Diputación firmará un convenio con Endesa para evitar cortes de suministro a familias sin recursos
Se establecerán los mecanismos de coordinación para evitar la suspensión del suministro eléctrico por impago de la factura a los ciudadanos en riesgo de exclusión social
La Diputación de Granada y Endesa firmarán un convenio para evitar cortes de suministro eléctrico a familias sin recursos que habiten en municipios de menos de 20.000 habitantes. La firma de este acuerdo se ha planteado en una reunión de trabajo celebrada esta mañana, a la que han asistido el presidente de la Diputación, José Entrena, y los portavoces de los grupos de Izquierda Unida-para la Gente, Juan Francisco Arenas, Ciudadanos, Raúl Fernández, y Vamos Granada, Luis de Haro, y el director de la División Este de Andalucía de Endesa, José Luis Pérez Mañas.
El objeto del convenio, enmarcado en el compromiso de la Diputación contra las políticas de inclusión, es establecer los mecanismos de coordinación con los ayuntamientos y la compañía eléctrica para evitar la suspensión del suministro eléctrico por impago de la factura a los ciudadanos que se encuentran en riesgo de exclusión social. Para ello, se contará con el informe previo de los servicios sociales.
En la reunión, a la que fueron convocados los portavoces de todos los grupos políticos de la Diputación, también se ha abordado la preocupación general de muchos municipios de la provincia por las interrupciones de suministro eléctrico para analizar la situación y para plantear posibles acciones concretas y soluciones. “Es algo que tenemos que resolver todas las administraciones, cada una dentro de sus competencias, pero hay que atajarlo ya”, ha señalado el presidente de la Diputación al término del encuentro.
El pasado mes de enero, el pleno de la Diputación de Granada aprobó, a propuesta del grupo de Izquierda Unida-Para la Gente, una iniciativa para exigir soluciones inmediatas frente a los reiterados cortes de suministro eléctrico que se han producido en varios municipios de la provincia. En la moción se planteaba que las compañías eléctricas no pueden trasladar la responsabilidad de los cortes y apagones a un supuesto uso indebido de los residentes ni dejar a las familias sin electricidad como forma de presión, sino que deben modernizar y reforzar sus instalaciones y se reclamaba la consideración de la electricidad como un bien básico y el acceso a un suministro mínimo vital, a través de un pacto entre las administraciones (Junta de Andalucía y Gobierno de España) y las compañías eléctricas.
