Disminuye el número de pleitos frente a la administración

Recientemente el Consejo General del Poder Judicial ha hecho públicos los datos oficiales de asuntos nuevos que ingresaron en los Juzgados y Tribunales computándose un total de 8.636.016 asuntos el año pasado, si bien han resultado ser un 3,8 % menos que en 2012.

Salvo en la jurisdicción social, donde los asuntos han aumentado un 2,1 %, todas las jurisdicciones han experimentado disminuciones interanuales: del 15,5 % en la contencioso-administrativa; del 9,2 % en la civil y del 2,1 % en la penal.

Estas han sido las cifras anuales para todo el territorio español, según resume el equipo de Hispacolex, que tiene abogados en Granada, Málaga Jaén y Huelva. Sin embargo, en el último trimestre del año la tendencia generalizada fue a la baja en el volumen de asuntos en las cuatro jurisdicciones: un 15,7 % en la civil, un 12,4 % en la contencioso-administrativa, un 3,8 % en la penal y un 2 % en la social.

En todo caso, el reparto por Comunidades Autónomas resultó desigual, pues si la tasa de litigiosidad en el conjunto del Estado fue de 183,2 asuntos por cada mil habitantes, La Rioja obtuvo la menor del conjunto español con una tasa de 115,4 correspondiendo a Andalucía la mayor tasa de litigiosidad del año por comunidad autónoma al fijarse en 215,7 asuntos por cada mil habitantes.

Desde luego que a la vista de las estadísticas es inevitable plantearse si la imposición del pago de tasas judiciales por parte del ciudadano que supuso la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, conocida popularmente como “Ley de Tasas” puede haber incidido en ese descenso de la litigiosidad.

La reforma que se aprobó a finales del año 2012 tenía como previsión que el dinero recaudado por las tasas se destinara al pago de la asistencia jurídica gratuita. Pero el Ministerio de Justicia que ha llegado a recaudar más de 300 millones de euros en toda España en tasas judiciales aún no ha realizado la transferencia de este dinero a las Comunidades Autónomas, generando un cierto malestar cuya evidencia ya se ha hecho pública con reivindicaciones como la de Madrid.

Pero siendo la tasa común a los órdenes civil, contencioso-administrativo y social, la misma no daría explicación al porqué de que la reducción interanual de los asuntos haya sido mucho mayor en el ámbito de la jurisdicción contencioso-administrativa, un 15,5%, que en el resto de órdenes.

¿Hemos decidido no pleitear contra la Administración?

Puede que haya una respuesta más sencilla si reconocemos que los llamados pleitos de extranjería computan en el porcentaje que le corresponde a esta jurisdicción y es notable que la crisis haya hecho que seamos el país de la UE con mayor disminución de la población inmigrante.

Y ¿qué ha sucedido por Granada?

Pues parece que ni la crisis, ni las tasas, nos han disuadido mucho de seguir litigando ya que los granadinos hemos ingresado 219.844 asuntos nuevos durante 2013 en todos los órdenes jurisdiccionales que sumados a los 45.552 asuntos que quedaron pendientes a final de 2012, han provocado un intenso ejercicio judicial, pues la actividad en los juzgados se cerró con tan sólo 42.454 asuntos en trámite y la promesa de una reorganización judicial que empieza a vislumbrarse.