"Desesperación" de las 51 familias afectadas por el caso de La Azulejera, que denunciarán ante la Fiscalía

La crisis económica se llevó por delante infinidad empresas del sector de la construcción, pero también sueños y proyectos personales como los de las 51 familias afectadas por la presunta estafa de La Azulejera. Aquel proyecto de construcción de Viviendas de Protección Oficial naufragó antes de zarpar y se llevó por delante los ahorros enteros de familias humildes. Desde 2009, los afectados llevan pidiéndole cuentas al Ayuntamiento de Granada, que todavía les debe 240.000 euros como resultado de una licitación de suelo público que fue "presuntamente ilegal". Ahora, estas familias han decidido dar un paso más y denunciarán ante la Fiscalía esta situación, porque aseguran que ya no saben qué hacer para que desde el gobierno municipal les hagan caso.

Así lo exponían ayer varios vecinos, respaldados por todos los grupos de la oposición, quienes volvieron a criticar que a lo largo de cinco años, el Ayuntamiento de Granada les haya negado la documentación necesaria para demostrar que EMUVYSSA, empresa pública dependiente del Ayuntamiento, cometió una irregularidad al conceder terrenos públicos a una empresa que no cumplía con los requisitos de capacidad y solvencia que exige la Ley de Contratos del Sector Público vigente en ese momento. Este extremo quedó demostrado pocas semanas después, al verse obligada la empresa a ceder los derechos de adjudicación a otra entidad... que casualmente estaba en manos de la primera empresa. "Un despropósito", como explica Rafael García, afectado por este caso y quien no comprende cómo se llevó a cabo esta cesión puesto que, según la ley, en el momento del traspaso tendría que haber estado ejecutado, al menos, el 20% del importe del contrato.

SIN DOCUMENTACIÓN 

De aquel embrollo resultó una cooperativa que tampoco sacó adelante el proyecto y de la que salió un gasto de 540.000 euros. Por el momento, los vecinos han conseguido recuperar 300.000, pero el monto restante sigue en las arcas del Ayuntamiento de Granada. "Hay familias que han tenido que pedir préstamos, gente que lo está pasando muy mal", explica Vanesa García, quien vuelve a pedir públicamente a la concejalía de Urbanismo que atiendan su demanda y les den acceso al expediente de licitación.

Ese documento les permitiría demostrar las supuestas ilegalidades que han salpicado al proyecto de viviendas en La Azulejera, lo que respaldaría a las famlias para reclamar los 240.000 euros que Ayuntamiento todavía tiene y que en su día cobró en concepto de licencias, aval y penalización. Precisamente, este último concepto es otro de los puntos que más irrita a los vecinos, quienes no entienden por qué deben pagar una multa por no haber ejecutado las obras, cuando ellos son los afectados.

En este sentido, los grupos de la oposición denuncian que ni siquiera a ellos les han dado acceso a esa información, algo fuera de la legalidad puesto que tanto Paco Puentedura -IU- como Miguel Ángel Fernandez -PSOE- eran en su día consejeros de EMUVYSSA. "El Ayuntamiento es responsable de ceder suelo público a un estafador", critica el líder de izquierdas.

Por su parte, el portavoz socialista Paco Cuenca, apunta que "todo lo que toca Nieto se convierte en un gran lío", a la par que recuerda otros casos urbanísticos polémicos como el del Centro Comercial Serrallo. Manuel Olivares, de Ciudadanos, asegura no entender el "oscurantismo" del Consistorio en este asunto, mientras Marta Gutiérrez, de Vamos, Granada, remacha que toda la operación fue auspiciada por una empresa de vivienda pública y que la responsabilidad debe ser, por tanto, pública.