El Ayuntamiento de Granada da carpetazo a su mandato más convulso
Un alcalde que fue detenido y dimitió, una moción de censura que llevó a Cuenca al gobierno, unos presupuestos prorrogados desde 2015 y problemas varios en la mayoría de los partidos, algunos de los hitos de estos cuatro últimos años
Guillermo Ortega
El pleno de hoy en el Ayuntamiento de Granada ha sido el último de un mandato que, si merece un calificativo, es el de convulso. Aunque caben otros, según a quiénes se apliquen. Para observadores imparciales puede haber parecido entretenido o distraído. Quienes lo han vivido desde dentro, sin embargo, tenderán a pensar que ha sido estresante, preocupante o hasta desasosegante. Cada uno contará la feria según cómo le haya ido. El propósito de este artículo, desde luego, no es arrimar el ascua a ninguna sardina ni decantarse por un partido u otro. Máxime, habiendo unas elecciones generales dentro de dos días. Trata de ser, únicamente, un resumen (casi cronológico) de lo ocurrido en los cuatro últimos años en el singular edificio que preside la Plaza del Carmen.
En las municipales de 2015, el partido más votado fue el PP, que obtuvo 11 concejales. Le siguieron, por este orden, PSOE (8), Ciudadanos (4), Vamos Granada (3) e Izquierda Unida (1). Nadie, por lo tanto, tenía mayoría absoluta, un hecho que sí había sucedido en los tres últimos mandatos. Los populares, que en esos doce años habían gobernado en solitario, se veían obligados a pactar para mantenerse en la alcaldía.
No fue fácil. De hecho, todo hacía presagiar que el PP no lograría su objetivo, pero en el último suspiro, después de la comida secreta menos secreta de la historia, la que mantuvieron José Torres Hurtado (PP) y Luis Salvador (Ciudadanos) en el Asador de Castilla, se llegó a un acuerdo según el cual el primero seguiría al frente del gobierno local, a cambio de suscribir un acuerdo que entre otros puntos, y esto es importante, incluía la obligación de desalojar de sus puestos a los concejales que fueran imputados por la presunta comisión de un delito relacionado con su cargo.
Ciudadanos no entró en el gobierno, pero apoyó a los populares hasta que, el 13 de abril de 2016, José Torres Hurtado y la concejal de Urbanismo, Isabel Nieto, fueron detenidos por un presunto caso de corrupción urbanística. La formación naranja exigió que se cumpliera el pacto y que Torres Hurtado abandonara su puesto, cosa que hizo cinco días después. También dimitió Nieto y asimismo lo hizo Sebastián Pérez, que además de ser por entonces concejal, era y es presidente provincial del PP. Él no estaba envuelto en esa presunta trama corrupta, pero la marea le costó el puesto.
Tanto Ciudadanos como PSOE, Vamos Granada e Izquierda Unida vieron claro que, después de ese episodio, el PP no debía seguir al frente de la ciudad, así que el 5 de mayo de 2016 tuvo lugar una moción de censura que llevó a la alcaldía al socialista Paco Cuenca.
Sin embargo, ese acuerdo sirvió para desbancar a los populares pero no cristalizó en un pacto de gobierno para el resto del mandato. El PSOE ha gobernado desde entonces en minoría, con ocho concejales, y los demás partidos, por diversas razones (no se excluyen las estratégicas, además de las políticas), han dejado de apoyar a los socialistas en un montón de asuntos trascendentes. El que más, la aprobación de unos presupuestos locales. La consecuencia es que Granada ha vivido con presupuestos prorrogados desde el año 2015.
La pregunta que flotó durante un tiempo en el ambiente fuer: si Ciudadanos y PP votan lo mismo en muchos puntos de los plenos, ¿por qué no forman una coalición? Pues, según argumentaron los primeros, porque entre los populares había varios concejales imputados por prevaricación urbanística el llamado caso Serrallo y, en consecuencia, debían dejar sus actas. Unas razones a las que el PP opuso que el alcalde Cuenca también lo estaba, en concreto por malversación, prevaricación y usurpación de funciones públicas. Y sin embargo, Ciudadanos no le retiraba su apoyo.
Por lo demás, no ha trascendido que hubiera tensiones en Izquierda Unida, más que nada porque sólo ha estado allí Paco Puentedura para defender ese fuerte y no era cuestión de pelearse contra él mismo. Pero sí que hubo líos, y no pequeños, en Vamos Granada. Considerada por muchos, cuando se presentó, como una marca blanca de Podemos, sus tres concejales se enemistaron hasta tal punto de que, en el último año del mandato, cada uno votó lo que quiso en los plenos y llevaron mociones por separado.
Su portavoz, Marta Gutiérrez, quiso que tanto Luis de Haro como Pilar Rivas pasaran al grupo de no adscritos por esa evidente falta de sintonía. Eso se consiguió en el caso de Rivas, aunque para ello hizo falta recurrir al Consejo Consultivo para que se pronunciara, y no en el del ex jefe de la Policía Nacional en Andalucía Oriental, que se negó basándose en que él había entrado en la candidatura como independiente y que el partido no lo podía expulsar.
Y como se suele decir en estos casos, eso ha sido todo (o casi todo). El 26 de mayo, los granadinos están llamados de nuevo a las urnas y de ahí saldrá lo que tenga que salir. El tiempo dirá si el nuevo mandato es también entretenido o desasosegante.
