Diputación asegura que la Junta acumula una deuda de 7,5 millones por impuestos con la provincia

La Diputación Provincial está haciendo frente, en el marco de sus competencias, a la deuda de carácter tributario que mantiene la Junta de Andalucía con la provincia la cual se eleva hasta los 7,5 millones de euros. La diputada delegada de Economía, Fomento y Contratación, Inmaculada Hernández, ha hecho un llamamiento hoy para “corregir con urgencia” el impago de tasas por la administración autonómica dada la vulnerabilidad en que quedan las cuentas de los ayuntamientos y de la Diputación, que gestiona los tributos de aquellos municipios que le tienen delegada esta competencia.

“La Junta ni está ni se le espera”, ha resaltado Inmaculada Hernández que ha lamentado que el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) que se devenga por el uso de pisos, cocheras, edificios, embalses y pantanos de la administración autonómica en los municipios granadinos no está siendo abonado por la administración autonómica. La deuda de la Junta de Andalucía es de 6.660.000 euros a lo que se suman los de empresas públicas y organismos dependientes de la misma como son la Empresa Pública de Vivienda y Suelo (EPSA), con una deuda de 756.000 euros, el SAS, que debe más de 100.000 euros, u otros organismos como la extinta Agencia Andaluza del Agua, que no pone su deuda al día, la Empresa Pública de Desarrollo Agrario y Pesquero, o el Instituto Andaluz de Servicios Sociales.

La administración es inembargable y gracias a ello “la Junta está abusando de una situación de superioridad” y ello “debería ruborizar a algún responsable político”, ha indicado la diputada quien ha destacado también que Andalucía es la comunidad autónoma con la tasa impositiva más alta de España para la transmisión de bienes inmuebles lo cual contrasta con esta actitud “cuanto menos irresponsable” lo cual se agrava en su opinión dado que “no sabemos en que se está gastando el dinero”.

“Cuando un ciudadano vende su piso seguidamente tiene que ir a la Consejería de Economía y Hacienda y liquidar el impuesto de transmisiones patrimoniales” pero “¿qué ocurre si un ciudadano deja de pagar a la Junta de Andalucía? Se le cobran intereses, recargos y probablemente se le embargarán las cuentas y el coche si hace falta, y además se le sancionará”, ha explicado Hernández que ha criticado que la Junta “aplica a rajatabla” este reglamento pero “olvida que existe cuando ella es el sujeto pasivo del impuesto”.

La Diputación ha adelantado a los municipios granadinos casi 30 millones de euros de la recaudación prevista a final de ejercicio “e incluso estamos anticipando aquello que no se va a cobrar nunca”, ha detallado Inmaculada Hernández que ha resaltado que esta situación está suponiendo la “asfixia” económica para muchos municipios granadinos.

La diputada de Economía ha informado también de que los impuestos de los bienes inmuebles de carácter especial (BICES) están siendo cobrados por aquellos municipios cuyas competencias de los embalses y pantanos de sus territorios ha pasado a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, dependiente del Gobierno central. Mientras tanto, los que dependen de la Confederación Hidrográfica del Sur y, por tanto, de la Junta de Andalucía, tampoco están cobrando tal es el caso de Vélez de Benaudalla, Lecrín o Lanjarón que no han cobrado 2012, 2013, ni lo que va de 2014, cantidades que han sido adelantadas por la Diputación “gracias a las reservas generadas por una buena gestión”.

Inmaculada Hernández ha recordado que el 31 de agosto cumple el plazo de pago para el tercer periodo de 2014 del pago del IBI de los BICES lo cual supondría casi medio millón de euros para estos tres municipios cuyas “tesorerías no pueden soportar más”.

La diputada delegada de Economía, Contratación y Patrimonio, Inmaculada Hernández, ha remachado que “no podemos seguir así” con una administración autonómica “que no cumple como sujeto pasivo de impuestos que es”. “Si hacemos todos como la Junta de Andalucía que debe dar ejemplo, ¿dejamos de pagar todos los impuestos de bienes inmuebles, dejamos de pagar todos los impuestos de vehículos?”, se ha preguntado Hernández para quien una administración pública debe funcionar como “modelo” para los ciudadanos a los que se debe.