Piden un mínimo de diez años de prisión para la exdirectora de la Alhambra en el caso 'Audioguías'

La Junta, que ejerce la acusación en este proceso, ha reclamado un mínimo de diez años de prisión y 24 años de inhabilitaciones para la que fuera directora de la Alhambra, María del Mar Villafranca, en el llamado caso de las audioguías, en el que se investigan supuestas irregularidades en la adjudicación de este servicio en el monumento.

El escrito de la Junta, al que ha tenido acceso Europa Press, se dirige contra cuatro personas: la citada exdirectora del recinto nazarí; la que fuera secretaria general del monumento, Victoria Eugenia Chamorro; el exjefe de la Sección Económica y Contabilidad de Ingresos en el monumento José María Visedo; y el administrador único de la empresa a la que se adjudicó el servicio de audioguías.

El Gobierno andaluz ha dado este paso después de que el pasado abril el Juzgado de Instrucción 4 de Granada diera por concluida la instrucción de este caso ordenando que las actuaciones continuasen por el trámite del procedimiento abreviado contra tres de los ocho investigados inicialmente, dejándolos a un paso del juicio.

El Gobierno andaluz considera que los hechos son constitutivos de delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, falsedad, apropiación indebida y blanqueo de capitales, en la línea de lo expresado por el juez instructor, aunque la Junta suma un delito más de falsedad. En su escrito también acusa a una persona más de las que han sido procesadas por el juzgado, que ha archivado la causa para el exjefe de la Sección Económica y Contabilidad de Ingresos en el monumento, José María Visedo.

La Junta atribuye delitos de prevaricación, malversación y falsedad a Villafranca y Chamorro. Para esta última pide un total de 20 años en inhabilitaciones y la misma pena de cárcel que para la exdirectora del monumento nazarí. A ambas les reclama multas de unos 15.000 euros.

El Gobierno andaluz acusa al exjefe de la Sección Económica y Contabilidad de Ingresos de la Alhambra de delitos de prevaricación y malversación por los que pide 16 años de inhabilitación y al menos seis años de prisión.

Al administrador único de la empresa a la que se adjudicó el servicio de audioguías le considera autor de un delito de blanqueo de capitales y de malversación o alternativamente de apropiación indebida por el que piden penas que pueden alcanzar los 7 años de prisión y multas que superan los 600.000 euros.

El delegado del Gobierno andaluz en Granada, Pablo García, ha abogado este lunes por que se investigue "a fondo" la gestión de la Alhambra durante la etapa de gobierno del PSOE en la Junta de Andalucía para "eliminar cualquier duda" que pueda existir en relación al modo en que se administró el monumento o sobre su transparencia.