Detenidas 90 personas, una en Granada, por favorecer la inmigración irregular
Las arrestos se han producido en 26 provincias y se les imputan cinco delitos relacionados con la creación de falsa documentación
La Policía Nacional, con la colaboración de la policía turca, ha detenido a 90 personas que distribuían documentos falsos para favorecer la inmigración irregular. La organización captaba a los clientes a través de redes sociales en España, una vez que recibían la mitad del pago del documento, lo fabricaban en Estambul y el resto del pago era abonado antes de su envío, en un plazo de siete días.
Ofrecían distintos documentos; pasaportes por 1.000 euros, permisos de residencia por 750 euros, visados Schengen por 500 euros y permisos de circulación por 350 euros, por lo que se estiman unos beneficios para la organización superiores al millón de euros.
Las detenciones se han producido en 26 provincias, Alicante (diez), Almería (18), Badajoz (dos), Cádiz (tres), Cáceres (uno), Castellón (dos), Córdoba (uno), Cuenca (uno), Gerona (dos), Gran Canaria (dos), Granada (uno), Guadalajara (uno), Guipúzcoa (seis), Huelva (siete), Madrid (nueve), Málaga (uno), Murcia (nueve), Islas Baleares (uno), Lérida (dos), Palencia (uno), Pontevedra (uno), Soria (uno), Sevilla (uno), Tarragona (uno), Valencia (cinco) y Vizcaya (uno), y se les imputan los delitos por pertenencia a organización criminal, falsedad documental, delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, usurpación de estado civil y contra la seguridad del tráfico. La Policía Nacional ha intervenido 71 documentos falsos de España (26), Francia (nueve), Italia (ocho), Bélgica (nueve), Alemania (uno), Hungría (diez), Países Bajos (uno), Suiza (uno), Bulgaria (tres), Marruecos (dos) y Argelia (uno).
Una vez que el cliente contactaba con la red por redes sociales, le solicitaban su número de teléfono para que se pusiera en contacto con los fabricantes de los documentos falsos. Le pedían por mensajería instantánea los datos personales al cliente para realizar el documento y que realizara la mitad del pago a través de una empresa internacional de envío de dinero.
Cuando terminaban la fabricación, le enviaban una foto a través de un mensaje al teléfono móvil para que abonase el resto del pago y se lo enviaban por mensajería a miembros de la organización ubicados en España en el plazo de siete días.
La organización criminal estaba integrada por miembros que se dividían en dos ramas de actividades delictivas: una con funciones de recepción y cobro de dinero a los clientes en España, en su mayoría de origen sirio, aunque también de Argelia, Uzbekistán, Líbano, Turkmenistán, Egipto, Libia, Irak, Azerbaiyán y Marruecos.
Otra, con funciones de envío de documentos falsos a España, compuesta por personas de nacionalidad siria y que operaban desde su centro de fabricación de documentos falsos en Estambul. Por lo que ha habido constante intercambio de información y diversas reuniones con la policía turca.