Detenida una mujer boliviana por explotar sexualmente a otras mujeres en Granada
La acusada alquilaba pisos en la ciudad con documentación falsa, no pagaba las rentas ni las facturas y, además, obligaba a las víctimas a ofrecer cocaína a los clientes
Gabinete
Agentes de la Policía Nacional han detenido en Granada a una mujer de 37 años, de origen boliviano con antecedentes policiales, como presunta autora de captar a mujeres a las que explotaba sexualmente, a cuyos clientes, además, obligaba a ofrecer cocaína. Estas actividades se llevaban a cabo en pisos que alquilaba previamente mediante documentación falsa, cuyas rentas e importes de luz y agua no abonaba, con el consiguiente perjuicio económico para sus propietarios. En el registro de su domicilio, los agentes han intervenido documentación que demostraría el ejercicio de estas actividades desde el año 2015.
Mujeres explotadas sexualmente en pisos cuyo alquiler no pagaba
Los agentes de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras pertenecientes al Grupo UCRIF I, iniciaron la investigación el pasado año 2021 cuando tuvieron conocimiento de una mujer de origen boliviano, con residencia legal en este país, la cual alquilaba pisos en el centro de la capital, con el falso pretexto de establecer su domicilio familiar y, una vez disponía de las llaves, captaba a mujeres extranjeras en situación irregular, mediante anuncios en páginas web de contactos sexuales, a las que explotaba sexualmente bien quedándose con el 50% del dinero obtenido por los servicios sexuales, o bien, cobrándoles hasta 250 euros por persona, semana y habitación.
Las diversas indagaciones realizadas, también han permitido a los investigadores obtener información acerca del aumento de los beneficios económicos de la proxeneta obligando a las personas a las que explotaba para que ofrecieran cocaína a los clientes de los servicios de prostitución, encargándose ésta y su pareja, un marroquí en situación administrativa irregular en el país, de trasladar la droga en patinetes eléctricos, a cualquier hora del día o de la noche, dado a que los servicios debían realizarse las 24 horas de todos los días. En su afán lucrativo, la posteriormente detenida, se aprovechaba de la legislación actual para aumentar su rentabilidad, reduciendo totalmente los gastos, en concreto dos o tres meses después de alquilar los pisos, cuyo arrendamiento falso conseguía aduciendo que iba a residir en ellos junto con su familia y aportaba como falsa garantía económica un contrato de trabajo simulado, sus nóminas y alta en la Seguridad Social, logrando engañar a propietarios e inmobiliarias, dejaba de pagar la renta y el coste de los suministros de luz y agua.
Según los datos obtenidos de la investigación, el ansia de poder económico de la detenida iría aún más lejos, ya que tras dejar de pagar las rentas por las viviendas, con lo que los propietarios debían hacer frente a los gastos de las demandas judiciales, solicitaba asistencia de letrado de oficio, logrando de esta forma retrasar los lanzamientos judiciales derivados de las demandas de desahucio, argucia con la que lograba disponer del piso y sus suministros a coste cero, en perjuicio de los propietarios durante hasta un año.
Actividades ilegales iniciadas en 2015
La documentación intervenida en el registro llevado a cabo en el domicilio real de la investigada, en el que además se han incautado dos patinetes eléctricos, se ha evidenciado que estaría llevando a cabo estas actividades desde el año 2015, así como que, en ocasiones, ha llegado a tener hasta tres viviendas falsamente arrendadas simultáneamente, dedicadas en su totalidad a constituir pisos de prostitución en los que, además, se vendía cocaína, ya que entre los servicios prestados por las explotadas sexualmente, estaban obligadas a ofrecer esta sustancia a los clientes.
La detenida ya ha pasado a disposición de la autoridad judicial como presunta autora de delitos de trata, prostitución, coacciones y contra la salud pública. Además, los agentes han solicitado a la Tesorería General de la Seguridad Social y al SEPE la declaración de nulidad de su alta simulada en la Seguridad Social y la revocación de las prestaciones, dado que con estas falsas cotizaciones ha logrado una prestación pública.
