El Ayuntamiento de Granada atiende a 137 inmigrantes desde que tiene el protocolo de emergencia para su acogida
Un grupo de 16 marroquíes fue atendido esta semana tras pasar por las dependencias de la Comisaría de la Policía Nacional
El Ayuntamiento de Granada ha atendido, con organizaciones sociales de la capital granadina, a 137 personas de origen marroquí desde que pusiera en marcha el Protocolo de Emergencia para la Acogida ante la Llegada Colectiva de Migrantes a la ciudad de Granada (Pecol), aprobado el pasado mes de julio.
Las cifras, facilitadas a Europa Press por el Ayuntamiento de Granada, incluyen el balance del pasado año, con un total de 121 inmigrantes atendidos, y al grupo de 16 marroquíes que ha sido atendido esta semana tras pasar por las dependencias de la Comisaría de la Policía Nacional en La Palmita, en la primera vez que se ha activado el Pecol este 2019.
La concejal de Derechos Sociales de Granada, Jemi Sánchez (PSOE), se ha congratulado de que, en estos meses, el Ayuntamiento ha conseguido que desde Extranjería de la Policía Nacional se le avise "en cuanto llega la patera", y sus responsables "se han involucrado mucho con el Pecol", cuando "antes ni avisaban".
"Ahora tenemos coordinación muy estrecha con la Comisaría de Policía Nacional en La Palmita" para la asistencia a chavales que van a recalar en la capital granadina, tras su llegada a Motril y antes de, normalmente, reunirse con sus familias o proseguir sus itinerarios hacia otros puntos de España o Europa, ha añadido Sánchez.
Con la colaboración de más de 40 entidades sociales y humanitarias de la ciudad, el Pecol pretende ofrecer, de forma "coordinada" con todos los agentes y colectivos asistenciales de la ciudad, una respuesta "digna" a través de la adopción de medidas que aborden soluciones temporales a estas situaciones extraordinarias, según detalló el Ayuntamiento cuando fue presentado este protocolo.
La primera vez que se activó fue el pasado 17 de septiembre tras el aviso de Policía Nacional de que un grupo de 21 personas se encontraba en los calabozos procedentes de una llegada colectiva, e iba a ser puesto en libertad "al no existir recursos disponibles", indica la ficha de activación de esta emergencia. A lo largo de esa semana se repitió esta circunstancia, con la llegada de otros grupos de 17, 29 y seis personas. Los 73 procedían de las zonas del Riff y Casablanca.
El protocolo se desactivaba el 24 de septiembre, habiendo continuado todos los migrantes, excepto dos, su viaje o reagrupado con sus familias. Los dos que se quedaron en Granada "contaban con un alojamiento y con el seguimiento de los servicios municipales, y el acompañamiento de las entidades sociales".
El Pecol se vuelve a activar en una segunda ocasión el 11 de octubre, a raíz de la llamada del Ayuntamiento y entidades sociales de Motril por la presencia de 17 jóvenes, también del Riff, que, "a pesar de haber solicitado asilo", habían sido puestos en libertad por la Policía Nacional.
El Consistorio de la capital, que ha mantenido contactos con el motrileño para la articulación de un protocolo similar en la localidad costera, facilitó que once de estos chicos fueran trasladados a la ciudad de la Alhambra en un autobús fletado por Motril, y volvieran a pedir cita con Policía Nacional para el 15 de octubre. La mayoría decidió continuar su viaje y reagruparse con sus allegados en España.
Otros cinco, gracias a las gestiones realizadas con la Secretaría de Estado de Migraciones, fueron derivadas al Programa de Protección Internacional a través de Cruz Roja, "permaneciendo en la ciudad de Granada al amparo de este recurso". El protocolo fue desactivado en esta ocasión el 16 de octubre.
Son casos similares a los que vivieron los grupos de 17 y 20 marroquíes por los que se volvió a activar el protocolo el año pasado, en concreto, el 27 de octubre y el 15 de noviembre. En la primera de estas activaciones, dos de los chavales, que eran de Alhucemas, requirieron de asesoría jurídica después de que se les retiraran sus pasaportes en comisaría.
IDENTIFICACIÓN Y AYUDA
Tras ser identificados, el Ayuntamiento y las organizaciones sociales se hacen cargo de estos inmigrantes una vez transcurridas las 72 horas reglamentarias que pueden estar en dependencias policiales desde que llegan a territorio nacional.
Reciben también una primera atención jurídica por parte de una abogada experta en inmigración, y los técnicos de los servicios sociales les asesoran también en lo relativo al viaje, en el caso de aquellos que continúen hacia al norte.
En el marco de este protocolo, la capital, que ofrece a las personas migrantes un total de 66 recursos y servicios, asesora a otros municipios para la puesta en marcha de dispositivos similares.
La confluencia de recursos públicos y privados permiten articular una acogida colectiva de personas migrantes de manera organizada y profesional, bajo el liderazgo de la Concejalía de Derechos Sociales, durante un plazo máximo de 30 días. Transcurrido este tiempo, los migrantes optan por seguir el viaje o por otras alternativas ajustadas a sus necesidades.
El protocolo está estructurado en siete redes de trabajo, que se centran en salud; asesoría jurídica; traducción e interpretación; alojamiento y recursos básicos; planificación de viajes y contactos en destino; acompañamiento y ocio y finanzas.
