Diputación y Junta se unen para ayudar a familias en riesgo de exclusión

La delegada del Gobierno, Sandra García, junto con el presidente de la Diputación, José Entrena, ha presidido hoy la firma de convenios entre la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales y la institución provincial y los ocho ayuntamientos mayores de 20.000 habitantes de la provincia de Granada para que todos ellos ayuden a las familias en riesgo de exclusión y atiendan las necesidades alimentarias, especialmente de los menores.

A través de los convenios firmados hoy con la Diputación provincial y los municipios de Granada, Almuñécar, Armilla, Baza, Guadix, Loja, Maracena y Motril, la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales invierte de 664.000 euros. A esta partida, se suma otra de 100.000 euros que destina Diputación para la misma acción en los municipios menores de 20.000 habitantes.

Sandra García ha destacado la importancia de la coordinación institucional “especialmente para abordar problemas sociales derivados de la crisis” y resaltó el papel de los ayuntamientos “que son la primera puerta a la que acude la ciudadanía como administraciones más cercanas”. En el mismo sentido se expresó José Entrena, que elegió el trabajo de los servicios sociales municipales “a la hora de detectar situaciones de exclusión en las familias y darles respuesta”.

Se trata de unas ayudas contempladas en el Decreto de medidas extraordinarias y urgentes para la lucha contra la exclusión social en Andalucía, que vienen a completar el conjunto de acciones dirigidas a la prevención de situaciones de exclusión social o a la atención de las necesidades alimentarias más urgentes en la sociedad andaluza, concretamente a proporcionar la adecuada atención a las necesidades básicas de alimentación de los menores.

Las ayudas son prestaciones temporales, dinerarias o en especie, de carácter preventivo que se conceden a familias para la atención de las necesidades básicas de menores a su cargo cuando carecen de recursos económicos suficientes para ello. Su objetivo último es lograr un mayor bienestar social de la infancia, priorizando los grupos que se encuentran en situación de riesgo o inadaptación social, logrando su integración en la vida social de forma normalizada.

La Junta destaca la labor realizada por los profesionales que desarrollan su labor en los servicios sociales comunitarios de los municipios, puerta de acceso a estas ayudas para las familias y los menores en desventaja social o situación de riesgo. Estos centros ofrecen información sobre los diversos programas de atención existentes y se tramitan prestaciones con la finalidad de mejorar las condiciones de vida de la población, entre ellas todas las relacionadas con la atención a las personas en situación de dependencia.

Los datos de evaluación de este programa, que se viene ofertando ininterrumpidamente desde 1999, reflejan que el pasado año 2014 se beneficiaron de estas ayudas un total de 1.258 familias y 2.562 menores.