Ecologistas de Granada denuncian que la depuradora de Pradollano contamina las aguas del río Monachil
La asociación afirma que la instalación no cumple con la calidad de vertidos exigible por la legislación vigente
El grupo Ecologistas en Acción Granada ha mostrado su rechazo a la situación en la que se encuetra la depuradora de Pradollano que, tal y como han afirmado, no cumple con la normativa de calidad de vertido, por lo que "está contaminando gravemente las aguas del río Monachil". "Además de incumplir con la normativa, tiene el agravante de que se encuentra dentro de un Espacio Natural", ha recalcado la institución en un comunicado.
Según han incado en dicho escrito, todos los límites que marca la normativa son sobrepasados, llegando a doblarse, triplicarse o hasta, quintuplicarse, en alunos casos. "Las analíticas realizadas a lo largo de 2015 así lo manifiestan, pero esta situación no es nueva, siempre ha sido así, y no hemos visto que se intente solucionar por parte de ninguna administración con competencias en la materia", ha añadido Ecologistas en Acción Granada.
Tal y como han planteado, los vertidos directos sin autorización se considran delito en el Código Penal y la Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la flora y la fauna silvestres de Andalucía, contempla que “la Administración de la Junta de Andalucía adoptará, en su ámbito de competencia, las medidas precisas para conservar el medio acuático, integrado por los cursos y masas de agua continentales que puedan albergar especies acuáticas”.
La institución ha hecho llegar sus cuestiones sobre cómo se resolverá esta problemática tanto a la Dirección del Espacio natural de Sierra Nevada como a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y a la Delegación Territorial de Medio Ambiente en Granada. Sobre la respuesta obtenida, Ecologistas en Acción Granada ha señalado: "La Delegación de Medio Ambiente trata de escurrirse y quiere pasar la responsabilidad a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, olvidando que según la Ley de Flora y Fauna son ellos los que tienen las competencias para proteger los hábitats acuáticos y las especies que allí viven, como la trucha común, especie que está en peligro de extinción según el Libro Rojo de los Vertebrados Amenazados de Andalucía y que está siendo objeto de un programa de conservación por parte de la Consejería de Medio Ambiente y con financiación de la Unión Europea".
