El barrio de Cartuja resiste en una guerra abierta contra los okupas

No solía ser la norma y tampoco era la regla en estos años atrás. La "okupación con k" , aunque el término tendría su debate, se metió de lleno en la campaña electoral hace ya casi un mes. Desde que estallara el 15-M, con el debate de la vivienda en liza y la situación de emergencia habitacional para miles de familias a lo largo y ancho del país, no fueron pocas las personas que, tras tener que salir abruptamente de su hogar por impagos, se quedaban en la calle con sus hijos y las maletas a cuestas. La reivindicación de plataformas como Stop Deshaucios fue en muchos casos el altavoz para ellas, que buscaban un techo en las cientas de casas en propiedad de grandes corporaciones bancarias. Una solución en base al derecho a vivir con dignidad en unas circunstancias fruto de la crisis y la burbuja inmobiliaria que hizo poner en duda cómo habíamos dejado de percibir la vivienda como un derecho básico. Este no es ese caso.

En el barrio de Cartuja han cambiado muchas cosas en los últimos 8 años. A un ritmo endiablado. Si miramos los últimos meses, decenas de jóvenes han 'okupado'  viviendas cuyos propietarios no son ni un banco ni un 'holding'. Tienen nombres y apellidos, gente normal en la mayoría de los casos. Eso no les exime a estos últimos de su parte de responsabilidad en la violenta situación que ahora viven los vecinos. Las calles llenas de excrementos de perro, la música a todo volumen y las raves continuas en la placeta de la Cruz son, a día de hoy, la norma. Una situación insostenible caracterizada por el enfrentamiento continuo para quienes habitan las calles de Cartuja desde que el barrio es barrio. En los últimos años éstos han visto como la zona continúa degradándose, en parte por la dejadez de quienes ostentan la propiedad de muchas de estas viviendas y que siempre dejan para otro momento la hora de reformar y dar cierta sostenibilidad a las casas, algunas casi en ruinas, que han supuesto un caramelo en dulce para la okupación. Si hay algún consenso entre diferentes partes, vecinos y okupas, es que éstas, en el momento de la okupación, se encontraban vacías y en un grado importante de deterioro.

Para entender la crisis que vive el barrio de Cartuja actualmente hay que comprender la idiosincrasia de una zona históricamente compleja. Antes de la expansión del barrio, con la creación de viviendas sociales hacia la zona norte de la ciudad en los albores de la democracia, cuando Cartuja era parte de la periferia de la capital. Una lugar típicamente tardofranquista, donde se juntaba lo mejor de la clase humilde granadina con un barrio expuesto a clanes y familias de usureros junto a toda clase de delincuentes, donde un tiro o una paliza valía bien poco. "Lo mejor de lo mejor" como comenta irónicamente alguna vecina veterana de la zona mientras enumera apellidos y grupos que ostentaban el poder de sus calles.

Gracias a la lucha, y, por qué no decirlo, la terquedad de los vecinos, aquella situación se fue apagando, los clanes y el tráfico de drogas fueron desapareciendo y progresivamente el barrio mejoró. Con la construcción del complejo universitario y el fallecimiento de muchos propietarios, las casas quedaron en un alquiler bajo a pesar de la sucesión de burbujas inmobiliarias, tanto en los 90 como en los 2000. El modelo cambió y decenas de jóvenes se instalaron allí. La fórmula era perfecta: estudiantes en una zona cercana a sus facultades, tranquila y con un económico acceso a la vivienda. Al tiempo, las mismas familias de clase humilde que vivieron los años duros del barrio habían visto cómo los propietarios que fallecían dejaban en herencia a sus hijos casas que necesitaban intensas reformas, no sólo estéticas sino también estructurales, debido, sobre todo, a que estos no tenían ninguna intención de vivir en ellas.

"La cuestión es sencilla" comenta Angélica, la actual presidenta de la Asociación de Vecinos, "en un momento dado hay estudiantes que invitan a otras personas unos días, estas se dan cuenta de que el barrio está dejado y que hay multitud de casas vacías, que se caen a pedazos. Llaman a otros y se ponen de acuerdo en que esa vivienda se puede okupar. Eso va creando un efecto llamada que nos lleva hasta la situación actual. El problema parecía haber decaído, pero en los últimos meses ha habido un repunte importante, más violento aún".

El perfil además se encuentra lejos de ejemplos más ambiguos a la hora de aplicar la legalidad, tal y como fue el caso de la biblioteca social Libre Albedrío en el distrito de Fígares, desahuciada en el año 2017 y cuyo integrantes acabaron encajando con los vecinos y, como mínimo, tenían entre manos un proyecto que pretendía enriquecer la vida del barrio. El perfil en Cartuja es el de jóvenes entre 20 y 30 años que no sólo no respetan a todas luces la convivencia con los vecinos sino que además han creado un conflicto permanente. Cuenta la propia Angélica que hace menos de tres semanas uno de los numerosos perros que viven en las casas okupadas mató al perro de una vecina. "En el barrio ha habido okupas siempre y muchos de ellos han sabido convivir. Gente respetuosa que no ha dado problemas y que incluso ha llegado a acuerdos con propietarios porque los vecinos no podían poner un pero a su estilo de vida". De sus palabras se desprende que la figura del okupa cartujense choca frontalmente con el descanso vecinal y con la tranquilidad que toda comunidad necesita. "Hablamos de más de 10 casas okupadas, un complejo de okupas en realidad porque se conocen entre ellos e incluso llegan a echarse entre ellos de un lugar a otro, que intimidan y te fichan en cuanto te opones a ellos". No son pocas las amenazas que han sufrido quienes se han quejado de las reuniones de puertas abiertas hasta pasada la madrugada, colchones y litronas que llenan la placeta de la Cruz. "Hemos llegado a un punto en que nosotros mismos nos organizamos. Llamamos en grupo, 10,12 llamadas a la vez desde números distintos para que la policía intervenga".

Las pintadas, en algunos casos también intimidatorias, copan las paredes blancas del barrio, en algunos casos para evidenciar la okupación y en otros para simplemente dejar constancia del spray. No se trata de uno de los principales problemas llegados a este punto, tal y como indica un grupo de vecinos sentado en la famosa placeta. "Teniendo lo otro, eso ya da igual".

 

"La ley está de su parte"

Si por un lado los vecinos se encuentran completamente desprotegidos, la Policía Nacional no tiene rango de acción alguno cuando la vivienda ya está okupada. En el momento en que no se tiene constancia de quien es realmente la persona que habita la vivienda y quienes la han okupado declaran que ese es su lugar de residencia se abre un vacío legal en el que se abre un engranaje burocrático que la misma policía debe activar ante la desesperación del propietario. "El proceso es absurdo en muchas ocasiones. Hemos llegado a grabar como entraban en la casa rompiendo la cerradura con unos alicates, pero incluso ahí debe apreciarse cómo y por qué lo hacen. La ley es garantista en este sentido". Una garantía que, paradójicamente abría el debate y servía de herramienta, como contábamos en un principio, en la entrada de familias a través de Stop Desahucios a casa deshabitadas y que hoy sirve para estos grupos que han venido a afincarse en Cartuja. El efecto provocado ha sido debilitar el derecho a la vivienda de quienes realmente sí necesitaban soluciones habitacionales y ponían de relieve este problema a través de acciones de ocupación. Un flaco favor para el movimiento tal y como apunta una veterana activista de la plataforma y vecina de la zona: "Nosotros entrábamos en casas desocupadas, nunca en casas ocupadas".  La ley de deshaucio express de 2018 ha agilizado las cosas, pero tienen que esperar hasta un mes para poder expulsarlos, lo que tampoco anima a un barrio exhausto de la constante intromisión en sus casas.

Para muestra un botón. Juan, uno de los vecinos afectados por esta avalancha de okupaciones, ha tenido que soldar la puerta de su casa hace poco menos de una semana. Tras comprar una vivienda en el barrio se dio cuenta de que ésta necesitaba de varias reformas imprescindibles para hacerla habitable. Obligado a tener que irse de alquiler a otro piso mientras se llevaban a cabo las obras, gastando por tanto una cantidad considerable de su sueldo a raíz de la primera inversión, vio como a su vivienda, que visitaba habitualmente, habían entrado un par de individuos alegando que ésta estaba abandonada. Era la segunda vez que la allanaban. Después de tener relativa suerte en la primera, al irse precipitadamente las okupas, en esta ocasión, ante el conocimiento de que el procedimiento judicial podría llegar a ser largo si decidía llamar a la policía, decidió finalmente tomarse la justicia por su mano, pidiendo ayuda a algunos vecinos para echar a los intrusos. Tras la trifulca "que pudo acabar bastante mal",  cuenta el mismo Juan que a la mañana siguiente se encontró a uno de ellos tirado en el suelo de la placeta, visiblemente drogado y durmiendo ante la mirada de quienes pasaban por encima de su cuerpo para poder seguir caminando.

La situación ha llegado a tal punto que medidas que demolerían los derechos de los inquilinos a la hora de negociar con los propietarios en situaciones perfectamente aceptables por la ley como puede ser que en un momento  dado se acumulasen los impagos a causa de una mala racha económica o que simplemente el propietario quisiera subir el alquiler ante la negativa del inquilino. Derechos que empiezan a estar en liza ante situaciones como esta. "Pueden pagar justos por pecadores", comenta uno de los afectados, sensible aún así al problema habitacional aún existente en la ciudad.

Sin ir más lejos, la medida del candidato popular a la alcaldía,  Sebastián Pérez, abogaba por el deshaucio en 24 horas, algo impensable hace unos años y que abriría una veda, a pesar de lo contado, a todas luces peligrosa y, sin embargo lógica, para unos vecinos cansados de sostener una situación insostenible y un clima creciente de tensión en el barrio.