El alcalde solicita el archivo de la causa abierta por su actividad como delegado de la Junta

El alcalde de Granada, Francisco Cuenca (PSOE), ha solicitado el archivo de la causa abierta contra él por el juez de refuerzo de Instrucción número 6 de Sevilla, José Ignacio Vilaplana, que indaga si como delegado provincial de Economía e Innovación de la Junta usurpó las funciones de los funcionarios que por ley tenían atribuida la realización de las inspecciones para cursos de formación en Economía Social.

En este sentido, fuentes judiciales han informado a Europa Press de que el abogado del primer edil ha solicitado al juez instructor el sobreseimiento de las actuaciones, todo ello después de que el pasado día 12 de diciembre de 2016 declarara como investigado tras la denuncia interpuesta contra él por el Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF).

En una providencia fechada el 18 de enero, a la que ha tenido acceso Europa Press, el juez tiene por formulada la solicitud de archivo aunque no la resuelve por ahora "a la espera del resultado de las diligencias pendientes (testificales, y documentales acordadas por medio de auto de 21 de octubre de 2016, providencia de 1 de julio de 2016, fundamentalmente)".

"Con su resultado se resolverá", manifiesta en esta providencia el juez de refuerzo de Instrucción número 6 de Sevilla.

El alcalde de Granada compareció ante el juez el 12 de diciembre de 2016 y, en declaraciones a los periodistas tras finalizar su declaración, señaló que no se trata de un caso de "corrupción" y que únicamente dio cumplimiento a las instrucciones procedentes de la Dirección General.

Cabe recordar que el instructor le citó a declarar tras una denuncia interpuesta por el SAF y al entender que, como delegado de Economía e Innovación de la Junta en Granada, "habría efectuado la ilícita contratación" de los servicios de seguimiento, control y verificación de la ejecución de los Cursos de Formación Profesional para la Economía Social en esta provincia durante los ejercicios 2010 y 2011 "de forma injusta y arbitraria".

En declaraciones a los periodistas tras concluir su declaración, Francisco Cuenca indicó que fue a Sevilla "a colaborar para que esto se esclarezca lo antes posible", aunque aseveró que "todavía no sabe qué hace aquí", ya que los delegados del ramo "sólo verifican unas instrucciones de la Dirección General y una tramitación de órganos técnicos".

La denuncia parte del SAF, "que entiende que las tareas las tenían que haber hecho ellos en vez de una consultora", de manera que "es una cuestión administrativa", puso de manifiesto el primer edil, que insistió en que "aquí no hay corrupción", por lo que "nada puede poner en duda mi gestión en este caso".

CONTRATO DE MENOS DE 12.000 EUROS

Al hilo, Cuenca subrayó que "las instrucciones vienen de la Dirección General con el objeto de hacer un seguimiento de una serie de acciones formativas y jornadas que había", y en concreto de las condiciones del espacio donde se hacían y de la asistencia a las mismas, agregando que, en el caso de Granada, "existe un contrato menor, de menos de 12.000 euros".

"No hay más", expresó Francisco Cuenca, que manifestó que, en su caso, entendía que el mismo "parecía ajustado, contaba con todos los informes preceptivos, con instrucciones de la Dirección General y en este caso de la Jefatura de Servicio", por lo que "evidentemente se le da trámite", señaló.

"Ese es mi único papel, y ahora me dirán a mí dónde están el motivo y las razones para poner en cuestión mi honorabilidad y honestidad", apostilló el primer edil granadino, que afirmó que el sindicato denunciante "entiende que las tareas las tenían que haber hecho en vez de una consultora".

"USO TORTICERO" DEL CASO

Para concluir, criticó que desde algunos sectores se haga un "uso torticero" de la causa y se intente vincular la misma con la relativa a las irregularidades en los cursos de formación, aseverando que esta denuncia "no tiene nada que ver con los procedimientos de los cursos de formación que tanto recorrido han tenido y que han dañado la imagen de mucha gente".

"Creo que, intencionadamente, algún partido político ha hecho alguna vinculación" con la causa de los cursos de formación, pero el caso que se sigue tras la denuncia del SAF "no tiene nada que ver, ni hay ningún caso de corrupción en ese sentido". "Aquí no se está poniendo en duda el buen uso de los fondos públicos", zanjó.

En un auto, el magistrado relata que en 2010 y 2011 se llevó a cabo la adjudicación directa de los servicios a través de dos instrumentos calificados como 'Memoria Justificativa', "articulados como un contrato menor de servicios, y en los que no se distingue a qué cursos deben destinarse los servicios contratados, sin que conste como tal el contrato administrativo, concertándose ambos de manera fraccionada y consecutiva".

"DETENTACIÓN"

Según precisa, el contrato menor correspondiente al ejercicio 2010 tendría un valor económico de 12.412 euros (IVA incluido) y el de 2011 de 12.000 euros (IVA incluido), "atribuyéndose así la detentación de funciones públicas a las empresas contratistas 'Eca Grupo Bureau Veritas' (2010) y 'CRL Consultores y Asesores Asociados, S.C.A.' (2011) de forma injusta y arbitraria".

A juicio del juez, esta "detentación" se habría materializado en el empleo de documentación administrativa "consistente en modelos de Actas e Informes oficiales, posteriormente presentados ante la Administración por las entidades contratistas en el ejercicio de las funciones encomendadas y potestades atribuidas".