Diputaciones andaluzas reclaman al Gobierno los datos de ingresos para 2017 y que fortalezca la Ley de la Dependencia

Nuevo encuentro de la plataforma constituida por las Diputaciones de Cádiz, Córdoba, Sevilla, Jaén, Granada y Huelva. En esta ocasión la reunión se ha celebrado en el Palacio de los Guzmanes -sede de la Fundación Casa Medina Sidonia- en Sanlúcar de Barrameda. Los citados gobiernos provinciales han reclamado al Gobierno estatal que aporte los datos de ingresos previstos para el año 2017, al objeto de diseñar unos presupuestos fiables. La demanda es una reiteración, porque ya se expresó en el anterior encuentro de diputaciones celebrado hace dos meses en Baeza (Jaén).

La presidenta de la Diputación de Cádiz, Irene García, ha explicado que “esta ocultación” no está justificada al tratarse “de una información meramente técnica, de un cálculo que se obtiene a partir de la liquidación prevista del ejercicio anterior”. La ausencia de esta previsión dificulta por tanto la elaboración de los presupuestos del año 2017 para el conjunto de entidades locales andaluzas, al desconocerse los límites de la denominada regla de gasto.

El gobierno estatal es también destinatario de otra reivindicación, expresada en Sanlúcar: el restablecimiento de partidas presupuestarias para la atención a personas dependientes, de manera que se recuerde la concepción de la denominada Ley de la Dependencia. Esta reclamación se ejerce desde las Diputaciones al cumplirse una década de existencia de la citada norma. Las Diputaciones son entidades esenciales en el desarrollo de las prestaciones de esta ley, gracias a la gestión de los servicios sociales comunitarios.

“El Gobierno de España ha olvidado su compromiso de financiar al 50 por ciento de esta ley y pone en jaque su eficacia, en detrimento de los usuarios y sus familias”, ha lamentado Irene García en representación de las seis Diputaciones participantes en el encuentro de Sanlúcar de Barrameda. Irene García recuerda que los sucesivos recortes son finalmente lesivos para unos derechos reconocidos, además de lastrar la creación de empleo ligada al desarrollo de la Ley de la Dependencia. Se estima que la Junta de Andalucía sustenta el 78 por ciento del coste de aplicación frente al 22 por ciento asumido por el Estado cuando el pacto de hace diez años establecía una responsabilidad compartida entre el Gobierno de España y las comunidades autónomas.

En la reunión de hoy también se han aportado algunas referencias del Plan de recuperación de caminos rurales que promoverá la Junta de Andalucía en cooperación con las entidades locales. Hasta el año 2020 se prevé una inversión de 100 millones de euros, financiada en un 60 por ciento por la administración autonómica y completada por Diputaciones y Ayuntamientos. Las Diputaciones, más allá de su aportación económica, también prestarán asistencia técnica en una iniciativa que permitirá mejoras en accesos, nuevos incentivos para el empleo y beneficios para las explotaciones agrícolas y ganaderas.

En el encuentro de Sanlúcar, junto a Irene García, han intervenido los presidentes de Jaén (Francisco Reyes), Huelva (Ignacio Caraballo), Granada (José Entrena), Córdoba (Antonio Ruiz) y la vicepresidenta de la Diputación de Sevilla, Agripina Cabello. Asistió en representación de la localidad anfitriona el alcalde de Sanlúcar de Barrameda, Víctor Mora.