Diputación devuelve a los municipios la posibilidad de contratar y gestionar obras de forma directa

El Pleno de la Diputación de Granada ha aprobado esta mañana, con los votos a favor de cuatro de los cinco grupos de la cámara, el Reglamento regulador del Plan Provincial de Cooperación a las Obras y Servicios de Competencia Municipal (PPOYS), que permitirá a los ayuntamientos que así lo decidan contratar obras y gestionarlas con los recursos de los que disponen.

La Diputación devuelve así la autonomía a los municipios de la provincia en materia de gestión de las actuaciones que están incluidas en el Plan Provincial. La nueva norma anula, por tanto, el reglamento anterior, aprobado por los diputados del Partido Popular en el Pleno el 14 de septiembre de 2012, que impedía que los ayuntamientos de la provincia asumieran la gestión de las obras incluidas en el Plan.

Se trata de un reglamento que atiende a las demandas y reivindicaciones de “prácticamente todos los municipios y que se adapta a la normativa vigente”, según ha afirmado el diputado de Obras Públicas y Vivienda, José María Villegas, durante el debate.

El Gobierno provincial cumple así con uno de los compromisos que había adquirido el presidente de la institución José Entrena, en su discurso de investidura, cuando aludió a la necesidad de dotar a los municipios de mayor autonomía a la hora de contratar y gestionar las obras.

Otras iniciativas 

Durante el Pleno, además, se han aprobado cuatro declaraciones institucionales: la creación de un consejo provincial de colectivos sociales, a propuesta del grupo de Izquierda Unida-Para la Gente; el apoyo a la finalización de la autovía de la Almanzora y la adecuación del tráfico en el nudo N-323, A-44, Parque Tecnológico de la Salud y área metropolitana, ambas propuestas por el PP; y el reconocimiento y la adopción de medidas de reparación moral, social y económica a las víctimas de las talidomida en Andalucía.

Por último, se ha aprobado por unanimidad una moción, propuesta por Izquierda Unida-Para la Gente, en virtud de la cual, la Diputación de Granada se compromete a realizar una campaña informativa y una aportación económica, atendiendo a la disponibilidad económica y bajo el marco legal que lo permita, en el marco del apoyo y la solidaridad de la institución con el pueblo saharaui.