La Diputación de Granada aprueba por unanimidad una moción para impulsar la agricultura de la Alpujarra

El pleno de la Diputación de Granada, a iniciativa del Grupo Provincial Vox, ha aprobado por unanimidad una moción en la que se ha acordado impulsar una declaración institucional en apoyo de la agricultura de la Alpujarra, de su valor ecológico y medioambiental, y de su importancia para evitar la despoblación rural, así como que se inste a las autoridades rectoras de los Planes del Parque Nacional y del Parque Natural de Sierra Nevada a autorizar la colocación de malla antigranizo de junio a septiembre en las cotas superiores a los 900 metros.

La moción ha sido defendida por la diputada provincial de Vox, Cristina Jiménez, con el fin de que la Diputación eleve esta cuestión a la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, y que sea la propia Consejería la que regule y permita el uso de estas mallas en cotas superiores a los 900 metros. Además, dada la situación de indefensión de los agricultores, ha instado a la suspensión de más procedimientos sancionadores, así como de los ya incoados, en tanto que se aclare la situación normativa de las mallas antigranizo.

Jiménez ha recalcado “el carácter singular de la Alpujarra", dentro de un entorno de alta montaña, que "hace de ella uno de los mayores patrimonios ecológicos de la Provincia. Su clima y su enclave permiten que, uno de los motores económicos de la Alpujarra como es la agricultura, no se vean necesitados del uso de fitosanitarios, produciendo cultivos de alto valor ecológico que son respetuosos con el medio ambiente. Pero no todo son ventajas para los productores alpujarreños, y es que, debido a la altitud y proximidad a Sierra Nevada, a menudo, entre los meses de septiembre a junio se producen granizadas que, literalmente, arrasan con los tomates cherrys, los calabacines, las habichuelas, los pimientos y otros tantos cultivos de los agricultores de la comarca”.

Dicho problema, continúa la diputada, se soluciona con la instalación durante estos meses de mallas antigranizo, que funcionan a modo de cubiertas protectoras; sin embargo, el Plan Rector del Parque Natural de Sierra Nevada prohíbe la instalación permanente de estas mallas por encima de la cota de 900 metros, permitiendo su despliegue ante la inminencia de una tormenta o granizada.
“La realidad es que los agricultores que se ven afectados por esta medida están viéndose sometidos a una situación extenuante que prácticamente es imposible de cumplir, dado el carácter imprevisible de las granizadas, y dada la imposibilidad técnica y económica de estar continuamente montando y desmontando la malla, especialmente en las fincas de mayor extensión. Para colmo, la situación deriva en lo irracional, cuando los agricultores se están viendo en severas dificultades para acreditar las condiciones meteorológicas que justifiquen la instalación de la malla, lo
cual podría quedar en la categoría de lo anecdótico dentro del sufrimiento procedimental con el que a veces la administración somete al administrado, si no fuera porque las denuncias por estos hechos se castigan con 3.000 € de multa, que van aumentando en la medida de la reiteración y graduación de las mismas, dado que actualmente contravienen tanto el Plan de Ordenación de Recursos naturales de Sierra Nevada, como el Plan Rector de Uso y Gestión, al considerar que las mallas antigranizo causan un impacto visual paisajístico perjudicial con el medio ambiente”.

Además, lamenta que en los últimos tiempos "se ha puesto de moda hablar de la denominada ´España Vaciada´ a la que pretendemos aportar todo tipo de soluciones", pero estas restricciones contra la instalación de mallas antigranizo "supone atar de pies y manos a los agricultores del mundo rural, mientras ven cómo el granizo destroza su sustento de vida, a la vez que se les pone en aviso de que serán castigados con multas que parten desde los 3.000 € si intentan hacer algo por evitarlo".

“Esta situación normativa se da debido a un error interpretativo, por el que a la cubierta de la malla antigranizo se la equipara con la instalación de un invernadero, cuando ni el material ni las características de uno tiene nada que ver con la otra, lo cual sitúa a la administración es una posición de auténtica ignorancia en relación al sector agrícola, pero especialmente la sitúa en una posición de insensibilidad hacia el mundo rural y sus gentes, a las que somete con regulaciones que a veces sobrepasan ampliamente lo absurdo. Así pues, cuando inventemos solucionemos milagrosas para España Vaciada , acordémonos de Cádiar, Trevélez, Murtas, Nevada, Juviles, Busquístar, Alpujar ra de la Sierra y así hasta diecisiete municipios de la Alpujarra cuyos habitantes viven en gran medida por la agricultura y se ven afectados en su día a día por estas restricciones, para que les aportemos soluciones menos imaginativas y más acordes a su realidad”.

En 2017, la ahora Consejera de Fomento, Marifrán Carazo, registró una carta en la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía dirigida a Susana Díaz en la que se instaba a la revisión de esta normativa, sin que se sepa nada desde entonces por parte de los agricultores de la Alpujarra , y dado que ahora el Partido Popular gobierna en la Junta de Andalucía , desde el Grupo Provincial de VOX estimamos conveniente instar a que ahora retomen esta iniciativa desde el poder.