Diputación insiste en que el contrato de basura anulado por el TSJA fue "iniciativa" del PP
Mantiene que el actual equipo de gobierno "se ha limitado a respetar lo aprobado en los plenos provinciales y defender los intereses generales de los granadinos"
El diputado de Economía, Patrimonio y Recursos Humanos de la Diputación de Granada, Manuel Gómez Vidal (PSOE), ha insistido este martes en que el contrato para la gestión del tratamiento de basuras en la provincia que ha anulado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) "no solo fue iniciativa del PP, sino que fue la cumbre de una serie de actuaciones desarrolladas para tomar el control de forma muy poco transparente del tratamiento de basuras en la provincia".
Según ha dicho, "antes se había liquidado Resur, para apartar a los ayuntamientos, y se había puesto en marcha un 'tasazo', que también fue tumbado por el TSJA".
El diputado de Economía ha opinado en una nota que el "intento" del portavoz del grupo popular en la Diputación, José Robles, "de eludir su responsabilidad y la del presidente del PP y anterior presidente de la Diputación, Sebastián Pérez, en lo relativo al llamado contratazo" es "una de las actuaciones más patéticas, absurdas y cínicas de la historia política de esta provincia".
"Todo el mundo sabe quién es el responsable de ese contrato, quién lo preparó a toda prisa, quién lo defendió a toda costa y, finalmente, quién votó a favor en el pleno que se convocó de manera extraordinaria a tal efecto el 8 de mayo de 2015, más de dos meses antes de que el actual gobierno tomara posesión", ha señalado.
Así, afirma que el PP adjudicó ese contrato "sabiendo que los criterios objetivos no iban a ser relevantes, con lo cual el peso de la adjudicación cayó sobre criterios subjetivos de valoración, tal y como --según ha dicho-- expuso el grupo socialista en su día y como finalmente sucedió".
El diputado agrega que en lo relativo al contrato con FCC por el tratamientos de residuos, el actual equipo de gobierno, "en un acto de responsabilidad institucional y obligado por la ley, se ha limitado a respetar lo aprobado en los plenos provinciales y defender los intereses generales de los granadinos".