Diputación acoge unas jornadas sobre la reforma de la ley que protege los derechos de las personas con discapacidad

La Diputación de Granada ha acogido esta mañana, en el Salón de Actos de la sede, unas jornadas formativas, dirigidas a los trabajadores y las trabajadoras de los Servicios Sociales Comunitarios de la provincia, para compartir conocimientos y buenas prácticas en relación con la reforma de la legislación civil y procesal en materia de discapacidad, implantada el 2 de junio.

El presidente de la institución provincial, José Entrena, ha acudido a la inauguración de estas jornadas y se ha dirigido a los miembros que forman la red de Servicios Sociales Comunitarios para agradecer su “compromiso” y la “labor impagable” que llevan a cabo en los municipios de la provincia. “Es una labor no siempre reconocida y, sin embargo, esencial para muchas personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad”, ha subrayado el presidente.

Según ha comentado Entrena, esta reforma, que entró en vigor hace unos meses, fue muy demandada por las asociaciones, en concreto, por la Asociación Española de Fundaciones Tutelares (AEFT) y por Plena inclusión, que tienen un alto nivel de representatividad entre las personas con discapacidad intelectual. Además, tal y como ha señalado el presidente durante su intervención, responde a la obligación de España de adaptar su legislación a la Convención de Nueva York sobre derechos de las personas con discapacidad.

En el acto de inauguración, también han estado presentes la vicepresidenta segunda y diputada de Bienestar Social, Olvido de la Rosa; el delegado de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía en Granada, Manuel Montalvo, y la concejala de Derechos Sociales, Planes de Integración y Transformación Social del Ayuntamiento de Granada, Nuria Gutiérrez.

La diputada de Bienestar Social ha sido la encargada de presentar estas jornadas, así como a los miembros de la mesa en la inauguración, momento que ha aprovechado para asegurar que “es una suerte” presentar unas jornadas de formación de apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica, que se ha modificado a raíz de la implantación de la Ley 8/2021 del 2 de junio.

Por su parte, el delegado de Políticas Sociales de la Junta ha indicado que la Diputación y la Junta están trabajando “codo con codo” por un mismo objetivo, que es la mejora de las políticas en beneficio de las personas. Además, Montalvo considera que en Andalucía se ha “avanzado mucho” con el decreto de la Ley 8/2021, por la que desaparece la figura del tutor legal de estas personas, ya que se entiende que son titulares del derecho a la toma de sus propias decisiones.

Asimismo, la concejala de Derechos Sociales del Ayuntamiento de Granada ha hecho referencia a un momento “clave” de la vida de las personas: la mayoría de edad, algo que para las personas con discapacidad intelectual “no era así hasta ahora”. “La reforma legislativa sobre la incapacitación supone un avance hacia un modelo de garantía de los derechos de estas personas y eso es importantísimo”, ha concluido Gutiérrez.

Con el objetivo de que los Servicios Sociales Comunitarios de la provincia de Granada estén formados y preparados para ofrecer un mayor apoyo a las personas con discapacidad que deseen ejercer sus derechos plenamente, la Diputación de Granada ha invitado a estas jornadas a dos ponentes expertos en la materia. En primer lugar, ha intervenido un abogado especializado en Derechos de las personas con discapacidad, coordinador de la Red de Juristas Plena Inclusión y asesor jurídico de la Asociación Española de Fundaciones Tutelares, Torcuato Recover. Después, un fiscal coordinador, especialista en protección de las personas con discapacidad, Antonio Navajas.

Para la Diputación de Granada, la red de Servicios Sociales Comunitarios es un “pilar básico” para desarrollar las políticas de protección a las personas. Por ello, la institución provincial ha incrementado los recursos destinados a los distintos programas sociales en marcha, para garantizar una adecuada atención a las personas vulnerables en los municipios de menos de 20.000 habitantes.