contra la trata de seres humanos detectaron la presencia de una posible víctima de nacionalidad nigeriana en Algeciras (Cádiz), hecho que dio lugar a una investigación que llevó a los agentes hasta una supuesta organización criminal de carácter estable asentada en Granada, formada por nacionales nigerianos y presuntamente dedicada a la trata de seres humanos con fines de explotación sexual y el ejercicio de la mendicidad.

La organización, que tenía conexiones en todos los países por los que transitaban las víctimas, captaba tanto a hombres como mujeres, incluso menores de edad, en su país de origen, normalmente Nigeria, y las introducían ilegalmente en España para su posterior explotación, según explica la Policía, que detalla que, una vez en España, las mujeres eran obligadas a ejercer la prostitución en las calles o en clubes de alterne hasta "saldar por completo la enorme deuda contraída con la organización, valiéndose para ello de todo tipo de amenazas sobre ellas y sus familiares y de rituales vudú a los que eran sometidas con el fin de doblegar su voluntad y que quedaran completamente sometidas a las exigencias de sus explotadores".

La organización presuntamente se valía, además, de "la situación de absoluta vulnerabilidad personal y económica en la que se encontraban las víctimas, que llegaban a un país nuevo para ellas, desconociendo el lugar exacto en el que se encontraban, así como el idioma y estando privadas en todo momento de cualquier tipo de relación personal ajena a la propia organización que también les quitaba su documentación personal". El control que ejercían sobre ellas "era absoluto, indicándoles la forma de vestir y cómo comportarse para captar clientes, así como las cantidades que debían percibir por los servicios sexuales prestados".

Por su parte, los hombres eran "obligados a ejercer la mendicidad en las calles de Granada, siendo controlados en todo momento por miembros de la organización, que disponían dónde debían colocarse, durante cuánto tiempo y la cantidad de dinero que debían recaudar", según la Policía, que añade que, "como las víctimas no conocían el idioma, los explotadores se encargaban de enseñarles algunas palabras o trucos para lograr que los viandantes les dieran dinero e, incluso, de proporcionarles carteles manuscritos".

Tanto las mujeres como los hombres eran supervisados permanentemente a través de controladores o de teléfonos móviles, y otra de las actividades de la organización consistía en la regularización de la situación administrativa de las víctimas en España, bien fingiendo la constitución de parejas de hecho, bien simulando la celebración de matrimonios de conveniencia.

De esta manera, la organización presuntamente concertaba acuerdos entre las víctimas en situación irregular y ciudadanos españoles captados por ellos, que se prestaban a simular un matrimonio o fingir ser pareja de hecho a cambio de dinero. Después hacían las gestiones necesarias para la celebración del matrimonio o la inscripción de la pareja en el correspondiente Registro de Parejas de Hecho, con lo que las víctimas lograban regularizar su situación administrativa.

Los beneficios obtenidos de la explotación de las víctimas se hacían llegar a los máximos responsables del entramado bien en efectivo o por medio de transferencias bancarias, en ocasiones realizadas a través de las denominadas entidades gestoras de fondos, siempre según la versión policial, que detalla que este método utilizado para el envío de partidas de dinero está basado en una simple compensación de saldos entre corresponsales ubicados en distintos países, lo que evita el traslado físico del capital desde España hasta el país de destino (sistema euro to euro).

LIBERADAS TRES VÍCTIMAS

Además, en el marco de esta actuación, la Policía ha liberado a tres víctimas de la organización, a las que se ha proporcionado "todas las medidas de protección previstas por la legislación" y ha realizado un total de siete registros domiciliarios en Granada, interviniendo dinero en efectivo, teléfonos móviles y "numerosos dispositivos de almacenamiento de memoria que están siendo analizados por expertos en la materia, pasaportes y otros documentos personales de las víctimas, documentos falsificados, documentación contable, efectos para la práctica de rituales vudú y carteles manuscritos para la práctica de la mendicidad".

La operación ha sido llevada a cabo por la Brigada Central contra la Trata de Seres Humanos de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras y las Ucrif de Granada, Barcelona y Algeciras, con la colaboración de las Brigadas Provinciales de Seguridad Ciudadana de Málaga y Granada, y se ha saldado con "la completa desarticulación de la organización y la detención de once de sus miembros", según remarca la Policía.

PLAN CONTRA LA TRATA DE SERES HUMANOS

Esta operación se enmarca dentro del Plan de la Policía Nacional contra la Trata de Seres Humanos con Fines de Explotación Sexual, puesto en marcha en 2013, y que dio lugar a la creación de una nueva unidad de referencia en esta materia, la Brigada Central contra la Trata de Seres Humanos, adscrita a la Comisaría General de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional.

Con la puesta en marcha de este plan, la Policía Nacional activó la línea telefónica 900 10 50 90 y el correo '[email protected]' para facilitar la colaboración ciudadana y la denuncia, anónima y confidencial, de este tipo de delitos.

Dentro de la II Fase de este plan, que comenzó en enero del pasado año, la Policía Nacional ha puesto en marcha la mayor campaña de concienciación en redes sociales y medios de comunicación contra la trata de seres humanos con fines de explotación sexual.

Con el claim 'Con la trata, no hay trato. Denúncialo', la Dirección General de la Policía está promoviendo la inclusión de vídeos y carteles en prensa escrita, radio y televisión que favorezcan la concienciación e implicación social de todos los ciudadanos, y especialmente de los clientes potenciales de estos servicios, contra los delitos cometidos por las redes que trafican con personas para su prostitución.