La Diputación solicitará fondos Feder para abordar la despoblación en 22 municipios

La Diputación de Granada va a solicitar a la próxima convocatoria de fondos Feder proyectos por valor de diez millones de euros, de los cuales la institución provincial aportaría el 15% para el área funcional denominada '5 retos' y que agrupa a 22 municipios de la provincia comprometidos contra la despoblación en una estrategia conjunta.

El diputado de Fondos Europeos, Desarrollo, Industria y Empleo, Antonio Díaz, ha afirmado que “estamos trabajando con las zonas más alejadas de la ciudad y el Área Metropolitana para lograr fondos europeos desde el convencimiento de que no es posible el impulso equilibrado de las áreas urbanas de la provincia sin revertir la tendencia de despoblamiento. Consideramos que es necesario articular estrategias de desarrollo sostenible, integrando ambas realidades e interconectándolas para que se refuercen mutuamente”.

La Diputación ha organizado una reunión de trabajo esta mañana en la que ha profundizado en la articulación del que será el Plan de Actuación Integrado (PAI) del Área Urbana Funcional, que se denomina ‘5 retos. Reactivación del anillo rural frente al reto demográfico’ y que conforman los municipios de Albuñol, Alhama de Granada, Castilléjar, El Pinar, Dúrcal, Fornes, Galera, Guadahortuna, Huéscar, Iznalloz, Játar, Jayena, La Puebla de Don Fadrique, Lecrín, Nigüelas, Orce, Padul, Polopos – La Mamola, Sorvilán, Torrecardela, Ventas de Huelma y Villamena.

El PAI ha tomado como punto de partida la Agenda Urbana y Rural de la provincia de Granada, así como las Agendas Urbanas de cada ámbito supramunicipal implicado, todas ellas alineadas con la Agenda Urbana Española y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. El área funcional que han constituido los municipios implicados está situada en el perímetro conformado por las comarcas de Huéscar, Montes Orientales, Tierra de aguas, Valle de Lecrín y La Contraviesa, y pese a su diversidad geográfica y cultural, comparten un tejido socioeconómico común en el que la interdependencia de los recursos, la actividad económica y las redes de servicios justifican un enfoque de desarrollo coordinado.

Su reconocimiento como Área Urbana Funcional facilita el acceso a la financiación y a programas de inversión supramunicipales, autonómicos y europeos, optimizando la gestión de recursos y garantizando la eficiencia en la ejecución de las políticas públicas. El reconocimiento como Área Urbana Funcional permitirá desarrollar proyectos innovadores en el sector primario, agroalimentario y turístico, promoviendo la diversificación económica y la creación de empleo local. Todo ello, partiendo de que estos territorios albergan un patrimonio histórico, cultural y medioambiental de gran relevancia y que requieren inversiones y políticas de protección, gestión y promoción para su mantenimiento y aprovechamiento sostenible.

Además, estas localidades son claves para un adecuado desarrollo equilibrado en las grandes áreas urbanas de la provincia de Granada, y para revertir sus dinámicas poblacionales y socioeconómicas, por lo que ven esencial abordar el vaciado demográfico que les afecta, lo que requiere una estrategia integral que favorezca la retención de la población y la atracción de nuevos residentes mediante la mejora de infraestructuras, el acceso a la vivienda y la oferta de servicios públicos.

En este sentido, los municipios han señalado que es imprescindible fortalecer la conectividad digital en el territorio, y fomentar la transición hacia un modelo energético basado en la eficiencia y las energías renovables, mejorando la calidad de vida de la población y la competitividad de las empresas locales. En definitiva, la consideración de Área Urbana Funcional permitiría una mejor planificación y ejecución de infraestructuras estratégicas, incluyendo transporte, vivienda, sanidad, educación y atención social, garantizando el acceso equitativo a toda la ciudadanía.