Detenido en Granada el portavoz nacional del Sindicato Andaluz de Trabajadores
La detención se lleva a cabo como consecuencia de la la expropiación de material escolar de un centro comercial que realizó Reina y que posteriormente distribuyó entre familias sin recursos de la Corrala Utopía
La policía ha detenido esta tarde a Óscar Reina, portavoz del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) tras participar en una charla-coloquio junto a Juan Manuel Sánchez Gordillo, alcalde de Marinaleda. Tras su detención, el portavoz sindicalista ha sido trasladado a las 16:00 desde la comisaría de La Palmita en Granada a la sede de los juzgados donde se concentra cerca de un centenar de personas en defensa del detenido.
La detención se lleva a cabo como consecuencia de la la expropiación de material escolar de un centro comercial que realizó Reina y que posteriormente distribuyó entre familias sin recursos de la Corrala Utopía. Los hechos, acaecidos en septiembre de 2013, produjeron que el dirigente del SAT se encontrase en situación de "búsqueda y captura".
El centro comercial no presentó denuncia alguna e incluso donó con posterioridad diversos material educativo al SAT para su posterior entrega a familias desfavorecidas y sin ingresos. A pesar de ello, Óscar Reina, junto con Diego Cañamero y Manuel Rodríguez estaban pendientes de ser detenidos por orden de un juzgado de Sevilla ya que la fiscalía sí había presentado cargos contra los tres sindicalistas.
Los anteriormente citados han adoptado una actitud de “insumisión judicial” al igual que un numeroso grupo de sindicalistas del SAT para protestar por la campaña represiva e indiscriminada que se está llevando a cabo para con los activistas del sindicato, tal y como ellos mismos destacan. Concretamente, el SAT tiene 313 investigados, a los que se suman 28 condenados y 296 sancionados en diversas cuantías. En total, por protestas pacíficas, ocupaciones de fincas baldías, delegaciones oficiales, etc., el sindicato cuenta con 637 trabajadores encausados sumando un total de peticiones fiscales de 416 años y 11 meses de cárcel y multas por unos 537000€.
Para fuentes del SAT “algo debe estar pasando en la Justicia y las administraciones públicas para que un número tan elevado de sindicalistas que caracterizan su lucha en la resistencia pasiva y no violenta sufran esta persecución indiscriminada por parte del Estado español”. Continúan las mismas fuentes recalcando que “la lucha por los derechos sociales y laborales de los andaluces no puede ser criminalizada y que esta campaña represiva no va a amedrentarnos ni nos hará desistir¡ en nuestras aspiraciones, que no son otras que la consecución de unos derechos y condiciones laborales dignas para todos los trabajadores”.
