La Diputación de Granada sitúa en 24 días su periodo medio de pago a proveedores

La Diputación de Granada ha celebrado el último pleno de 2023 con el informe de Intervención y Tesorería correspondiente al mes de noviembre que sitúa en 24´29 días el periodo medio de pago a proveedores “cumpliendo así en tiempo y forma con nuestras obligaciones”, ha dicho el presidente provincial, Francis Rodríguez, quien ha señalado la importancia de seguir avanzando por una institución financieramente responsable.

En términos interanuales, la Diputación ha reducido 9 días el periodo medio de pago respecto a noviembre del año 2022, cuando se situó en los 33,25, frente a los 24,29 de este ejercicio. “Vamos por el buen camino”, ha señalado en referencia al Presupuesto de la institución para el próximo año, que crece para dar respuesta a las necesidades de los municipios y que es “ambicioso”, aumentando la rentabilidad en más de 3 millones de euros de sus cuentas lo que permitirá cerrar con un superávit en 2024 de 1,2 millones.

“Tenemos una Diputación saneada que aumentará sus inversiones en todas y cada una de las comarcas el próximo año. Y lo haremos sin improvisaciones. Con una hoja de ruta que tiene un objetivo claro dando respuesta a las demandas y necesidades reales de los ciudadanos sin necesidad de alzar banderas, convirtiendo a la institución en una verdadera aliada que nos permita generar oportunidades, riqueza y empleo”, para los que es necesario, ha culminado el presidente, contar con unas cuentas bien gestionadas.

Condena a ETA

El último pleno de la institución provincial ha aprobado además una moción en defensa de los Gobiernos constitucionalistas y de condena al terrorismo con los votos a favor del Partido Popular y de Vox y en contra del Partido Socialista y de Izquierda Unida.

En ella se recoge el rechazo a EH Bildu o cualquier otra fuerza política que no condena, sin fisuras, el terrorismo de ETA e integró a condenados por delitos de sangre en sus listas de las últimas elecciones municipales para alcanzar el gobierno de la ciudad de Pamplona o de cualquier otro municipio de España; el apoyo y recuerdo a todas las víctimas del terrorismo, defendiendo su memoria, dignidad y justicia; y la defensa también del acuerdo entre los partidos políticos para alcanzar mayorías suficientes para gobernar los municipios, siempre que estos acuerdos se hagan entre fuerzas políticas que respetan el Estado de Derecho, que acaten, cumplan y hagan cumplir la Constitución Española como norma fundamental del Estado, que condenen el terrorismo de cualquier origen, y respalden y apoyen a las víctimas del terrorismo.

Además, se ha aprobado como declaración institucional el abordaje de un plan de acción contra los cortes de luz en los municipios afectados de la provincia, así como una declaración para el impulso y el refuerzo de las acciones destinadas a la sensibilización sobre las personas con discapacidad.