Diputación propone una rebaja del 5% a los municipios que asuman el coste del tratamiento de residuos sólidos
Los ayuntamientos que paguen directamente el tratamiento de residuos sólidos urbanos a la Diputación de Granada, sin que se les emita el recibo a sus vecinos, verán reducida la cuantía global del coste del servicio en un cinco por ciento, según ha explicado este lunes el vicepresidente segundo de la institución y diputado delegado de Medio Ambiente, José Robles, que ha señalado que con esta bonificación "fortalecemos nuestras relaciones" con las entidades locales que hayan podido sentirse perjudicadas por el nuevo modelo de gestión.
Un total de 81 ayuntamientos, la mayoría del Partido Popular, se han acogido a esta opción que ahora se ve bonificada para cubrir los gastos de gestión que puedan tener los municipios. José Robles ha recordado que esta medida fue solicitada por el PSOE desde el inicio de este modelo de gestión y sin embargo "muy pocos municipios de envergadura" gobernados por este partido se han acogido a ella.
Se declaran exentos las viviendas o locales vacíos y "serán los propios funcionarios de los ayuntamientos los que faciliten la información de que no están dados de alta en agua y basura".
Son algunas de las medidas anunciadas por el vicepresidente segundo y delegado de Medio Ambiente, José Robles, que también ha incidido en que todos los pensionistas pagarán solo el 50 por ciento del tratamiento de residuos sólidos urbanos de sus viviendas habituales aunque sus ingresos no estén por debajo del 1,5 por ciento del indicador público de renta de efectos múltiples (IPREM), condición que ha regido para el presente ejercicio. Tampoco las familias numerosas tendrán que cumplir ya con este condicionante y todas ellas pagarán solo el 50 por ciento del recibo en sus viviendas habituales.
Tendrán una bonificación del tres por ciento todos los vecinos que domicilien el pago. De este modo, muchos pensionistas solo pagarán el 47 por ciento del recibo del tratamiento de residuos sólidos urbanos.
Estas novedades irán incluidas en la modificación de la ordenanza del tratamiento de residuos sólidos urbanos que verá el pleno provincial del próximo jueves para 2014 cuando se empezará a emitir un solo recibo al año "porque este año se ha emitido por un semestre ya que fue en julio cuando la Diputación asumió el servicio".
"Todo son facilidades para nuestros contribuyentes", ha indicado José Robles que ha señalado que los vecinos que han sido bonificados en 2013 aparecerán en 2014 como bonificados sin que tengan que aportar nuevos papeles. Para todas estas bonificaciones, la documentación presentada estará vigente para cinco años y si las circunstancias cambiaran serían los propios contribuyentes los que tendrían que notificar esos cambios.
Asimismo, se crea un nuevo tramo para las empresas de ocio y hostelería a partir del principio de quien contamina paga, incluyendo a los negocios que estén en suelo no urbanizable o en suelo rústico.
"La ordenanza tiene cosas que mejorar y no nos vamos a encastillar en el inmovilismo" y las "sugerencias que hemos recibido de asociaciones de consumidores, vecinos y contribuyentes vamos a intentar plasmarlas", ha reseñado Robles congratulándose de que con esta batería de medidas incluidas en la ordenanza modificada "incentivamos las dos fórmulas para el cobro del tratamiento de residuos por parte de los ayuntamientos y por parte de los contribuyentes".
El pleno provincial del próximo jueves también aprobará la memoria técnica en virtud de la cual se establece la gestión del tratamiento de residuos sólidos urbanos mediante el modelo de concesión administrativa a largo plazo al modo del que estaba operativo en el antiguo consorcio Resur.
"Vamos a ser más eficaces", ha resumido José Robles en referencia a este modelo con el que se trata de "minimizar los costes" así como aumentar la posibilidad de innovaciones e inversiones "sin hacer ningún desembolso la Diputación de Granada" y sin las restricciones por el límite de déficit que impone la Unión Europea a las administraciones públicas. Una vez aprobada por el pleno se someterá a información pública para posibles alegaciones y que pueda entrar en vigor en el inicio de 2015.
