El apagado debate de la capitalidad andaluza

La cita era tal día como hoy, 30 de junio, pero 35 años atrás. En el ‘mundializado’ año de 1982 se habían celebrado elecciones autonómicas en Andalucía el 23 de mayo. Semanas después se constituyó formalmente el Parlamento andaluz en salones de los Reales Alcázares de Sevilla y, una vez constituido, en la primera sesión plenaria el primer punto del orden del día abordó aquel miércoles 30 de junio lo que había sido un tema tabú en la prolongada y encendida campaña electoral: decidir la capitalidad administrativa de Andalucía.

“El nombre de la ciudad llamada a ser la capital del nuevo Gobierno andaluz es tema tabú en esta campaña. Posiblemente todos los partidos piensan en Sevilla como capital, pero ninguno se atreve a decirlo, porque el ‘centralismo sevillano’ es aquí un anatema descalificador”. Desempolvo un recorte de El País, fechado el 20 de mayo de 1982, tres días antes de la jornada electoral. Efectivamente, Córdoba, Granada, Málaga y Antequera aspiraban también a la sede, pero en las numerosas ruedas de prensa que se sucedieron a lo largo de la campaña por toda Andalucía los candidatos y dirigentes esquivaban hábilmente la cuestión.

A la pregunta concreta de cuál es, en cada caso, la postura del partido, “suelen responder con evasivas” -sigo tomando prestada la crónica que firmó Alfredo Relaño- hasta que Alejandro Rojas Marcos, líder y fundador del PSA -entonces encuadrado en la izquierda-, lanzó la primera piedra al denunciar un pacto UCD-PSOE para llevar la capital a Sevilla. El PSA -recuerda el cronista en aquel temprano mayo del 82- “no está muy respaldado para hacer acusaciones de centralismo sevillano, puesto que con ocasión de las elecciones municipales y del pacto de la izquierda (se refiere a 1979) cambió los ayuntamientos de Huelva y Granada, en los que había sido el partido de izquierdas mayoritario, por el de Sevilla”.

En ese clima de ocultación deliberada en el que la cuestión de la capitalidad no fue tema de portada ni de campaña, Granada esgrimió sus argumentos, Málaga mostró sus aspiraciones y Córdoba se ofreció en función de su localización geográfica, la misma que en el mismo tono de pasada esgrimió Antequera.

En la calurosa tarde del 30 de junio, miércoles, los 109 flamantes diputados se reunieron en Sevilla. Y en nombre del mayoritario grupo socialista tomó la palabra Manuel Pezzi. No fue un portavoz elegido a la ligera. Aquella tarde -pasadas ya las elecciones- ya se sabía, según lo esbozado en jornadas anteriores, que Sevilla sería la elegida. Pezzi, malagueño de nacimiento y granadino de adopción, diputado electo por Granada, presentaba el simbolismo de la ‘orientalidad’ que entregaba para siempre la capitalidad de Andalucía al occidente andaluz.

¿Qué habían hecho en las autonomías que precedieron en el camino a Andalucía? En Cataluña, el peso de Barcelona -más de la mitad de la población catalana reside en la Ciudad Condal- era indiscutible y fue indiscutido. Ni se entró en consideración. En el País Vasco se optó por establecer en Vitoria, la menos nacionalista, la menos autonomista, la más ‘castellana’ de sus tres provincias, los órganos del estrenado gobierno vasco. Era una forma de atraerla hacia un sentimiento que estaba mucho más presente en Vizcaya y Guipúzcoa. En Galicia se evitó la probable disputa Vigo-La Coruña apelando al hecho simbólico e histórico de Santiago de Compostela. En Andalucía, donde en Sevilla habita algo más del 15 por ciento de la población total andaluza, se decidió asentar las sedes autonómicas de referencia al pie de la Giralda. “¿Para qué te crees que hemos hecho la autonomía? Pues para que Sevilla sea capital de algo”. La frase se atribuye a un alto dirigente socialista de la época y me la comentó tiempo después, ya en 1994, un ex dirigente de UCD, sevillano, catedrático de Economía y Hacienda, que fue ministro en distintos gobiernos presididos por Adolfo Suárez. Se trata del mismo ex ministro que también me dijo: “Seguro que la Junta sabe los beneficios que para Sevilla y su economía ha supuesto la capitalidad, pero nunca lo dirá porque las otras siete provincias queman San Telmo”. Exageraba, pero…

Sevilla se convirtió así en capital política de Andalucía aquel 30 de junio de 1982, al aprobar el Parlamento la propuesta presentada por el PSOE y apoyada por el PCE (Julio Anguita, alcalde de Córdoba a su vez, votó en contra porque traía una acuerdo plenario y unánime del Ayuntamiento cordobés y actuó en coherencia con ese mandato), PSA y los diputados sevillanos de la entonces Alianza Popular, hoy PP. Se registraron otros cuatro votos negativos de diputados de AP -Díaz Berbel, uno de ellos- y 24 abstenciones más dos ausencias. Previamente, la Cámara había rechazado la toma en consideración de una propuesta de UCD -entonces en el Gobierno central- tendente a que la capitalidad no se decidiese hasta septiembre y que, en este período, una comisión parlamentaria de 21 miembros elaborase un dictamen unitario tras consultar con ayuntamientos, diputaciones, universidades, cámaras de comercio e instituciones y fuerzas sociales de la región.

Pezzi, además del indudable peso como la ciudad con mayor número de habitantes de la región, invocó las razones “históricas” que aconsejaban la opción de Sevilla y nadie, en obediencia al mandato de sus respectivos partidos, le recordó que si era por historia había y hay en Andalucía otras ciudades que aventajaban a la autodenominada ‘Tierra de María Santísima’. La moción del PSOE estipulaba que Sevilla era la sede del Parlamento y el Gobierno, mientras en Granada se ubicaría el Tribunal Superior de Justicia, eso que ahora en Sevilla se saltan invocando la ‘doctrina L’Oreal’: porque yo lo valgo.

Y así echó a andar una historia de 35 años que con la perspectiva del tiempo transcurrido sorprende que suscitase tan escaso debate para la notable trascendencia que ha tenido y tiene aquella decisión. Cuando aquel ‘soufflé’ autonómico bajó con el discurrir de los años y tomó cuerpo la evidencia del formidable aparato burocrático-administrativo en que ha venido a ser la autonomía, solo el PP, en la primera época de Javier Arenas, avanzó que una Junta por él presidida distribuiría las sedes de las consejerías: Economía, en Málaga; Cultura, en Granada; Agricultura, en Almería… Como Arenas no tuvo éxito en sus dos abordajes la incógnita se queda en el terreno de lo imaginado y la pretendida eficacia del modelo nunca podrá contrastarse empíricamente. Hasta que estos tirones en torno al TSJA nos han devuelto a la realidad de los localismos, mucho más fuertes en Andalucía que el artificio de la autonomía.

¡Ay, si lo hubiéramos sabido en 1982!