El abogado de Rivas pide avanzar en "sensibilidad" de la justicia con víctimas a veces con postura "errática"

El profesor titular de Derecho Penal de la Universidad de Granada Carlos Aránguez, abogado defensor de Juana Rivas, la madre de Maracena, en el área metropolitana granadina, que fue condenada a prisión por la sustracción de sus dos hijos menores, ha propuesto este martes medidas para que la justicia avance en "sensibilidad" para con las víctimas de violencia machista, que a veces ha asegurado que presentan una postura "errática" o incluso "histriónica".

Lo ha hecho en el grupo de trabajo relativo a lucha contra la violencia de género en Andalucía del Parlamento andaluz, donde ha dado también claves de lo que ha considerado también como caso de "violencia institucional" en lo referente a Rivas, que fue condenada a dos años y medio de cárcel después de que en 2016 se fuera con sus hijos de Italia con la pretensión de no regresar pese a no contar con el consentimiento paterno, llegando a pasar en verano de 2017 un mes en paradero desconocido con los pequeños incumpliendo las resoluciones judiciales que le obligaban a entregárselos al padre, al que había denunciado por malos tratos.

Aránguez ha comparecido en este grupo de trabajo del Parlamento andaluz para indicar que España tiene una "excelente" normativa en materia de violencia de género y que la autonómica es "satisfactoria" pero que existe a su parecer "falta de sensibilidad" y "desconocimiento" en el aparato judicial y jurídico con las víctimas para lo que ha planteado tres posibles acciones, comenzando por la necesidad de que se implementen en cada una de las ocho provincias andaluzas clínicas legales en cooperación con las facultades de Derecho de las universidades andaluzas.

Se trata de una medida de relativo "bajo coste" para dar una "aproximación a la perspectiva de la víctima por parte de los estudiantes" para ir superando el "divorcio entre la teoría y la práctica" y con la que poder superar "en muy poco tiempo la percepción de los operadores jurídicos" sobre estas personas, ha detallado Aránguez, con base en sus más de 30 años de ejercicio profesional.

Las víctimas de delitos sexuales y de violencia de género a veces "tienen una postura absolutamente errática", o "histriónica" que puede ser a su vez "absurdamente pasiva" y otras "agresiva" por lo que "cualquier profesional que entre en contacto con ellas tiene que tener esta empatía para saber a lo que se está enfrentando".

Además ha propuesto una certificación de especialización en violencia de género para los profesionales que atienden en "ventanilla" o a partir de la primera línea a las víctimas, incluyendo a miembros de las fuerzas de seguridad o de la asistencia letrada de oficio, para quienes "en muchos casos simplemente escuchar les puede ser de enorme utilidad".

En tercer lugar ha propuesto revisar "cómo ha evolucionado el consenso" que ha habido sobre esta materia, señalando "con cierta desesperanza que hay ciertas quiebras recientes", y enfatizando que es necesario "transmitir a la sociedad" un "absoluto y monolítico rechazo contra la violencia de género" aunque desde él se difiera en otras cuestiones como pueden ser, según ha puesto como ejemplos, la prostitución o los derechos de las personas transexuales.

El caso de Juana Rivas

Ha ejemplificado por último el de Juana Rivas como un caso de "violencia institucional", una cuestión que ha dicho es "absolutamente residual" --pues en general ha considerado el sistema de justicia español como "bastante aceptable con una gravísima lacra que es la lentitud"--, pero que en procesos como el de la madre de Maracena, según Aránguez, se ha dado.

En concreto se ha referido a los orígenes del caso en los que se procedió en su opinión "pisoteando los derechos de la víctima", y ha repasado los detalles de un "proceso complejísimo" en el que, cuando se hizo cargo de la defensa, empezó a dar pasos para revertir el proceso en Italia, también en el ámbito de la violencia familiar, y más allá de la condena por sustracción de menores a Rivas, que se convirtió, ha reconocido Aránguez, en "una delincuente" sintiéndose "victimizada por el sistema" y en la creencia de que estaba "protegiendo a sus hijos".

"Este es un caso en el que hay un error inicial y un corporativismo feroz" en la judicatura, ha resumido el abogado defensor de la madre de Maracena.

Entre los comparecientes que han intervenido citados este martes en este grupo de trabajo sobre violencia de género han estado también el catedrático de Psicología de la Universidad de Granada Jesús López Megías, y la profesora titular de Psiquiatría de la Universidad de Sevilla Rafaela Caballero Andaluz.

El Pleno del Parlamento aborda precisamente este miércoles la prórroga de este grupo de trabajo. El 3 de julio de este año la Mesa acordó prorrogar este órgano parlamentario no permanente hasta "el plazo máximo para la realización de su cometido hasta el final del próximo periodo de sesiones", en referencia al periodo comprendido entre septiembre y diciembre. Desde febrero de este año ha celebrado 16 sesiones de comparecientes.

Este grupo de trabajo se creó a instancias del Grupo Socialista, petición que registró en agosto de 2023. En septiembre el Pleno de la Cámara autonómica aprobó su puesta en marcha y el 18 de octubre del pasado año celebró su sesión constitutiva.