El Ayuntamiento aborda junto a diez entidades financieras soluciones al problema de la vivienda en familias en exclusión

El Ayuntamiento ha acogido esta mañana una reunión de trabajo entre el alcalde de Granada, Francisco Cuenca y representantes de diez entidades financieras de la ciudad, un importante encuentro que se produce por vez primera en la ciudad, con el objetivo último de “unificar esfuerzos y abordar soluciones al problema de la exclusión residencial que padecen o pueden padecer numerosas familias de la ciudad”.

Al inicio de la sesión, el regidor granadino ha explicado que hasta el momento, el Ayuntamiento mantiene acuerdos y vías de colaboración con el Decanato de los Juzgados, el Colegio de Abogados, las administraciones públicas competentes, y las ongs y entidades sociales que integran en la ciudad el colectivo `Vivienda en red´, por lo que, en sus palabras, “resulta decisivo incorporar a las entidades financieras como cuarto pilar para un tratamiento integral y efectivo que garantice el derecho constitucional a una vivienda”.

“El compromiso social de una ciudad solidaria como la nuestra y la apuesta de este equipo de gobierno han permitido que Granada sea innovadora y pionera en el impulso de un convenio con el decanato de los juzgados, cuyos frutos se han materializado con carácter previo al lanzamiento”.

Asimismo, Cuenca les ha asegurado de que “a través de la oficina social de la vivienda; del servicio de intermediación hipotecaria creado en colaboración con el Colegio de Abogados; y del `Espacio de coordinación técnica´ que integra a las distintas administraciones, se han implementado importantes medidas de intervención, si bien “el impacto de la crisis ha incidido en los recursos asistenciales, por lo que debemos evitar que esto afecte a la recuperación de las familias, porque, detrás de los datos y los números, se esconden personas con diversas circunstancias, escasas oportunidades en la mayoría de los casos, y situaciones que hablan del drama real que supone la pérdida de la vivienda por problemas económicos”

Seguidamente, el alcalde de Granada ha informado a los asistentes sobre el balance 2016 de la oficina social de la vivienda, que en el periodo ha realizado 592 intervenciones que han afectado a 1.829 personas en situación de exclusión residencial, y ha abierto 314 nuevos expedientes. Por todo ello, Cuenca ha propuesto a las entidades posibles vías de colaboración, algunas de ellas muy novedosas, para “unificar esfuerzos en el objetivo común y compartido de evitar la pérdida de la vivienda a personas en situación de vulnerabilidad”.

Resulta especialmente novedosa la primera de las medidas planteadas, la cesión de uso viviendas propiedad de las entidades financieras para el desarrollo de programas de inclusión con familias víctimas de desahucios o desalojos, en colaboración con asociaciones y entidades sin ánimo de lucro. Al respecto, el primer edil ha apuntado algunos resultados positivos que esta experiencia supone para las financieras, por un menor impacto de usurpaciones, dado el control y valoración periódica del estado de las viviendas; una reducción de gastos de mantenimiento; ya que los programas de cesión cubrirían estos costes, o una imagen pública de compromiso social, entre otras variables.

Otra de las propuestas que se han puesto sobre la mesa ha sido la de aumentar la participación de las entidades en proyectos de inclusión social para personas con discapacidad o dependencia, dado que se ha detectado una necesidad urgente de estas viviendas accesibles.

Entre las medidas prioritarias planteadas desde el Ayuntamiento en la reunión celebrada esta mañana figura el establecer un protocolo de actuación con antelación a la Ejecución Hipotecaria, es decir, a un nivel preventivo que se anticipe a la pérdida de la vivienda habitual en familias vulnerables. El catálogo de medidas al respecto sugiere la cesión de datos estadísticos a los Servicios Sociales Municipales, -previa autorización de los afectados-, relativas a aquellas personas o familias afectadas por una medida judicial de suspensión del lanzamiento o de mora contable. Con esta propuesta, se trataría de estudiar caso por caso, distintas medidas para lograr el mantenimiento de la vivienda a través de ayudas de renta limitada –en casos de impago de renta por alquiler-; u otras opciones que prevean y eviten la exclusión residencial, según sea cada caso.

Asimismo, el protocolo de colaboración propuesto por el Consistorio granadino prevé la actuación una vez alcanzados los objetivos del plan de intervención propuesto en cada caso por los servicios sociales, para que las familias puedan recuperar o mejorar problemáticas que les impidieran el pago de sus obligaciones, pudiendo valorarse en estos casos la rehabilitación de la hipoteca o el fraccionamiento de la deuda de alquiler.

Otra de las cuestiones igualmente novedosa que el equipo de gobierno local ha propuesto en la sesión de esta mañana ha sido barajar el derecho de tanteo con limitación temporal para viviendas destinadas a utilidad pública o interés social. En este sentido es importante precisar que, sin perjuicio de lo propuesto en el anteproyecto de retracto en desahucio de viviendas de Andalucía, las financieras incorporadas al `Espacio Técnico´, podrían acordar el derecho de tanteo de determinados inmuebles al resto de entidades, favoreciendo así la permanencia de las familias sujetas a un crédito impagado de baja cuantía.

También en la misma dirección, se ha planteado la posibilidad de que las entidades bancarias que dispongan de inmuebles desocupados con baja probabilidad de venta a terceros, puedan ofrecerlos por debajo del valor de mercado, siempre que estén destinadas a utilidad pública o interés social, en casos de emergencia habitacional.

El alcalde ha agradecido a todos los asistentes su “buena disposición” y el afán de colaboración, y en este sentido, les ha instado a incorporarse al denominado `Espacio técnico de vivienda´ donde están representados Junta y Ayuntamiento “para coordinar actuaciones que garanticen el derecho a una vivienda digna a los grupos de especial protección, y con especial atención a las situaciones de debilidad o especial emergencia social y económica por riesgo de pérdida de la vivienda habitual o en situación de exclusión social”.

Junto al regidor granadino y la concejala de Derechos Sociales, Jemi Sánchez, han acudido a la reunión representantes en Granada de Caja Rural, Bankinter, BBV, Banco Mare Nostrum, banco Popular Español, Caixa Bank, Banco Santander, Triodos Bank, Bankia y Bankinter.

Tras este primer encuentro, los asistentes han acordado mantener próximas reuniones individuales, es decir, de cada entidad financiera con el Ayuntamiento, para concretar protocolos y actuaciones.